Sumar celebra el cambio de marco político y que la agenda actual les sea favorable. Han sido meses complicados en este casi primer año de Gobierno tras lograr reeditarlo Pedro Sánchez, en los que cuestiones como la amnistía lo han copado casi todo. Con campañas electorales regionales y de europeas de por medio. El paso dado por el PP de Alberto Núñez Feijóo la semana pasada se entiende como una forma de confrontar con el PSOE en cuestiones como la conciliación, pero también respecto a la jornada laboral y la vivienda, caballos de Troya por parte de los magenta dentro del Ejecutivo, que llevan meses enquistados. El planteamiento del PP, que ya ha sido registrado en el Congreso de los Diputados, será próximamente calificado por la Mesa y, según fuentes de la formación de Yolanda Díaz, "como muy tarde en dos o tres semanas se tendrá que hablar de ello". Es inevitable, los socialistas no podrán atrasarlo, indican.

Sobre la motivación que lleva ahora al PP a entrar en este debate cuando "casi llevan hablando un año de la amnistía" o ahora de "Venezuela y de Edmundo González", para fuentes nacionales de Sumar, refleja que asumen, al menos indirectamente, que "la legislatura va para largo". "Es un avance. Una forma de asumir que no van a poder mantener durante toda la legislatura un discurso permanente de que el Gobierno está apunto de caer", añaden. Destacan que ha ocurrido con la amnistía, estaba ocurriendo con el cupo catalán y venía dándose con las investigaciones, primero, del caso Koldo, y, segundo, la causa de Begoña Gómez.

"Han reiterado que caía Sánchez con cada una de estas cosas y no ha pasado nada", insisten, reconociendo, pese a todo, que la correlación de fuerzas es la que es y que, si Junts u otro socio fuerza a futuro, será inevitable ir a elecciones generales. Lo descartan pese a todo, porque a los de Carles Puigdemont "no le quedan otros ámbitos de influencia" más allá de algunas alcaldías.

Desean debatir las medidas a diferencia del PSOE

La disposición de Feijóo a hablar de estos asuntos, incluso su apertura a negociar una reducción de la jornada laboral, tomó por sorpresa a la formación la semana pasada. Según ha podido saber El Independiente, dentro de la alianza se desarrolló un debate: sobre cómo debía afrontar Sumar y el Grupo Plurinacional en el Congreso este hecho. Hay quien exigió "salir a golpear" a los populares, por una estrategia que consideran oportunista y con un propósito distinto a ellos, de corte más social. "Era una opción más comunicativa, pero se optó por la faceta política", señalan fuentes magentas, que acreditan que se optó por "la confrontación de modelos". "Por que no nos convencen sus propuestas, no por que se trate del PP", matizan.

Los socios minoritarios dentro del Gobierno creen que el PSOE no puede limitarse a ignorar la propuesta del PP o tacharla de "meme" como hizo este martes la ministra portavoz y titular de Educación y Deportes, Pilar Alegría. En su caso, y ante la disposición a tener un debate serio con el PP sobre este asunto, sea cuales sean sus intereses, apuntan: "Hay que hacerlo. No podemos sostener que ese [la Vivienda y la conciliación] es el mayor problema de país y cuando llega una propuesta ignorarla". El calendario aún por delante en el Congreso es difuso para hablar de esta cuestión, con dos comparecencias programadas tanto de Sánchez como del ministro de Transportes, Óscar Puente, para el 9 y el 16 de octubre respectivamente. Para abordar la crisis migratoria en el caso del presidente, y sobre el traspaso de la AP-9 a Galicia. Deducen que podría darse la toma en consideración del PP a finales de mes.

