El compromiso era darle salida si el Gobierno se abría a una única condición que, en principio, no se rechazaba. Así se pronunció el PP oficialmente, a través de su portavoz nacional, Borja Sémper, a las puertas del inicio del curso político y con la crisis migratoria de Canarias y Ceuta abierta por los costados. El 30 de agosto el político vasco rebajaba algo la tensión con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y planteaba un voto afirmativo a la regularización de medio millón de inmigrantes que ya residen en España y en la mayoría de casos trabajan —en situaciones de clandestinidad o en la economía sumergida—. Siempre y cuando se obviasen a las personas con antecedentes penales en una revisión de "uno a uno" de los casos. Eso dejaba margen a un posible rechazo de Junts, quien sigue enfocado en conseguir todas las competencias posibles para Cataluña en inmigración.

Cabe reseñar que la iniciativa no procede de ninguno de los grupos políticos, sino que llegó a pleno en forma de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) bajo la implicación de distintos colectivos sociales y otros del mismo rango vinculados a la Iglesia Católica como Cáritas. Este mismo martes han traslado un comunicado aumentando la presión. Entidades que han instado hasta el momento al PP, receptivo, a apoyar la medida. No obstante, en este inicio de semana, los populares se muestran más esquivos ante la continuidad de tramitación de la medida. Sumar, eso sí, la apoyado con notable contundencia. Creen que será beneficiosa para luchar contra la marginalidad social a la que aboca esa clandestinidad laboral. De no abstenerse el PP, será necesario que lo haga Junts como mínimo. Si no, cualquier propuesta planteada decaerá.

Este martes los socios del Gobierno, PSOE y Sumar, anunciaban el desbloqueo de la iniciativa en la Mesa del Congreso de los Diputados, donde permanecía paralizada tras superar la enmienda a la totalidad de Vox en julio y con los plazos para enmiendas parciales prolongados. Y su paso, así, a comisión para el trabajo profundo y el debate entre partidos. A ese debate se emplazaban en Génova para dar el visto bueno en el mes de abril, cuando llegó a la Cámara Baja a someterse al inicio de la tramitación. Preguntado por ello en una comparecencia parlamentaria, el portavoz popular, Miguel Tellado —siempre con un tono más duro dentro del PP que Sémper—, evitaba pronunciarse ahora sobre esa proclividad al apoyo. Y únicamente se limitaba a criticar que haya que celebrar que PSOE y Sumar se pongan de acuerdo siendo socios de gobierno. "El Gobierno se ríe de todos los españoles en su cara y nosotros no vamos a ser cómplices de esa situación", aseguró.

La respuesta viene achacada, en parte, a la postura del Ejecutivo central a no sentarse a negociar o evitar, según el PP, dar una "solución" a la crisis migratoria. Un coyuntura que apunta a empeorar en las próximas semanas por la calma de las aguas del Atlántico. El propio Tellado señala que, mientras en una reunión del 12 de agosto con el ministro Ángel Víctor Torres hubo "predisposición" a pivotar la estructuración de un plan sobre una propuesta esporádica del dirigente canario, Fernando Clavijo [esa propuesta ahora es un documento planificado entre Coalición Canaria y el PP], no ha habido pronunciamiento del Gobierno en más de un mes y medio. Algo que denuncia sobre todo cuando hubo compromiso a ello tras la consulta a Migraciones, Juventud e Infancia y el ministerio de Hacienda. Para Tellado es su titular, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien "bloquea" dar esa "solución".

Sumar cree que las organizaciones sociales de la Iglesia presionaran a Génova y a Junts

Al endurecimiento del tono frente al Gobierno, a quien se le tacha de querer "imponer" medidas sin llegar a un consenso con las comunidades, se une otro factor estratégico que podría explicar esa reticencia, ahora, a posicionarse a favor de la regularización bajo ese criterio de descarte de inmigrantes con antecedentes. Se trata de la presión de Vox en torno al marco migratorio, sobre el que está estructurando casi toda su política. El partido de Santiago Abascal intenta desplazar, en lo que a percepción social se refiere, y una vez más, a los populares junto al PSOE y la visión de la izquierda con la inmigración. Vinculando, a su vez, ésta con la inseguridad. Sobre todo cuando, como el propio Tellado reivindicó ayer, hay disposición "total" a sentarse con el Gobierno para acordar una respuesta razonable. En el horizonte del PP está, a nivel autonómico, la aprobación de los presupuestos territoriales y una de las condiciones de Vox es retomar medidas que no promocionen la inmigración irregular.

Ante la consulta de El Independiente, fuentes parlamentarias populares ligadas a la cuestión, que se tramitará en la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, evitan pronunciarse al respecto o guardan silencio. Sí lo comentan, aunque sin profundizar, voces nacionales del partido. Estas prefieren aplazar cualquier valoración hasta el registro de enmiendas parciales. Dejan abierta la puerta a sumar nuevas enmiendas a la ya prevista para la revisión por casos y que no se acometa una regularización "masiva", sino "individualizada". Entre las exigencias, el PP también reclama que la regularización se haga con quienes estén "vinculados al mercado de trabajo" o que quieran encontrarlo.

Al PP le parece prioritario abordar la cuestión de Canarias y Ceuta sobre esta regularización, en todo caso. Y espera que el ministro Torres, después de unos sondeos previos, se decida a reunirse para trasladar las conclusiones del Gobierno ante la propuesta vigente. Ello prefieren que sea bajo un clima de privacidad para no torpedear el diálogo. Ante la preferencia de Moncloa de debatir con los consejeros autonómicos en una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, el PP se lamenta de que no haya disposición al diálogo con el principal partido de la oposición.

Sumar confía en la aprobación bajo unos mínimos

El socio minoritario del Ejecutivo contempla una abstención del PP en este contexto. Y cree que Junts, pese a las reticencias en inmigración, tampoco pondrá palos en la rueda. Porque "la presión de las organizaciones de la Iglesia" es fuerte y sería muy difícil, creen, explicarlo para ambos partidos. No obstante, fuentes del partido lamentan que la propuesta no será tan "ambiciosa" como se plantea en estos momentos. No solo por las condiciones que pondrán populares o neoconvergentes, que serán más restrictivas, sino por las propias del PSOE que apuntan a ser más exigentes con esa regulación, lo que podría acotar la cifra a algo menos de ese medio millón de personas.

Dentro de Sumar anticipan que los socialistas seguirán "los criterios de sus ministerios". "Es fundamental", asumen, especialmente lo que traslade Elma Sainz, de Seguridad Social y Migraciones. "Sin su criterio no va a salir, igual que nosotros no sacaríamos nada sin consultar a Trabajo o Juventud", admiten. Para los magentas, independientemente del número, que esperan que no se vea muy reducido, es necesario entrar en este cuerpo a cuerpo con la derecha y sobre todo Vox, quien consideran que les come la tostada por el relato migratorio. Desde Sumar lamentan que esta buena noticia del desbloqueo haya quedado empañada por los problemas con la senda. No se estima una fecha para que el dictamen final llegue a pleno.