El magistrado del Tribunal Constitucional José María Macías ha sido muy claro en el voto particular que ha presentado este miércoles a sus compañeros: "En coherencia con las objeciones que planteo en este auto y constándome que he sido ya recusado por el Abogado del Estado, debo señalar que mi participación en el pleno se ha producido contra mi criterio". Tanto él como todo el bloque conservador creen que los recusados en los asuntos de la amnistía --incluido el presidente Cándido Conde Pumpido y la magistrada Laura Díez-- no deberían participar del debate hasta que se resuelvan las recusaciones.

Así lo sostiene Macías en su escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, que defiende que el pleno del Tribunal "se ha constituido de manera irregular". "La conformación de un tribunal no es una mera cuestión interna, organizativa o de mero trámite, sin trascendencia externa o sin interés para las partes", sino "una cuestión nuclear", explica.

Como ha contado este medio, los cinco conservadores del órgano no ven con buenos ojos que todos formen parte del debate. en el que hoy se ha abordado, por ejemplo, la abstención de Juan Carlos Campo, si hay planteadas peticiones de apartarlos que aún están pendientes de analizar. Ellos alegan que ninguno de los tres (ni Macías, ni Conde Pumpido, ni Díez) pueden participar de la votación de sus propias recusaciones. El lado progresista, en cambio, opina lo contrario: que cada cual debe abstenerse única y exclusivamente de su recusación, pero no de todas las demás.

Macías recuerda que las normas son otras: "El recusado no interviene en ningún aspecto del procedimiento en el que ha sido recusado, y cuando son varios los recusados, ni intervienen en su recusación ni en la de los demás". Para él lo contrario es un "contrasentido" y "erosionaría de manera irremediable el crédito del tribunal".

El togado le recuerda a Conde-Pumpido cómo en 2022 él mismo utilizó este criterio para suscribir un voto particular en el que se oponía a una decisión del Tribunal que entonces presidía Pedro González-Trevijano y decía que pese a que él y otro magistrado habían sido recusados habían participado en el debate de sus propias abstenciones y eso no era ajustado a derecho. "No se quiere proteger el funcionamiento del tribunal, sino preservar una determinada mayoría que previamente se da por supuesta", esgrime Macías.

Bajo su visión, no se puede aludir a la ponencia como "mera instrumentalidad" y dar por hecho que "quien sea el ponente resultaría indiferente" en un asunto. Por eso, no comparte la decisión organizativa del presidente que decidió anular las ponencias del asunto de Campo para unificarlas él y así ahorra tiempo de que fueran a plenos sucesivos una por una. "Estoy objetando que la ponencia haya sido autoatribuida por un magistrado recusado", refiere.