El PSOE da un nuevo volantazo parlamentario y rectifica la posición sobre uno de los planteamientos del PNV durante la legislatura pasada, en 2022, la cual rechazó. Se trata de un mayor endurecimiento del control al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algo que se solicitó a raíz del caso Pegasus, por la que hasta 18 líderes independentistas fueron espiados por el malware comercializado por la empresa tecnológica israelí NSO Group, así como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa, Margarita Robles, e Interior, Fernando Grande-Marlaska. El Grupo Socialista en el Congreso, hace dos años, se negó a refrendar esa mayor supervisión de la inteligencia nacional porque, pese a la "gravedad de los hechos acontecidos por Pegasus" y la necesidad de una mejor regulación del CNI, el Gobierno [de PSOE y Unidas Podemos] ya estaba "trabajando" en ello mediante un anteproyecto de ley de información clasificada.

El cambio de posición lo trasladó tras la Junta de Portavoces del Congreso el portavoz socialista, Patxi López, al referirse al cúmulo de votaciones que se someterán al pleno esta semana hasta el jueves. Preguntado por ello, no trasladó concreciones más allá de considerar que este es un buen momento para ello. "Ha cambiado el tiempo. Se avanza con tanta agilidad que se dejan obsoletas regulaciones que teníamos antes. No está mal que revisemos estas leyes que tienen 20 años para actualizarlas al momento que vivimos", se limitó a apuntar. En ese nuevo contexto, apenas dos años después, insistió la portavoz socialista encargada, Isaura Leal, durante el pleno para defender el voto afirmativo.

La propuesta del PNV llega en un momento complicado para la mayoría de investidura que sostiene al Gobierno de PSOE y Sumar, tras numerosos quiebros parlamentarios por la posición dura de Junts. Pero, especialmente, después de que hayan tenido que retirar la votación de la nueva senda de déficit del jueves, para evitar que vuelva a ser rechazada por los neoconvergentes. Fuentes de Sumar, de hecho, se han sorprendido del cambio de criterio de los socialistas, que atribuyen a un "gesto" con el PNV, su fidelidad respecto a la senda de estabilidad, y más una vez Imanol Pradales y Sánchez se han visto en Moncloa el viernes pasado. El inicio de la tramitación lo han avalado con sus votos de Sumar, EH Bildu, BNG, ERC y Junts, para su inicio de tramitación parlamentario. Son 177 votos frente a los 170 de PP, Vox y UPN.

En el caso de las figuras del independentismo, entre los que se encontró el expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, resultó del propio CNI bajo autorización judicial previa, y de acuerdo a la posible vinculación de esos líderes con delitos durante el procés. Así lo defendió la exdirectora del organismo, Paz Esteban, que acabó destituida al conocerse esa información y ante la presión de los socios independentistas del Ejecutivo, a quien, por entonces se le abrió la comisión de Secretos Oficiales y pudieron asistir a sus comparecencias cerradas en el Congreso. Este tipo de cuestiones han sido utilizados por los socios nacionalistas y secesionistas como incisivo para el reproche al secretismo y los poderes no visibles del Estado.

Los socios del Gobierno, no obstante, no descartan que esto quede paralizado posteriormente pese a este gesto. En concreto, el PNV propone que el nombramiento de la dirección del CNI sea una decisión íntegramente personal del presidente del Gobierno. El organismo depende en la actualidad del Ministerio de Defensa, de Margarita Robles en este caso.

La mayor supervisión del organismo puede ralentizar la actividad del CNI

Asimismo, que en esa comisión de secretos oficiales los diputados llamados [este jueves previsiblemente Íñigo Errejón será validado por el pleno para acudir en las siguientes convocatorias] puedan conocer qué mecanismos emplea la institución para las distintas operaciones. También que las actividades del Centro sean autorizadas por un ente colegiado integrado por tres magistrados del Tribunal Supremo. Ahora lo componen dos. En el caso de que cualquier trabajo del CNI vaya contra los derechos fundamentales, el PNV exige que los tres jueces coincidan en la decisión. Igualmente, solicita que esta unidad judicial esté al tanto y controle todos los medios y labores para que se actúe con proporcionalidad y garantías. Este tipo de propuestas, se teme en sede parlamentaria, pueden dificultar la agilidad en determinados casos del CNI.

El PNV ha encontrado voluntad circunstancial dentro del Ejecutivo en un momento complicado. A mediados de 2022 los jeltzale registraron la proposición de ley, pero decidieron retirarla días después por la falta de apoyos. Se animaron posteriormente a volver a llevarla a pleno, algo que ocurrió en noviembre. El resultado fue estrepitoso, y los nacionalistas vascos, entonces con seis parlamentarios, solo consiguieron 37 síes. PSOE, PP, Vox y Ciudadanos la tumbaron.

Hoy Josep Pagès, de Junts, recalcó que la ausencia de transparencia permitió el espionaje del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. "Le espiaron para descubrir las estrategias de defensa de Puigdemont. Por motivos políticos", dijo en referencia a Pablo Lucas, juez del Supremo y ahora vocal del CGPJ, que autorizó esas escuchas del CNI. "Por la mañana espiaba y por la tarde firmaba sentencias", dijo. Desde ERC se incidió en la figura de Aragonès. En el caso de Sumar, el paso creen que permite "avanzar en democracia". Así lo sostuvo Agustín Santos Maraver. EH Bildu cree necesaria esa actualización para acoger los avances tecnológicos y desde el BNG se avaló prácticamente la totalidad del texto.

Desde la oposición a esta medida, el PP, en palabras de Rafael Hernando, acusó al PNV de seguir "blanqueando" a los socialistas por más de seis años. "El problema no es el CNI, sino Sánchez y el uso espurio que hace del CNI", consideró el popular, quien expresó que esto quedará guardado en el cajón como la promesa de reformar los secretos oficiales. De "monumental despropósito" tildó Ignacio Gil Lázaro, de Vox, la propuesta. Cree que con ella el PNV quiere "debilitar el Estado" y convertir al CNI en un "lacayo" del Gobierno.