Nuevo gesto para favorecer el entendimiento con Junts y recuperar cierta estabilidad entre los socios de investidura. Sobre todo tras suspenderse la votación sobre la senda de estabilidad de mañana a sabiendas de que los neoconvergentes la volverían a tumbar. Ante ello, se han abierto negociaciones para abordar posibles contraprestaciones económicas para Cataluña. Con ese debate de fondo, el diálogo con Junts también pivota en torno a la comisión de investigación sobre los atentados yihadistas de 2017 en La Rambla de Barcelona y Cambrils, que retomó su actividad este mismo martes según lo pactado por los socialistas y el partido de Carles Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez hace casi un año.

Frente a este asunto, y bajo la intención de limar asperezas con Junts, fuentes del Gobierno mostraron disposición este miércoles para que avanzar en dicha materia e incluso para desclasificar los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Una documentación en la que se detalla los pormenores de la operación que rodeó al ataque de los terroristas de Ripoll (Girona).

"No habría ningún inconveniente" para esa desclasificación, apuntan esas fuentes del Ejecutivo central. Porque haciéndolo, se borraría cualquier tipo de sospecha en torno a la inteligencia nacional. Y es que desde los sucesos, distintos sectores del independentismo, a nivel político y de los movimientos sociales, vienen abonando la tesis de que el Ministerio de Interior y el CNI sabían con antelación de las intenciones de los yihadistas y permitió el ataque para generar pánico y desestabilizar al independentismo en uno de los años más calientes del procés. Lo alentó, asimismo, el excomisario Villarejo. "Así se demostraría que el CNI no tuvo ninguna participación", se recalca. La voluntad de esa publicación se produce horas después de que el PSOE y sus socios hayan avalado la tramitación, a propuesta del PNV, de una iniciativa para endurecer el control del organismo.

Desde el Gobierno trasladan que en una de las reuniones de la comisión de secretos oficiales en 2018 donde compareció el entonces director del CNI, Luis Sanz Roldán, sus explicaciones dejaron claridad de la buena praxis de la institución en este caso. Un momento en el que el Ejecutivo era monocolor y estaba en manos del PP de Mariano Rajoy, algo menos de un año antes de la moción de censura del PSOE. Por esa razón, de transparencia y fidelidad a la verdad, al no haber "nada", los socialistas se abrirían ahora a desclasificar en la comisión de investigación esos datos. Ahora bien, el procedimiento, se reconoce, será lento. Los primeros pasos de la comisión serán la aprobación de un plan de trabajo, algo que se hará ya en comisión este jueves. Y cualquier acción en el sentido de la desclasificación deberá ser aprobada en Moncloa por el Consejo de Ministros. Y siempre bajo la comisión de Secretos Oficiales, a la que tienen acceso los principales portavoces de los grupos parlamentarios, para que nada sea público.

La disposición del Gobierno es amplía para despejar cualquier interrogante en torno a la inteligencia española

Una de las máximas de Junts siempre ha sido la reapertura de la investigación judicial, sobre la que ya hay sentencia firme del Tribunal Supremo, que alejó cualquier grieta que beneficie las teorías de la conspiración. Para investigar "el papel del Estado" en todo esto. El papel del imán de Ripoll, además, les generó dudas, por las supuestas relaciones con el CNI y su presunta acción como confidente de la inteligencia española. Ese sector social ligado a Junts siempre ha sido el más crítico, todo pese a que la investigación la orquestaron los Mossos d'Esquadra. En 2010, durante su estancia en prisión en Castellón por tráfico de drogas, y según un informe de Instituciones Penitenciarias entregado a la Audiencia Nacional, Abdelbaki Es Satty, el imán, se entrevistó con policías en cuatro ocasiones. Dos de ellas con agentes del CNI. Las intenciones serían captarlo como informante. El propio Sanz Roldán reconoció trato del CNI con Es Satty, ante una posible radicalización en prisión. Pero, según explicó a los diputados, no dieron importancia a su caso y se le dejó de seguir.

En la última reunión de la comisión, con un plan de trabajo que quedó parado, ya la diputada de Junts, Pilar Calvo, demandó esa reapertura de la investigación. Los sucesos de Cambrils y Barcelona dejaron 16 muertos y más de 300 heridos. Y la misión del ente parlamentario será la recopilación de información del Gobierno, las distintas administraciones o personalidades públicas o privadas para esclarecer todo lo sucedido y ver si la versión avalada por el Supremo corresponde. El primer margen de actuación para ello será de seis meses, ampliables a ocho.