Es una modificación legal que ha pasado el primer trámite, su aprobación en el Parlamento y que afronta mañana el segundo filtro del Senado sin que hasta ahora la oposición se hubiera percatado de lo que realmente escondía. En el contexto de una transposición europea, el pasado 10 de septiembre la Comisión de Justicia del Senado incluyó a última hora en la reforma de la ley de intercambio de 'información de antecedentes penales' dos modificaciones que pasaron desapercibidas para la oposición. