La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha reclamado este martes al Ministerio del Interior la paralización inmediata de las expulsiones de decenas de activistas saharauis que se encuentran retenidos en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas desde hace varios días e incluso semanas, entre ellas familias con menores de edad.

La organización pide al Gobierno español que autorice su entrada a territorio español por razones humanitarias, un instrumento legal que permitiría estudiar cada caso en profundidad y de forma individualizada. La organización considera "muy preocupante" que se pretenda devolver a personas a "un país donde sus vidas y derechos correrían serio peligro".

Acogida por razones humanitarias

Desde CEAR subrayan que la expulsión de estas personas y su entrega a Marruecos "podría poner en grave riesgo sus derechos y sus vidas, por lo que las solicitudes de asilo que están todavía en trámite deben ser valoradas bajo el criterio de prudencia y admitidas para su estudio con detenimiento".

Además, la organización resalta que todas ellas provienen de territorios ocupados y por tanto sus solicitudes de apatridia se deben estudiar de forma pormenorizada, no siendo posible en los breves plazos del procedimiento en frontera.

Ante esta situación, CEAR reclama que aquellas solicitudes de protección internacional que se considere que no cumplen con los requisitos para ser admitidas a trámite, sean autorizadas por razones humanitarias, atendiendo a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y ACNUR.

Pide que se cumpla lo que reclama el Defensor del Pueblo

Asimismo, CEAR recuerda que las autoridades españolas deben garantizar en las instalaciones aeroportuarias la presencia de intérpretes de hassanía, el dialecto árabe que emplean la mayoría de saharauis, tal y como también ha recomendado el Defensor del Pueblo. "Este requisito es imprescindible para poder obtener una valoración adecuada de los expedientes, pero se está incumpliendo en muchas ocasiones, según han denunciado de forma reiterada personas saharauis que solicitan protección en Barajas".

“El Gobierno español tiene a su alcance herramientas legales para garantizar los derechos y las vidas de estas personas. Es una cuestión de voluntad política con un pueblo perseguido con el que tenemos una deuda histórica”, asevera Mauricio Valiente, director de CEAR, una entidad que lleva décadas reclamando una solución para las personas saharauis obligadas a huir por la ocupación y represión de las autoridades marroquíes.