La Comisión Europea ha vuelto a advertir a España del abuso en los contratos interinos en el sector público. Bruselas ha enviado una carta al Gobierno de España que ahora tiene dos meses para responder, antes de que el ejecutivo comunitario decida llevar el caso ante la Justicia europea.

Bruselas señala que la legislación española no hace lo suficiente por "proteger suficientemente a los trabajadores del sector público contra el uso abusivo de sucesivos contratos de duración determinada". Pone como ejemplos las indemnizaciones que pueden recibir estos empleados públicos si un tribunal dictamina este abuso en el número de contratos y cuya cuantía no varía independientemente de si han estado en esta situación 20 o 30 años.

Es la tercera carta de emplazamiento que la Comisión remite a España, en un proceso que Bruselas lleva observando desde hace prácticamente una década. En julio, el ejecutivo comunitario avisaba de que la legislación española contiene condiciones de empleo menos favorables, como los derechos de vacaciones, para los empleados interinos --con contrato de duración determinada-- que trabajan en el sector público español en comparación con los empleados fijos.

Sanidad y Educación

El abuso de la interinidad en sectores como la Educación y la Sanidad también fue puesto de manifiesto por la Comisión en el análisis sobre las políticas sociales y de empleo de España.

En 2021, se aprobó una ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el sector público. Según la misma, está previsto que hasta 300.000 empleados públicos pasen a ser indefinidos a finales de este año. Sin embargo, la Comisión cree que aunque la normativa aplique a las nuevas contrataciones y a esta cifra de interinos que llevan más de tres años acumulando contratos temporales, “con más de un millón de empleados públicos temporales a enero de 2024, los procesos de estabilización tendrán un impacto relevante pero limitado a la hora de reducir el nivel de segmentación”.

Para evitar que esto ocurra, hace un llamamiento al “consenso” a largo plazo, así como a la coordinación entre administraciones públicas. De hecho, la planificación de los recursos públicos en el largo plazo es algo que vienen demandando los sindicatos anualmente, cada vez que se negocia la oferta pública de empleo.