El Ejecutivo atisba que la puerta sí está de nuevo abierta. Que ahora puede intentar aprovechar una pequeña rendija para negociar con Junts la senda de estabilidad, el prólogo de los Presupuestos Generales del Estado. Asume que no será fácil, no se marca siquiera plazos, no sabe si llegarán a prosperar las conversaciones. Pero quiere intentarlo, "agotar todas las posibilidades para alcanzar un pacto". Esa mayor disposición que los socialistas aprecian ahora en los posconvergentes es lo que explica que el Consejo de Ministros de este martes acordara un movimiento sorpresivo: retirar los objetivos de déficit y deuda para el periodo de 2025-2027. Ya fueron tumbados a la primera en julio, porque Junts unió sus votos a PP y Vox, y este jueves se exponía a un resultado idéntico en el Congreso. Una segunda derrota que solo habría evidenciado, una vez más, la debilidad parlamentaria de la coalición liderada por Pedro Sánchez. Para intentar reconducir el diálogo, Hacienda tiene a su favor la revisión al alza del cuadro macroeconómico, que le concede un mayor colchón. Pero sobre todo entiende que, para convencer a Junts tendrá que plantearle que el Estado asuma menos capacidad de gasto para conceder ese extra a los gobiernos autonómicos y locales.

El Gobierno vuelve, pues, al punto de arranque tras una estrategia, como poco, atípica. Extraña. Porque recibió el portazo de la formación de Carles Puigdemont en julio y decidió enviar a la Cámara baja, dos meses después, la misma senda de estabilidad, clavada, con el argumento de que concedía más flexibilidad a comunidades autónomas y ayuntamientos, hasta 12.000 millones de euros más de capacidad de gasto en total en dos años. No abrió una negociación y optó por ir al Parlamento a cuerpo descubierto, pese a que Junts constantemente lanza señales de que no quiere ser igualada al resto de socios de investidura, que busca foco. Las relaciones, además, se agrietaron después del pacto de PSC y ERC que hizo president a Salvador Illa. En la Moncloa se habían preparado para encajar un segundo revés y advertían de que si su propuesta era rechazada en el Congreso otra vez, quienes saldrían peor paradas serían CCAA y municipios, no el Estado. La razón es que si las Cortes no respaldan ni a la primera ni a la segunda la senda planteada por el Gobierno, entonces se vuelve a la anterior, la vigente, que es más cicatera y restrictiva con las administraciones autonómicas y locales. Hacienda aducía que aun con ese varapalo podría redactar sus Presupuestos de 2025.

Hasta este lunes, el Gobierno daba por perdida la votación del jueves, pero al ver una "grieta", decidió echar el freno para intentar el acuerdo

Este lunes, de hecho, la propia dirección socialista daba por perdida la votación del jueves, dando por hecho tanto el no del PP como de los de Puigdemont. En ese sentido, la reunión que tres días antes —el viernes 20 de septiembre— habían mantenido las delegaciones de PSOE y Junts en Suiza parecía no haber funcionado, dado que no se comunicó ningún acuerdo.

Pero entonces ocurrió el clic. El giro. Justo antes de que el Gobierno llegase al abismo de la votación del jueves en el pleno del Congreso. Los socialistas vieron "margen" para reabrir in extremis las negociaciones con Junts. Y echaron el freno. "Cuando vemos una grieta, entramos. Estaban dispuestos a hablar y estamos hablando", indican fuentes gubernamentales del máximo nivel, sin dar más detalles.

Nogueras, portavoz de Junts: "Si el PSOE, si Pedro Sánchez quiere que pasen cosas diferentes, ha de hacer cosas diferentes. Esto lo hemos repetido desde el primer día"

Dicho y hecho. A primera hora del martes, el Consejo de Ministros acordó la retirada de la senda para intentar la aproximación con los posconvergentes. Su portavoz en la Cámara baja, Míriam Nogueras, celebraba el viraje en declaraciones a los periodistas en Madrid: "No hemos dado ni daremos nunca apoyo a cambio de nada. Y parece, ya lo veremos, que después de casi un año se comienza a entender. Si el PSOE, si Pedro Sánchez quiere que pasen cosas diferentes, ha de hacer cosas diferentes. Esto lo hemos repetido desde el primer día". Traducido: Junts no es un socio como los demás. Lo que pide el partido independentista es una propuesta "negociada" con ellos que "mejore realmente la situación de Cataluña".

