La cuarta jornada de la huelga de hambre que una treintena de activistas saharauis protagoniza en el aeropuerto madrileño de Barajas muestra las fisuras del Gobierno de coalición. Un día después de que el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska defendiera su actuación en la denegación masiva de protección internacional a los solitantes saharauis y anunciaran la deportación inminente de una decena, los diputados de Sumar Tesh Sidi y Enrique Santiago han tratado de visitar a los protagonistas de la huelga en Barajas. Como sucediera este lunes con Ione Belarra (Podemos), Interior les ha impedido la entrada a la sala de inadmitidos de la Terminal 1 a pesar de que en ambos casos los diputados habían informado previamente a Grande-Marlaska.

Fuentes de los diputados de Sumar a los que ha negado el acceso han señalado a El Independiente que ahora se abordará la situación en el seno del Gobierno a través de las ministras de Sanidad y Juventud e Infancia, Mónica García y Sira Rego respectivamente. "Nuestro Gobierno, un gobierno de coalición progresista, debe velar y poner los derechos humanos en el centro de sus políticas", ha declarado Sidi, de origen saharaui. Sidi ha asegurado que desde el grupo parlamentario y desde los ministerios que encabeza Sumar van a luchar "para evitar estas deportaciones masivas".

Entre los amenazados con la deportación, figuran un joven sordo y enfermo de cáncer y una pareja con una niña de año y media. La madre sufrió la semana pasada un aborto. Cerca de una treintena de saharauis solicitantes de protección internacional y procedentes de los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos iniciaron el sábado una huelga de hambre en el aeropuerto madrileño de Barajas ante las repetidas denegaciones despachadas por el Ministerio del Interior en lo que consideran un rechazo colectivo y automático que ignora las razones de su salida de la ex colonia española y el riesgo cierto de sufrir represalias y atentados contra su integridad física si son deportados.

"El Reino de Marruecos está ocupando más del 80 % del territorio del Sáhara Occidental", por lo que la nacionalidad marroquí es "impuesta" a los saharauis y, "por ende, no se les puede deportar a Marruecos ni tampoco Marruecos debería reclamarlos", ha advertido Sidi.

En opinión de su compañero Enrique Santiago, el hecho de que Interior descarte el asilo o que los tribunales de justicia consideren "sorprendentemente" que no procede darles ese tipo de protección, no impide que se otorgue a los saharauis un estatuto de apatridia y que se autorice su permanencia en España por motivos humanitarios. Santiago ha puesto el foco en uno de los solicitantes con discapacidad que padece cáncer y "necesita atención urgente" y en una familia con menores en situación de vulnerabilidad.

Según ha apuntado, el Ministerio de Infancia ha solicitado a Interior que permita que esta familia entre en España por motivos humanitarios. "España y Marruecos tendrán que tener las relaciones diplomáticas que consideren, pero en absoluto puede ser a costa de la defensa de los derechos humanos de la población saharaui y de su derecho a obtener protección frente a la persecución conforme las Naciones Unidas", ha manifestado.

Preguntas a Marlaska en el Congreso

El lunes Sumar registró una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados contra el titular de Interior por su actuación en lo que los afectados consideran denegaciones reiteradas y “calcadas” que vulneran sus derechos a la protección internacional y que les condenan a una expulsión hacia Marruecos que pone en riesgo su integrida física. “¿Por qué se ha denegado de manera generalizada el asilo a los activistas saharauis retenidos en Barajas, sin valorar individualmente sus casos? ¿Qué medidas está tomando el Ministerio del Interior para asegurar que se respeten los derechos humanos de los solicitantes de asilo, especialmente aquellos que alegan persecución política y tortura? ¿Cómo responde el Gobierno a las denuncias sobre las condiciones insalubres en las que se encuentran los activistas saharauis retenidos en el aeropuerto?”, interrogan desde Sumar el ministro del ala socialista de la coalición.

“¿Qué justificación tiene el Ministerio del Interior para devolver a Marruecos a personas que afirman estar perseguidas por las autoridades marroquíes? ¿Qué acciones tomará el Gobierno para garantizar que los solicitantes de asilo tengan acceso a una evaluación justa y transparente, conforme al derecho internacional? ¿Se revisará la política actual de asilo para casos de activistas saharauis, dadas las tensiones y el historial de derechos humanos en el Sáhara Occidental?”, agregan desde el movimiento de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.

Sumar también exige a Grande-Marlaska que responda por los motivos por los que ignora la recomendación del Defensor del Pueblo de no asignar intérpretres de origen marroquí o dariya -el dialecto árabe usado en Marruecos- a los solicitantes saharauis. También pide datos del número de saharauis procedentes de los territorios ocupados del Sáhara Occidental a los que se ha denegado el asilo desde 2022.

Ignorando la movilización y la propia huelga, Interior aseguró este lunes haber acordado la devolución a Marruecos de diez activistas saharauis con supuesto pasaporte marroquí que permanecían desde hace días en el aeropuerto de Barajas en Madrid tras solicitar asilo y ha sido denegado.