Llevaba meses siendo una realidad a la que la mayoría de los medios de comunicación ni siquiera le había dedicado una línea. El pasado sábado varias decenas de saharauis solicitantes de protección internacional, procedentes de los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos, se declararon en huelga de hambre. Para entonces llevaban días e incluso semanas varados en las salas de inadmitidos de las terminales 1 y 4 del aeropuerto de Barajas, condenados a permanecer en unas instalaciones donde al hacinamiento se añade la insalubridad. El Ministerio del Interior les había denegado el acceso en procesos exprés y sin estudiar individualmente, como exige la ley, sus peticiones de asilo.

Desde entonces las muestras de adhesión a la protesta de los solicitantes de asilo se han ido sucediendo: desde partidos políticos como Sumar, Podemos, el BNG, ERC o EH Bildu hasta asociaciones judiciales como Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) o la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y entidades expertas en asilo como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Todos han exigido a Grande-Marlaska que detenga las deportaciones y les conceda residencial temporal en España mientras se tramitan sus solicitudes de asilo y apatridia en unas oficinas del Ministerio del Interior saturadas que acumulan años de retrasos.

El ministro y ex magistrado, no obstante, ha mantenido su determinación de proceder con unas devoluciones a Marruecos que, de momento, no se han producido. En su periplo de esta semana, tanto Grande-Marlaska como su departamento han realizado declaraciones y difundido comunicados entre los medios cuya veracidad cuestionan los testimonios de los solicitantes, las pruebas aportadas en sus expedientes y las declaraciones de asociaciones judiciales y entidades sociales.

No son marroquíes; son saharauis

En el mensaje distribuido por Interior entre los periodistas a modo de argumentario para "las intervenciones" de reporteros y contertulios, el departamento incurrió en la primera falsedad: "Os paso esta información 'de contexto' para vuestras intervenciones sobre la situación de los marroquíes que se encuentran en Barajas". Los solicitantes de asilo sobre los que pesa la amenaza de expulsión son saharauis. Hay marroquíes -como de otras tantas nacionalidades- también en la misma situación en la sala de inadmitidos pero quienes reclaman han documentado claramente su origen.

La madre de una de las solicitantes de protección, asilada en Francia, espera en Barajas.

En los expedientes a los que ha accedido El Independiente figuran pruebas evidentes: documentos de identidad o libros de familias de sus abuelos o padres que fueron expedidos en el Sáhara Español, la provincia número 53 que fue ocupada ilegalmente en 1976 por Marruecos; documentos de identidad acreditativos de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (Minurso); e incluso certificados expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática, establecida en el exilio de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia).

Tanto activistas saharauis como sindicatos policiales como SUP advierten de que existen marroquíes que tratan de camuflarse como saharauis a la hora de solicitar el asilo pero son casos fácilmente detectables por la ausencia de documentos probatorios. "Hay mucho abuso en la solicitud de protección internacional. Se aprovechan de la falta de regulación de la ley y hay muchas solicitudes de fraude", deslizan desde el SUP. Son, en cualquier caso, marroquíes que huyen de la falta de oportunidades económicas y las enormes desigualdades del país vecino, con las mismas motivaciones por las que a mediados de septiembre hasta 3.000 jóvenes trataron de acceder a Ceuta desde la vecina Castillejos.

En su comunicado Juezas y Jueces para la Democracia recuerda que "en la Sala de Admisiones del aeropuerto de Barajas se encuentran actualmente 35 solicitantes de asilo documentados conforme al censo realizado por la Misión de la ONU para el Sahara Occidental (Minurso), entidad que acredita su condición de saharauis". El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, según la ONU. En ningún caso, puede ser considerado marroquí y, en el caso de que sus habitantes dispongan de un pasaporte marroquí para salir al exterior, es un pasaporte impuesto, fruto de una ocupación que vulnera el Derecho Internacional. En 2023 aún existían 17 territorios no autónomos por ser descolonizados: Anguila, Bermudas, Gibraltar, Guam, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Montserrat, Nueva Caledonia, Pitcairn, Polinesia Francesa, Sáhara Occidental, Samoa Americana, Santa Elena y Tokelau.

En un auto de la Audiencia Nacional fechada en 2014 y que lleva la firma de Grande-Marlaska se reconoce que España sigue siendo la potencia administradora de iure del territorio. "Como Potencia administradora se obliga, apartado a) del artículo 73: ''a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso…"."Actualmente hay un importante sector doctrinal que considera que España sigue siendo la Potencia Administradora del Sahara Occidental de iure aunque no de facto", explica el texto.

A este respecto, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) recuerda que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, pendiente de descolonización, y que España sigue siendo la potencia administradora de dicho territorio, tal y como lo han señalado diversas resoluciones de las Naciones Unidas, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad. Estas resoluciones, junto con el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de 1975, establecen que la población saharaui tiene derecho a un referéndum de autodeterminación para decidir su futuro, algo que todavía no ha ocurrido, impedido por Marruecos.

