"Se los llevaron a todos". Es el mensaje que lleva horas circulando entre los activistas pro saharauis que durante semanas han tratado de impedir lo que se terminó de consumar a medianoche de este viernes. Tras varias tentativas frustradas, el Ministerio del Interior ha logrado deportar a Marruecos a una veintena de solicitantes de asilo saharauis que permanecían desde hacia semanas en la sala de inadmitidos del aeropuerto de Barajas. Al menos dos de los solicitantes de asilo permanecen detenidos por las autoridades marroquíes tras aterrizar el avión en Marrakech.

Los activistas y abogados denuncian que una empresa de seguridad marroquí fue contratada para el vuelo. El ministro Fernando Grande-Marlaska intenta cerrar así un capítulo en el que ha evitado incluso mencionar en público el origen saharaui de los solicitantes, en medio de las denuncias de los intérpretes de origen marroquí asignado, las condiciones insalubres de las instalaciones o los argumentarios enviados a los periodistas por su departamento.

Las imágenes de esos últimos instantes en Barajas muestran a Hammou Ali, sordo y enfermo de cáncer, esposado con unas bridas de plástico a bordo del avión que los ha enviado a Marruecos a pesar de la movilización de asociaciones judiciales, entidades sociales y partidos políticos, que han advertido de las consecuencias para sus propias vidas de una expulsión que podría terminar llegando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya condenó a España en 2014 por unos hecho similares. Durante esta última semana el departamento que dirige Grande-Marlaska ha cancelado hasta en dos ocasiones la visita de miembros de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados a las salas de Barajas donde se hallaban los solicitantes tras impedir previamente el acceso de varios diputados de Sumar y Podemos.

Entre los que habían recibido orden de expulsión para este jueves, figuraban la familia compuesta por Rbab al Tarad Yahi, de 27 años, y Mohamed Ali Mohamed Slimani, de 34, junto a la hija de ambos, Aziza, de año y medio. Rbab sufrió un aborto durante su estancia en Barajas y los agentes de la Policía Nacional se negaron a que permanecería durante toda la noche en el hospital al que fue trasladada en contra de la recomendación médica. También aparecen en el listado Hammou Ali, sordo y enfermo de cáncer; y Abderahman Aliat, un activista cuyo caso fue detallado por este diario. Fue secuestrado y torturado por la policía marroquí en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.

A última hora del domingo agentes de la Policía Nacional, bajo escrutinio por las denuncias de vejaciones y la falta de higiene de la sala de inadmitidos, ya trataron de ejecutar la expulsión de varias decenas, entre los que se contaban quienes este jueves tienen orden de deportación. Fuentes cercanas a los activistas aseguraron a El Independiente que, ya en pista, más de una decena de ellos se negó a subir al avión y fueron devueltos a la sala de inadmitidos del aeropuerto madrileño, donde han permanecido desde entonces.

La visita de los diputados, aplazada dos veces

Esta expulsión se produce cuando desde hace días los miembros de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados intentan visitar la sala de inadmitidos. La primera de las visitas, fijada para el pasado domingo, fue cancelada por el departamento de Grande-Marlaska. La siguiente, programada para la tarde del lunes, también corrió la misma suerte. Fuentes cercanas a los diputados que debían participar han confirmado que no se ha producido.

El lunes la diputada de Sumar en el Congreso Tesh Sidi denunció que Interior denunció el nuevo aplazamiento. En rueda de prensa, la diputada de Más Madrid detalló que la semana pasada, a partir del consejo de la presidenta de la Comisión de Interior de la Cámara, la socialista Carmen Castilla, pidieron permiso al ministerio para poder visitar a los activistas en el aeropuerto. Inicialmente Interior autorizó el acceso de Tesh, el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, y el diputado de Bildu Jon Iñarritu.

"Nos han comentado que la van a aplazar, espero que no sea demasiado tarde para entonces", lamentó Sidi. La diputada subrayó el hecho de que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) había emitido informes favorables a la entrada de los solicitantes en España, entre los que existen "casos de menores y de de urgencia humanitaria que España debe asistir". "España tiene una responsabilidad histórica con el pueblo del Sáhara Occidental y tenemos que recordar que esa nacionalidad que otorga Marruecos a los saharauis es una nacionalidad impuesta", recalcó Sidi.