Forzarán la comparecencia de la ministra de Vivienda en el Congreso si el Gobierno no toma la iniciativa

El órdago de los populares llega en un momento tenso entre Sumar y el PSOE con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Los de Díaz marcaron como prioritario en su agenda este asunto para revitalizarse frente a la sombra que los socialistas les hacían [se reflejó electoralmente] capitalizando cualquier propuesta impulsada en el seno del Consejo de Ministros. Y declaraciones como las de Rodríguez, apelando a mejores condiciones en el alquiler mediante "la solidaridad" de los propietarios para no subir las rentas, no ayudan a sellar fisuras. Esas palabras de la ministra, al no estar aplicándose en las comunidades la Ley de Vivienda aprobada en 2023 junto a EH Bildu y ERC, han indignado al sindicato de Inquilinos de Madrid, que el 13 de octubre saldrán a la calle. A raíz de ello los republicanos, abertzale y el BNG pidieron la comparecencia de Rodríguez en pleno para detallar los planes en materia de Vivienda del Ejecutivo ante "su inacción".

Sumar tiene vetado cualquier apoyo a este tipo de llamamientos por pacto electoral. Pero una abstención valdría para que el PP diera paso a una mayoría alternativa que así lo materializase. Esperan que Rodríguez vaya por voluntad propia para explicarse, si no, los de Díaz no tendrán, dicen, otra opción más que impedir el bloqueo de la solicitud para que Rodríguez comparezca.

La propuesta del PP

Ya bajo registro parlamentario, los populares proponen en su Proposición de Ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar la articulación de horarios flexibles acordados con las empresas, para mejorar la conciliación, y un Banco por horas que sirva para acumular las horas de más trabajadas o no gastadas de los permisos remunerados para ampliar vacaciones o libranzas adicionales. Todo sin que se vean reducidos los salarios.

Asimismo se quieren implementar los permisos de paternidad y maternidad a las 20 semanas —PSOE y Sumar lo incluyeron en su acuerdo de coalición—, que el periodo de seis semanas postparto no sea forzado y pueda disfrutarse cuando se considere, que la educación de cero a tres años sea gratuita —cofinanciada a medias entre Estado y comunidades— o la bonificación del 45% en las cuotas a la Seguridad Social por el pago a cuidadores. Se especifican beneficios fiscales adicionales para las familias monoparentales o la gratuidad en el transporte público. Apunta a salir adelante si no se bloquea su tramitación, con apoyo extra de Vox y Junts que daría al PP mayoría absoluta.

Al margen de este ámbito, el componente social del PP se quiere implementar con un Plan Integral de Vivienda. Este miércoles lo presentó la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín. Se sugieren beneficios fiscales para los arrendadores, pero también ayudas a los jóvenes que quieran comprar una casa. A ello, se añade la apertura de los de Feijóo a valorar la jornada laboral de cuatro días en aquellos sectores en los que sea posible. Sumar cree que hay margen para que el PP de su apoyo a esa medida, pero los populares ya advierten que se hará solo si hay consenso en el diálogo social de Patronal y Sindicatos, algo, en estos momentos, muy complicado.

En el Gobierno se reprocha que el PP vincule la crisis habitacional con la ocupación ilegal

El distanciamiento con la propuesta social de Sumar es patente, en todo caso y pese a la disposición a hablar de los magentas. En el pacto de Gobierno los socios reflejaron compromisos sobre Conciliación y Vivienda: la limitación de la jornada laboral máxima a 37,5 horas; la gratuidad de la educación para menores de tres años, compatible ahora con la demanda del PP, y el aumento del parque público de vivienda para que éste sea el 20% del total. También la regulación de los alquileres turísticos, que no salió adelante por el veto de Junts hace dos semanas. En materia de inmuebles, se está lejos de lo que propone Génova, que opta por la liberalización de suelo y eliminar las zonas tensionadas del mercado.

Además propone una ley antiocupación para el desalojo en 24 horas y bonificaciones fiscales a los jóvenes durante cuatro años tras la compra de una vivienda. Así como la bonificación total del impuesto de sucesiones y donaciones por familiares para comprar una vivienda. Igualmente, que se reduzca a 1.080 euros de salario el requisito para alquiler vivienda, que es el mínimo actual.