Tienen actividad política para reclamar asilo

En unas declaraciones a la prensa el lunes Grande-Marlaska anunció la deportación inmediata de una decena de solicitantes de asilo saharauis porque, remachó, tenían "la ratificación judicial al respecto”. “No son acreedores de protección internacional de conformidad con la ley", aseveró. Los testimonios de los solicitantes que durante las últimas semanas ha publicado este diario ponen en evidencia la falsedad del argumento despachado por Grande-Marlaska. En los casos documentados como saharauis figuran activistas con historial de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzosas en comisarías y cárceles marroquíes y pruebas de su implicación política, su asistencia a manifestaciones o acciones como pintar grafitis con la bandera saharaui en el territorio ocupado a pesar del riesgo evidente de ser arrestados. Entre quienes se hallan en Barajas, figuran parientes de conocidos activistas saharauis.

Además, en varios de los casos, a quienes les ha sido denegado la entrada en España acreditan que otros familiares directos o incluso miembros de sus mismos grupos políticos y asociaciones de derechos humanos -en circunstancias muy similares- les ha sido concedido el asilo político en otros países miembro de la Unión Europea como Francia. Desde la UPF se reconoce una inquietud extrema por las posibles consecuencias que su expulsión podría tener, tanto en el ámbito de los derechos humanos como en las obligaciones internacionales que España mantiene sobre el Sáhara Occidental. De hecho, las denegaciones se han producido contando incluso los solicitantes con informes favorables del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). La oficina del ACNUR en España ha rehusado proporcionar información a este diario ni siquiera abordar en términos generales la crisis que ha tenido esta semana como escenario Barajas, alegando protección de datos. "Al tratarse de casos individuales, desde ACNUR no podemos comentar ni proporcionar información sobre los mismos, de acuerdo con los principios de confidencialidad y protección de datos personales en el marco del derecho internacional", deslizan.

Informes y dictámenes de organismos internacionales como el Comité Contra la Tortura de la ONU y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias han corroborado los abusos a los que se enfrentan los activistas saharauis.

Puertas cerradas a diputados y eurodiputados

Durante esta semana las órdenes de Grande-Marlaska han sido claras: evitar a toda costa la entrada en las salas de inadmitidos a los representantes políticos que lo han solicitado. Se lo impidieron el lunes a Ione Belarra (Podemos); el martes a Tesh Sidi y Enrique Santiago (Sumar); y el viernes a Irene Montero e Isa Serra (Podemos). Todos se encontraron con la negativa de los agentes que custodian el acceso a tales dependencias en el aeropuerto. A última hora del viernes Interior también canceló la autorización para una visita que había ofrecido a los miembros de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, lo que provocó las quejas de los afectados.

"Interior nos comunica que, por razones organizativas, se pospone la visita a los ciudadanos saharauis retenidos en el aeropuerto de Barajas, prevista para el próximo lunes, 30 de septiembre. Es intolerable. El 29 quieren deportar a la persona sordomuda con cáncer", denunció Sidi en su cuenta de X. "El Ministerio se lo ha pensado mejor y nos ha comunicado que por “razones organizativas pospone” sine die la visita de la Comisión. ¿Autorizarán la visita una vez de haber deportado a los ciudadanos saharauis?", se preguntó el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.

En huelga de hambre

Durante la semana, fuentes de Interior han llegado a informar en varias ocasiones de que no existía la huelga de hambre que declaraban los solicitantes. Fuentes próximas a los saharauis retenidos en Barajas han insistido durante la semana que al menos una docena mantenían la huelga.

Chinches y falta de limpieza, las condiciones que denuncian policías y solicitantes

Desde hace meses las condiciones de salubridad de las salas de inadmitidos del aeropuerto madrileño son objeto de denuncias. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario dentro de la Policía Nacional, reconocen a este diario que fueron los primeros en trasladar estas denuncias. El pasado enero enviaron una carta al Defensor del Pueblo ante las condiciones de "hacinamiento e insalubridad" que padecen los asilados en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras el aumento de solicitudes de protección internacional.

En la misiva, denunciaban la "situación crítica" de las personas que están en el aeropuerto madrileño a la espera de la resolución de su solicitud de asilo en lo que consideraban un atentado contra el artículo 10 de la Constitución, que protege la dignidad de los seres humanos. Desde entonces, la situación no ha mejorado y el departamento de Grande-Marlaska no ha dedicado recursos para garantizar las condiciones de seguridad para solicitantes y agentes.

Desde la SUP defienden la actuación policial que ha despertado las críticas de los solicitantes, que aseguran haber sufrido insultos e incluso agresiones. "Absoluta defensa de sus actuaciones", señalan desde un sindicato que ha solicitado a la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior la imposición de un visado de tránsito a todos los ciudadanos marroquíes y egipcios que necesiten hacer escala en el país. Esta medida se ha impuesto en el último año a países como Kenia, Senegal, Sudán, Chad o República Centroafricana, y ha sido ampliamente censurada por entidades como CEAR, que defiende que, en la práctica, impide el acceso al derecho al asilo de las personas que huyen de guerras y persecuciones en sus países.

Intérpretes marroquíes en contra de la recomendación del Defensor del Pueblo

Este diario fue el primero en denunciar que a los solicitantes de asilo saharauis se les estaban asignado intérpretes de origen marroquí o en dariya -el dialecto árabe hablado en Marruecos- para traducir sus testimonios en las entrevistas para solicitar la protección. No era la primera vez que sucedía en Barajas. De hecho, el Defensor del Pueblo ya emitió en el pasado una recomendación que Interior sigue rechazando, sin explicar los motivos. En una resolución dirigida a la dirección general de Política Interior del ministerio del Interior, Francisco Fernández Marugán, que ejerció como Defensor del Pueblo entre 2017 y 2021 hasta el nombramiento de Ángel Gabilondo, recomendó que “en las solicitudes de protección internacional presentadas en frontera por saharauis, se solicite la asistencia de intérpretes de hasanía y, en todo caso, se evite la asistencia de intérpretes marroquíes”.

“La situación de conflicto existente entre el Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos no necesita mayor explicación. Tampoco es preciso insistir en la importancia de la entrevista en el caso de las solicitudes en frontera, que es todavía más relevante cuando los solicitantes no viajan con documentación para acreditar sus manifestaciones. En este contexto resulta de especial importancia crear un clima de confianza para facilitar el relato, lo que, sin duda, no se produce si los intérpretes son nacionales del país con el que los solicitantes mantienen un enfrentamiento”, explicaba Fernández Marugán.

Desoyendo completamente esta recomendación, el departamento de Grande-Marlaska sigue asignando intérpretes de origen marroquí y en dariya. Fuentes de Interior han rechazado explicar las razones a preguntas de este diario. Algunos de los últimos solicitantes han llegado a denunciar que los intérpretes habían alterado su testimonio. Muchos desconocen que tienen derecho a cambiar de traductor si así lo consideran.

Denegaciones de "copia y pega"

Fuentes de los abogados que les asisten denuncian a este diario que desde hace semanas las denegaciones se producen en tiempo récord y mediante respuestas de "copia y pega" que ni siquiera entrar a valorar los detalles de los casos y las pruebas de persecución y riesgo que aportan los solicitantes. Una situación de la que son conocedores en CEAR, que esta semana pedía a Interior que autorice su entrada a territorio español por razones humanitarias, "un instrumento legal que permitiría estudiar cada caso en profundidad y de forma individualizada". La organización considera "muy preocupante" que se pretenda devolver a personas a "un país donde sus vidas y derechos correrían serio peligro".

Entre los argumentos esgrimidos por las autoridades españolas, figura la sorpresa de que los solicitantes pudieran salir de aeropuertos marroquíes sin ser detenidos. Los solicitantes han relatado que los viajes se producen previo soborno a las autoridades policiales marroquíes. La estrategia del régimen alauí, como denunció hace una semana en este periódico un funcionario del Ministerio del Interior marroquí, es empujar a los saharauis a que abandonen el territorio tras una campaña calculada de asfixia económica, presión policial y marginación frente a los colonos.

Deportaciones previas acabaron en condena para España

Desde Interior han insistido esta semana que no se trata de "deportaciones", un término usado por los activistas y los partidos políticos que se han hecho eco de la situación. Las asociaciones judiciales han recordado que, de producirse la entrega de los activistas saharauis, España podría enfrentarse a condenas a nivel internacional. Y ponen como precedente la sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El 22 de abril de 2014 condenó a España por "vulnerar los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos que declaran el derecho a la tutela judicial efectiva, frente a la vulneración por parte de terceros Estados del derecho a la vida, y la posibilidad de ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes". Precisamente, en este precedente judicial, se trataba de 30 saharauis solicitantes de protección internacional en España.

Entonces, el tribunal europeo "obligó a España a garantizar, jurídica y materialmente, que las personas solicitantes de asilo se mantuvieran en territorio español durante el examen de sus causas hasta que la decisión interna fuera adoptada”.

Para la UPF, la entrega de todos ellos a Marruecos sería un incumplimiento de las obligaciones que España mantiene como potencia administradora del Sáhara Occidental, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. "Esta acción podría interpretarse como una colaboración activa con la ocupación marroquí del territorio, lo cual, afirman, sería una grave violación del derecho internacional y nacional en materia de asilo y refugio". Unos antecedentes que llevan a las asociaciones judiciales a reclamar a Grande-Marlaska que "cumpla la legalidad vigente y la jurisprudencia, garantizando el principio de no devolución”. Un ruego al que hasta ahora Interior ha hecho oídos sordos.