La decisión que ha tomado la Audiencia Provincial de Madrid con respecto a la querella por el software que Begoña Gómez registró a su nombre abre una nueva vía de investigación que, según fuentes jurídicas del caso, complica el posible archivo total de la causa. Está previsto que el mismo órgano (aunque distinta sección) estudie el próximo lunes todas las pesquisas que hasta ahora había acumulado el titular del juzgado de instrucción número 41, Juan Carlos Peinado, y esa resolución será determinante para el futuro de la imputación de Gómez, quien podría enfrentarse a nuevos delitos.

Para desenmarañar lo que está ocurriendo en el asunto de la mujer del presidente del Gobierno es necesario empezar por el principio. Cuando el juez Peinado recibió el pasado mes de abril la denuncia de Manos Limpias –que señalaba un posible caso de corrupción con la implicación del empresario Juan Carlos Barrabés, así como posibles tratos de favor a la empresa Air Europa por la relación de Gómez con el exCEO Javier Hidalgo– inició una causa contra ella por dos delitos concretos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados.

En ese momento, la investigación se centraba en los contratos públicos de Barrabés (con la empresa Red.es que depende del Ministerio de Transformación Digital) acompañados de cartas de recomendación de Begoña Gómez –quien montó un máster en la universidad Complutense de Madrid con el empresario como profesor– y en el rescate del Ejecutivo a la compañía aérea en plena pandemia. Paralelamente, 'El Confidencial' publicó cómo Indra, Telefónica y Google se comprometieron a hacer un software gratis para utilizar en este máster que pendía de la cátedra con el mismo nombre, Transformación Social Competitiva.

Los trabajos, que tenían un coste de unos 150.000 euros, fueron sufragados por las multinacionales, pero no se llegaron a terminar por un posible conflicto de intereses. Gómez registró la denominación del programa (TSC. Transforma Plataforma de Medición de impacto social y medioambiental) a finales de 2023 a su nombre.

La asociación Hazte Oír presentó a principios de junio una querella en la que daba cuenta de la supuesta utilización fraudulenta de la cátedra de Gómez, quien no es licenciada pero ejerce de co-directora de la misma, y señalaba la irregularidad de la creación de dicho programa. La presentaron en el decanato de los juzgados, puesto que las diligencias que llevaba Peinado estaban todavía en una fase muy embrionaria y el tema podría no tener conexión. El asunto se fue a reparto y cayó en el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid.

Pero el juez Peinado siguió avanzando, comenzó a llamar a testigos a declarar y llegó a imputar al propio rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, además de a Barrabés a finales de julio. El avance de la investigación, explican fuentes jurídicas, fue revelando que todos los hechos estaban conectados entre sí y que si había habido alguna irregularidad con el software la había habido a raíz de la creación de la cátedra, así que una cosa no podía entenderse sin la otra. Así lo explicó el Juzgado de Instrucción número 48, que se inhibió en favor del Juzgado de Peinado para que el siguiera las pesquisas en conjunto.

La Fiscalía no estuvo de acuerdo y lo recurrió alegando que los hechos no estaban relacionados. Algunos entendieron este movimiento como el intento del Ministerio Público de que Peinado no cogiera la batuta de todo lo relacionado con la esposa de Pedro Sánchez. No es un secreto que el juez y el fiscal del caso han tenido desavenencias que han quedado plasmadas en los escritos del sumario.

Pero la Audiencia Provincial de Madrid ha dejado claro que debe ser Peinado el instructor de todo. Sin entrar en el fondo del asunto, es decir, sin depurar si existen inidicios de delito, los magistrados creen que debe ser el juez el que concentre todo lo denunciado. Las fuentes jurídicas consultadas leen en esta resolución un espaldarazo a las pesquisas.

Qué puede pasar el lunes

Otra sección distinta, la número 23, debe analizar el próximo día 30 de septiembre si avala o no lo dirigido hasta el momento por Peinado. Algunas acusaciones populares interpretaron como una mala señal el hecho de que los magistrados pidieran una copia de las diligencias completas antes de deliberar. Creían que podían estar queriendo escrutar 'al dedillo' todos los papeles que se integran en el procedimiento para terminar archivándolo.

Sin embargo, las fuentes consultadas por este medio indican ahora que la decisión sobre el software abre un nuevo escenario en el que, aunque se archive lo que se ha recurrido, el juez Peinado deberá seguir adelante con lo relativo al programa. "Tendrán que volver a llamar a declarar a Begoña Gómez porque se trata de nuevos hechos y tiene que poder defenderse sobre ello", indican dichas voces.

En contra de la mujer del presidente del Gobierno juega, además, el informe que el propio centro universitario remitió al juez tras una auditoría interna para esclarecer si una factura pagada a una empresa de marketing y dos contratos más de la cátedra fueron a enriquecer la actividad docente o se destinaron al beneficio personal de la sociedad que registró Gómez a su nombre. La Complutense daba a entender que podía haber ocurrido una "apropiación indebida" porque la investigada registró la marca del software sin que aparentemente ellos lo supieran.

La querella de Hazte Oír apunta igualmente a un delito de malversación de caudales públicos al entender que el dinero de la Universidad se sustrajo de las arcas públicas para su beneficio personal, además de otros de administración desleal e intrusismo.

Está por ver, por tanto, en qué términos se pronuncia la Audiencia Provincial de Madrid. El abogado de la implicada, Antonio Camacho, sostiene que se trata de una investigación prospectiva que rebusca en todo el pasado de la esposa del presidente y de la que no hay indicios suficientes para tirar. Los magistrados pueden no archivar el asunto, pero sí acotar las pesquisas únicamente a los hechos que crean que tienen tintes delictivos.