"La devolución de estos ciudadanos saharauis podría constituir una posible violación del derecho internacional, del principio de no devolución, de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y del derecho de acceso al asilo, incluyendo la Directiva 2013/32/UE, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional". Es la advertencia que firman los eurodiputados de Sumar en una carta enviada este martes al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska a propósito de los alrededor de 40 activistas saharauis que se hallan en Barajas amenazados por una deportación masiva a Marruecos.

Los tres eurodiputados que suscriben la misiva son los que obtuvo el movimiento de Yolanda Díaz en las europeas de junio: Estrella Galán, la cabeza de lista; Jaume Asens, de Catalunya en Comú, y Vicent Marzà de Compromís. "Como sabrá, la población saharaui se enfrenta a una grave situación debido a la permanente violación de los derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes. Represión, persecución y violencia por parte de las autoridades alauitas, que se ha visto agravada desde la reanudación de la guerra en noviembre de 2020", le recuerdan al ministro.

Autorización de entrada por razones humanitarias

De hecho, los eurodiputados emplazan a Grande-Marlaska a reconciliarse con su faceta de magistrado previa a la entrada en política aupado por el PSOE. Hace diez años, como magistrado de la Audiencia Nacional, un auto de la Sala de lo Penal que presidía consideró a España la "potencia administradora de iure" del Sáhara Occidental.

"Nos gustaría recordarle que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo hasta la
descolonización (según la Resolución A/5514 de 1963 de las Naciones Unidas), ocupado ilegalmente por Marruecos desde 1975, y para el que el estado español es la 'potencia administradora de iure', según el Auto 40/2014 de la Audiencia Nacional (AN); reconocimiento que usted mismo firmó como Presidente de la Sala de lo Penal de la AN en su momento", desliza el texto.

"A través de esta carta, -prosiguen- queremos trasladarle en primer lugar, nuestra preocupación por la situación actual de estas personas, retenidas en el aeropuerto en condiciones precarias, en particular la de los menores y las personas en huelga de hambre". "Insistimos a las autoridades españolas y, en particular al Ministerio del Interior, en la aplicación del principio de 'no devolución', previsto en la Convención de Ginebra, que se les autorice urgentemente la entrada en España, por razones humanitarias, siendo admitida a trámite las solicitudes de las personas que han pedido protección internacional y/o apatridia y que se estudie cada caso de manera individualizada y con la necesaria profundidad, tal y como recomiendan ACNUR y el Defensor del Pueblo", concluyen.