El Partido Popular era conocedor desde el pasado viernes de la reforma que permitirá a más de cuarenta presos de ETA beneficiarse de rebajas en sus condenas por una enmienda de Sumar incluida en la ley orgánica 7/2014, sobre el intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales de la Unión Europea. Así lo han trasladado a El Independiente fuentes del partido consultadas por ello. Se limita a los presos que cumplieron años de condena en Francia en el pasado, lo que afectaría positivamente en una rebaja de cárcel para Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, y conllevaría la libertad para más de una decena de etarras.

Pero los populares tenían dudas respecto de esa interpretación que hace el periódico El Confidencial, que adelantó la noticia este lunes. "Hay juristas que consideran que la interpretación" que hace el diario no es correcta. Aunque "es una interpretación posible, pero hay otras sensibilidades en el mundo de la justicia que no lo consideran así", trasladan fuentes populares a este digital.

En estos momentos el PP intenta aplazar en lo posible que este martes el Senado —donde tiene mayoría absoluta— debata y vote definitivamente la legislación tras su paso por el Congreso, lo que supondría su paso directo al Boletín Oficial del Estado (BOE). Un paso complicado por la escasa disposición de tiempos. Al tratarse de una tramitación por vía urgente, que debe solventarse en 20 días, de ser posible solo habría margen hasta la semana que viene.

La alternativa podría por que el Gobierno retire la norma por voluntad propia, aunque tampoco está claro

La alternativa podría pasar por que el Gobierno retire la norma por voluntad propia si considera errónea la aceptación de la enmienda de Sumar, aunque tampoco está claro, y cree que puede llevar a una mala interpretación. Desde el seno parlamentario magenta, el diputado Enrique Santiago no ha amagado con su retirada. Desde el PSOE, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se ha limitado a valorar como adaptación de una directiva europea la legislación. Y ha considerado que "no tiene nada que ver" ello con ETA.

En concreto, la enmienda de Sumar, al artículo 14.1 de la norma, indica: "Las condenas anteriores firmes dictadas en otros Estados miembros contra la misma persona por distintos hechos surtirán, con motivo de un nuevo proceso penal, los mismos efectos jurídicos que las condenas anteriores firmes dictadas en España. Esta equivalencia de efectos jurídicos se aplicará en la fase previa al proceso penal, durante el propio proceso y con ocasión de la ejecución de la condena impuesta". La ambigüedad de interpretación genera incertidumbre entre los populares, que votaron afirmativamente del dictamen en el Congreso de los Diputados sin percatarse de ello. Tampoco lo hicieron desde el cuerpo de letrados de la Cámara Baja, trasladan otras fuentes parlamentarias.

Vox reconoce su error y pide al PP impedir que se vote

A primera hora de la tarde, la portavoz parlamentaria de Vox en el Congreso, Pepa Millán, comparecía en rueda de prensa para asumir la parte de responsabilidad del partido por no percatarse de la inclusión de esa enmienda. Algo que denunció también esta mañana la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Nuestras "más sinceras disculpas" por este error, dijo Millán, que recalcó, igualmente, que dado al equilibrio de fuerzas la posición en contra de Vox, PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN) habría impedido que saliese adelante. Se aprobó de forma unánime.

Para ella, esta legislación y la falta de retirada, en estos momentos, por parte del Ejecutivo "es la constatación de hasta qué punto llega la corrupción moral" del mismo. "Un Gobierno extremista, golpista y aliado de terroristas nacionales e internacionales", dijo Millán. Un paso reclamado por EH Bildu que Vox achaca a la necesidad de sacar los Presupuestos y que se da tras despejar la derogación de la ley mordaza. Por eso, Vox pide que el PP pase de ser aliado puntual del PSOE para situarse como "oposición frontal y total".

Millán pidió al Gobierno que dé "marcha atrás" y retire el proyecto de ley, que es "tramposo". Y cuyo respaldo no es compatible con la voluntad "real" del Congreso. Desde el partido piden que se aplique el artículo 127 del Reglamento del Senado, para que el Ejecutivo proceda a retirarlo.