El punto de partida, también punto de discrepancia

Nogueras aseguró que una "buena base para comenzar" a negociar es una moción presentada por ERC y votada en 2014 en el Parlament de Catalunya, con los votos del PSC, que pedía que se otorgase a las CCAA, "un tercio, como mínimo", del objetivo total de déficit de todo el Estado.

Hacienda considera "imposible" aceptar la propuesta de Junts de repartir por tercios el déficit total: "Ninguna administración puede tener más déficit del que disfrutaba. Hay que tener mucho cuidado"

Sin embargo, esa formulación no la comparte el Ejecutivo. En Hacienda explican que esa idea habría tenido sentido al principio de la pasada década, cuando se comenzaron a fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria de las administraciones autonómicas y locales, para que Estado, CCAA y ayuntamientos se repartieran a partes iguales el objetivo total de déficit permitido a España. Pero ahora ya no es posible aplicar esa regla, porque son más de diez años con la misma trayectoria. "Sería imposible que dijeras a Europa que das a las CCAA mayor capacidad de gasto en lugar de ir reduciendo el déficit. Pero tenemos que hablar", señalan desde el departamento que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. "Las comunidades no pueden romper su trayectoria de bajada del déficit. Ninguna administración puede tener más déficit del que disfrutaba. Eso hay que tener mucho cuidado con cómo se plantea. Eso al principio de los tiempos podría haber sido, ahora ya no".

En el Ejecutivo recuerdan que con la senda propuesta —y ahora retirada—, se les permite a las CCAA un desfase del 0,1% del PIB en todo el periodo 2025-2027, cuando antes se les exigía una décima de superávit, y a los consistorios se les requiere que lleguen al equilibrio presupuestario, cuando con la meta anterior tenían que alcanzar una décima de superávit en 2025 y dos en 2026. El Estado, en cambio, pasaba de un déficit del 2,8% a uno más exigente, del 2,2% el año que viene y del 1,8% en 2026. "Con la senda que planteábamos, ellos no reducen el déficit, lo reducimos en el Gobierno central. Lo que quieren no es solo que nosotros reduzcamos más el déficit, sino que ellos [las CCAA y ayuntamientos] tengan más capacidad de gasto todavía de la que tienen. Es decir, que el Estado tenga menos capacidad de gasto y que ese extra lo tengan ellos. Cada décima que Junts plantea son 1.500 millones".

El desfase total para 2025 debía ser del 2,5%, de los cuales el Estado se reserva ese 2,2%, las CCAA un 0,1% y la Seguridad Social, dos décimas. Si ese 2,5% se repartiese por tercios y a las autonomías les correspondiese uno, pasarían de una autorización de una décima de déficit a un -0,8%. O sea, siete décimas más, 10.500 millones más solo para las CCAA. Como señala un ministro, los de Puigdemont están "todavía en la montaña" y hay que bajarlos hasta el valle. De eso va la negociación que está en marcha y cuyo final es todavía incierto.

Lo que quiere Junts no es solo que nosotros reduzcamos más el déficit, sino que ellos [las CCAA y ayuntamientos] tengan más capacidad de gasto todavía de la que tienen", cuentan en Hacienda. Siete décimas más de margen son 10.500 millones más

El Gobierno tiene a su favor la revisión anual ordinaria que efectuó el Instituto Nacional de Estadística (INE) la semana pasada. Una revisión al alza de las cifras de crecimiento económico de 2021, 2022 y 2023 que también llevó al Consejo de Ministros de este martes a aprobar una mejora de las previsiones para 2024 (tres décimas más, hasta el 2,7%), 2025 y 2026 (dos décimas más cada año, hasta el 2,4% y el 2,2%). Esa corrección del PIB proporciona un cierto colchón al Ejecutivo, sobre todo en la ratio deuda, "pero en el Presupuesto poco", porque ya el Gobierno sí iba observando que iba teniendo una mejor recaudación por la buena marcha de la economía, y lo que ocurría es que sus números estaban "desacoplados" con los que hasta ahora daba el INE.

"Muy buena noticia"

En el Ejecutivo y en el PSOE, y también en Sumar, se sentía indudablemente un clima de "optimismo". De que se abre una ventana de oportunidad con Junts que hay que aprovechar. "Es una muy buena noticia que no se produzca el debate del jueves para que se pueda avanzar y negociar. El bien a proteger es la senda", señalan en la Moncloa. "Si no hubiera posibilidades de acordar, no nos sentaríamos", aducen por su parte en la cúpula socialista. La expectativa es que ahora se puedan desatascar con los posconvergentes senda de estabilidad y Presupuestos de 2025, aunque los de Puigdemont siempre recuerdan que negocian "pieza a pieza". Para Sánchez es capital poder disponer de unas nuevas cuentas públicas. Sobre todo políticamente, porque eso le daría horizonte a la legislatura y combustible para agotarla. Económicamente el Gobierno ya ha defendido que no cambiaría demasiado el panorama, que no sería un "drama" no disponer de unos nuevos Presupuestos, porque los vigentes, los de 2023, son ya expansivos y elaborados por la coalición de PSOE y Sumar.

Si no hubiera posibilidades de acordar, no nos sentaríamos", aducen en la cúpula socialista, en la que quieren ligar senda y PGE, pero Junts siempre advierte de que negocia "pieza a pieza"

Apagados cámaras y micros, los socialistas reconocen sin ambages que a quien tienen que convencer es a Junts. Siempre fue así. Y siempre será así. Pero en público en el Ejecutivo y en el PSOE no cesan de apelar al PP, aduciendo que la senda planteada es generosa con CCAA y ayuntamientos, y es precisamente el partido de Alberto Núñez Feijóo el que tiene un mayor poder territorial y el que saldría ganando.

Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, lanzó una catarata de reproches al PP por no respaldar los objetivos de estabilidad, cuando en cambio sus comunidades se abstuvieron en julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera: "No es votar en contra de este Gobierno, sino en contra de la gente de este país", supone que no se empleen 12.000 millones de euros para mejorar "la calidad de vida" de los ciudadanos y poder contratar maestros, médicos o enfermeros o robustecer la atención a mayores y dependientes, servicios todos ellos que dependen de las CCAA. Frente al "cálculo partidista" que atribuyen al PP, su actitud "irresponsable y errática de votar en contra de todo", el Ejecutivo ha decidido dar una "nueva oportunidad al diálogo" intentar llegar a un acuerdo.

En público, el Gobierno sigue cargando contra el PP por su "irresponsabilidad" y "cálculo partidista", sin preocuparse, señala, por los ciudadanos

Si finalmente se consensúa una nueva senda, entonces Hacienda tendrá que llevarla al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano en el que se sientan todos los consejeros autonómicos del ramo, pero en el que Montero dispone del 50%+1 de los votos. El paso siguiente sería trasladar esas nuevas metas al Consejo de Ministros y de ahí al Congreso y al Senado para su aprobación.

En paralelo, el Gobierno se movió en otras líneas a favor de Junts: el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se dirigió por tercera vez a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para que permita el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara al ser este un asunto "prioritario" para España. Y en el Congreso se reactivaron dos de las comisiones de investigación pactadas con ERC y Junts en 2023: la dedicada a los atentados yihadistas de 2017 de Barcelona y Cambrils y la referida a la operación Cataluña. Los portavoces no se reunían desde hace seis meses y no se llegó a acuerdos, pero volverán a citarse el jueves para intentar tejer un mismo plan de trabajo.

Hay más guiños a Junts: Albares pide a Metsola que permita el uso de las lenguas cooficiales en la Eurocámara y se reactivan dos comisiones pedidas por los independentistas en el Congreso

No hay plazos, no se sabe si el pacto sobre la senda (y los Presupuestos), en caso de que se produzca, cuajará antes o después del congreso de Junts, programado para finales de octubre. Con los posconvergentes no hay que dar nada por seguro. Nada. Es la esencia de esta legislatura, impregnada de la incertidumbre total, del suspense hasta el último minuto. De la sensación de que cuando la cuerda con Puigdemont está a punto de romperse se encuentra una salida que no se esperaba.