El próximo martes se cumplirán tres años. El 1 de octubre de 2021 Euskadi asumió oficialmente la gestión de las prisiones vascas. En este tiempo la responsabilidad ha recaído en el PNV, quien se ha esforzado en desmarcarse del modo de gestionar los centros penitenciarios que venía realizando el Ministerio del Interior. Lo llamó el ‘modelo vasco’. Una fórmula basada en la apuesta prioritaria por la reinserción social de los internos y por reducir los periodos de privación de libertad en favor de ciclos de semilibertad. El relevo en la gestión y el cambio de modelo carcelario llegó casi al mismo tiempo que se daba por concluido el acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas. Actualmente 98 de ellos cumplen condena en Euskadi.

Al ciclo de Urkullu le ha seguido -tras las últimas elecciones autonómicas- el de Imanol Pradales. En uno y en otro caso el respaldo del PSE fue necesario para gobernar. Esta vez la gran diferencia ha sido que los buenos resultados de los socialistas les llevaron a exigir más peso en el nuevo Ejecutivo. Una de las grandes sorpresas fue el relevo en la ‘cartera’ de prisiones que por primera vez los nacionalistas cedían al PSE. La nueva consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, desde el primer momento ha dado muestras de querer cambiar las cosas, de distanciarse del ‘modelo vasco’ del PNV.

Lo hizo ayer durante una larga comparecencia en el Parlamento Vasco en la que detalló los ejes principales de su programa para la recién inaugurada legislatura y que afloró una suerte de ‘enmienda penitenciaria’ a lo realizado hasta ahora. Insistió en que se debe reforzar el “rigor histórico” en las acciones de memoria histórica, también que los presos de ETA deben asumir “el daño causado” y que las asociaciones que les respaldan “sería bueno que colaboraran en ello”. Advirtió a todas ellas que “nadie espere de mi un trato especial a los presos de ETA”: “Cumplirán con la ley contra la que atentaron como el resto de presos”. Insiste en que no se les puede dar un “estatus diferenciado” por el mero hecho de que siempre se hayan reivindicado como ‘colectivo’ en las cárceles: “Ahora, trece años después de conseguir que dejaran de matar, no les vamos a conceder ese estatus diferenciado”.

Y los cambios no se quedaron ahí. Anunció su intención de llevar adelante una propuesta de las asociaciones de víctimas del terrorismo que llevaba años arrinconada: sanciones económicas a quienes exhiban imágenes de presos de ETA y símbolos de la banda terrorista en la vía pública. Una suerte de batalla contra el blanqueamiento de la violencia ejercida por ETA que se ha normalizado en muchas localidades vascas. Sus predecesoras, las consejeras Batriz Artolazabal y Nerea Melgosa, ambas del PNV, jamás lo plantearon tan abiertamente. Ahora San José defiende que se deban poner sanciones a quienes exhiban imágenes y símbolos relacionados con ETA. Las víctimas habían lamentado que las sanciones que ya se aplican a quienes ensalzan o reivindican la dictadura franquista no puedan replicarse en el caso del terrorismo: “No es admisible que la imagen de los victimarios ocupen el espacio público. Una sociedad democrática debe ser activa para impedir una exhibición acrítica de los victimarios”. 

"Deben asumir su responabilidad"

Un plan de gobierno que desarrolla un evidente viraje en muchos de los aspectos que en los últimos años el partido socialista había criticado por tibieza al PNV y por falta de exigencia al colectivo de presos.

El cambio San José lo marcó desde el inicio. El relevo del juez Javier Tapia como asesor penitenciario principal del Gobierno vasco fue un mensaje. Le sustituirá la magistrada Inés Soria. La consejera no es nueva en un Gobierno. Entre 2016 y 2020 fue la titular de Trabajo y Justicia. Ahora tiene ante sí el reto de actualizar la política que se vaya a aplicar en las tres prisiones vascas en las que la llegada de más de un centenar de presos de ETA ha saturado sus instalaciones. Actualmente en las prisiones de Zaballa, Basauri y Martutene cumplen condena cerca de 1.600 internos. Está previsto que a finales de este año o a comienzos del próximo la cárcel de Martutene, en San Sebastián, sea sustituida por el nuevo complejo carcelario de Zubieta, con mayor capacidad. Ello requerirá también ampliar la plantilla penitenciaria, que pasará de 674 a 829.

Desde que asumió el cargo, San José ha reiterado la necesidad de que los presos de ETA que salgan en libertad lo hagan asumiendo el daño causado. Ha insistido en que esa reflexión se les debe poder reclamar de algún modo a los etarras que tanto daño causaron a la sociedad vasca. Asegura que el concepto de “arrepentimiento”, que en ocasiones se cuestiona desde entornos afines a los presos, “no puede ser una excusa”: “Es cierto que el arrepentimiento no aparece en la ley, pero sí otras muchas cosas, todas dirigidas al mismo fin, que los penados asuman su responsabilidad”. Apela a las asociaciones de apoyo “a esos presos” para que trabajen para que den ese paso, “sería bueno”.  

La consejera tampoco evita recordar que quedan muchas responsabilidades por asumir en ese mundo que aplaudió la violencia. Los más de 350 asesinatos sin resolver es el ‘elefante en la habitación’ que hasta ahora se solía evitar. San José recordó ayer a todos los partidos, EH Bildu incluida, que los presos y sus entornos deberían contribuir a esclarecerlos, “lo deseable es que quien tenga alguna información la aporte, es algo que merecen las víctimas”: “Me sumo a su clamor”. Incluso reprochó a quienes guardan silencio que callen para “evitar la vergüenza pública”: “Así sólo incrementan el dolor e incrementar su responsabilidad directa y moral”.

"Es inaceptable hablar del terrorismo como un 'ciclo'"

El relato y la memoria también necesitan un cambio, según la consejera. La equidistancia con la que en algunas ocasiones se ha abordado esta cuestión debe desaparecer en favor del “rigor histórico” y la “claridad del mensaje” que debe llegar a las nuevas generaciones sobre lo sucedido. “No voy a entrar en una batalla de relatos”, asegura, pero debe quedar claro que los años de violencia terrorista no fueron “el resultado natural de un supuesto ‘conflicto’”: “Es inaceptable hablar de la dictadura como una etapa histórica y del terrorismo como un ‘ciclo’. Los dos fueron inaceptables e injustos”.

El Instituto Vasco de la Memoria, Convivencia y Derechos Humanos, ‘Gogora’ se constituyó en 2015. Este organismo dependiente del Gobierno vasco, convive en Euskadi junto al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria, dependiente del Ministerio del Interior. Sobre el papel ambos conviven en una labor de construcción de la memoria del pasado, cada uno con sus enfoques, sus matices y sus subrayados. En el caso del centro ‘Gogora’ la convivencia de los proyectos relacionados con la Guerra Civil y el Franquismo con otros vinculados a la violencia terrorista y los abusos policiales se convierte en ocasiones en un extraño magma de memoria relacionada.

En sus nueve años de existencia el Instituto ha estado dirigido por Aintzane Ezenarro, procedente de Arlar, la formación de la izquierda abertzale que primero se desmarcó de la violencia de ETA. San José la ha relevado designando a Alberto Alonso como nuevo responsable de este centro. Su cometido será “reorientar el instituto” para que proyecte un mensaje más “nítido en el que se identifique que hubo quienes se organizaron para eliminar al diferente, quienes abusaron de un poder para cometer acciones ilegítimas y quienes vulneraron derechos fundamentales”.

La formación de las nuevas generaciones también requiere una revisión. Programas como ‘Herenegun!’ o ‘Adi Adian’, aplicados en numerosos centros educativos serán evaluados. San José está preocupada por el desconocimiento que sobre la violencia padecida hace apenas unos años existe en amplios grupos sociales que no lo vivieron en primera persona: “Necesitamos una memoria claramente crítica y deslegitimadora de cualquier vulneración de derechos humanos por motivación política. Hay que mostrara a las nuevas generaciones con rigor y claridad las razones que les llevaron a ello y lo equivocado de su camino, el dolor que generó”.