Con nocturnidad. Pasada la medianoche de este lunes el Ministerio del Interior ha fletado un avión rumbo a Marruecos para tratar de deportar a algunos de los solicitantes de asilo saharauis que llevan semanas en el aeropuerto de Barajas, entre ellos, mujeres y menores de edad. Fuentes cercanas a los activistas han asegurado a El Independiente que, ya en pista, más de una decena de ellos se ha negado a subir al avión y han sido devueltos a la sala de inadmitidos del aeropuerto madrileño.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska trató anoche de cerrar la crisis que han provocado las denegaciones masivas de protección internacional a al menos 35 solicitantes saharauis procedentes de los territorios ocupados del Sáhara Occidental y a los que las autoridades españolas deniegan la entrada. A última hora del viernes Interior canceló la visita programada para el domingo de diputados del Congreso a las instalaciones en las que permanecían retenidos los solicitantes.

Entre los saharauis que habían sido trasladados a última hora del domingo hasta pista y que rehusaron tomar el avión de Interior, se encuentra la familia compuesta por Rbab al Tarad Yahi, de 27 años, y Mohamed Ali Mohamed Slimani, de 34, junto a la hija de ambos, Aziza, de año y medio. Rbab sufrió un aborto durante su estancia en Barajas y los agentes de la Policía Nacional se negaron a que permanecería durante toda la noche en el hospital al que fue trasladada en contra de la recomendación médica. También figura en el listado de los que no tomaron el vuelo Hammou Ali, sordo y enfermo de cáncer; y Abderahman Aliat y Mohamed Aalia, cuyos casos fueron detallados en sendos artículos por este diario. En el caso de Aliat, la deportación ha sido exprés. Anoche a las 8 de la tarde la justicia le denegó la cautelarísima presentada por su equipo legal. Apenas unas horas después, era llevado hasta el avión.

España podría enfrentarse a una condena de Europa

Fuentes cercanas a los solicitantes aseguran que no se ha usado la fuerza para frustrar la expulsión. "Las mujeres ni siquiera se bajaron del vehículo", han subrayado. Organizaciones como CEAR, asociaciones judiciales y partidos como Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG han pedido a Grande-Marlaska que conceda acceso a los solicitantes mientras se tramitan sus peticiones y han advertido del riesgo para su integridad física que sean deportados a Marruecos.

El ministro y ex magistrado, no obstante, ha mantenido su determinación de proceder con las devoluciones a Marruecos. En los expedientes a los que ha accedido El Independiente figuran pruebas evidentes de los solicitantes de asilo y de su origen saharaui: documentos de identidad o libros de familias de sus abuelos o padres que fueron expedidos en el Sáhara Español, la provincia número 53 que fue ocupada ilegalmente en 1976 por Marruecos; documentos de identidad acreditativos de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (Minurso); e incluso certificados expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática, establecida en el exilio de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia).

Desde Interior insistieron la semana pasada que no se trataba de "deportaciones", un término usado por los activistas y los partidos políticos que se han hecho eco de la situación. Las asociaciones judiciales han recordado que, de producirse la entrega de los activistas saharauis, España podría enfrentarse a condenas a nivel internacional. Y ponen como precedente la sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El 22 de abril de 2014 condenó a España por "vulnerar los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos que declaran el derecho a la tutela judicial efectiva, frente a la vulneración por parte de terceros Estados del derecho a la vida, y la posibilidad de ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes". Precisamente, en este precedente judicial, se trataba de 30 saharauis solicitantes de protección internacional en España.