La colaboración internacional será clave para poder esclarecer qué ha pasado y dónde están los hasta 300 millones de euros que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dice que pueden estar afectados por la quiebra del Madeira Invest Club (MIC), el "chiringuito financiero" que dio 100.000 euros en efectivo al eurodiputado Alvise Pérez para su campaña electoral. El juez acaba de iniciar una investigación que se dirige contra Álvaro Romillo, el creador de este club de inversión, cuatro de sus socios, y ha abierto una pieza separada y secreta para acordar las medidas cautelares.

La instrucción se espera compleja, así lo ha reflejado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional porque es muy importante desgranar las actuaciones de múltiples sociedades instrumentales con diversas bifurcaciones internacionales. Los tentáculos de las sociedades llegan hasta Estados Unidos, República Dominicana, Estonia, Albania y Portugal. Pero este último país forma una pieza del puzle importante, ya que fuentes cercanas a Romillo explican que es el inicio del fin del Madeira Invest Club.

Según la versión del denunciado, el negocio se diluyó como un azucarillo el día que la cuenta principal donde entraba el mayor flujo de dinero (asentada en Portugal) quedó bloqueada. Los motivos del bloqueo nadie los sabe explicar bien, algunos hablan de un proceso de compliance, otros de una causa judicial abierta también en ese país, si bien nadie consigue asegurar nada. Esta será una de las primeras incógnitas que Calama tendrá que resolver.

La Audiencia Nacional ha recibido tres denuncias contra la empresa bajo sospecha, presentadas por la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios (Ances), la Asociación de Afectados por Inversiones de Criptomonedas --defendida por el despacho de Zaballos Asociados-- y la Asociación de Usuarios de Criptomonedas --defendida por Arángez Abogados. El juez considera que existen indicios suficientes para admitir a trámite las denuncias porque hay con “meridiana claridad” un delito de estafa. El volumen de dinero y la gran cantidad de afectados hacen que el competente sea ese órgano judicial.

El despacho de Emilia Zaballos es el que concentra el 90% de los afectados y en una ampliación de denuncia presentada hace unos días solicitó que un administrador judicial del Estado se hiciera cargo de todos los bienes inmuebles que hay que gestionar. El funcionamiento del Madeira Invest Club, como ha venido desgranando este medio, incluía inversiones en restaurantes en Madrid como el Carbón Negro, contaba con una sede en el exclusivo barrio de Salamanca con cajas fuertes, con un concesionario de coches de lujo... El fiscal se ha mostrado favorable a esta medida, según fuentes jurídicas.

Pero todo lo que tiene que ver con medidas cautelares, congelación de cuentas u otros pasos preventivos que ha dado el juez se ha declarado secreto. Los investigadores quieren conocer el alcance de esta súper estructura en la que calculan que puede haber 27.000 afectados.

Álvaro Romillo, conocido en las redes sociales como Luis Cryptospain, fundó el Madeira Invest Club (MIC) en 2023 y se hizo famoso por sus consejos en fiscalidad para evadir impuestos. El sistema del MIC consistía en la compra de obras de arte virtuales, de grandes complejos en República Dominicana o en la inversión en oro, en criptomonedas, en relojes, etc. Cuando él se supo bajo el foco acudió en primera persona a la Fiscalía General del Estado a denunciar que le había entregado dinero en metálico a Alvise Pérez.

Las pesquisas de la Audiencia Nacional se dirigen ahora contra Romillo, pero la denuncia de éste contra Alvise sigue su curso y la está analizando la Fiscalía del Tribunal Supremo porque el eurodiputado es aforado allí. En su caso, se enfrenta a un delito de financiación ilegal de partido. En el caso de Luis Cryptospain los denunciantes detallan una ristra de actos delictivos: estafa, apropiación indebida, organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad de documentos y publicidad engañosa.

La declaración de Romillo

Las distintas fuentes consultadas en la investigación explican que los pasos que pretende dar Calama pasan en primer lugar por avanzar con las medidas cautelares. De la información que resulte de todas esas medidas se obtendrán detalles relevantes para poder tener la fotografía completa de cómo funcionaba este "chiringuito financiero".

Una vez esté eso sobre la mesa, se llamará a declarar a Romillo para poder preguntarle por todos los extremos. Él, como hizo público en un vídeo a principios de esta semana, está deseando acudir a declarar para contar todo lo que sabe. El juez decidirá entonces si lo envía a prisión provisional o si lo deja en libertad mientras continúa la investigación.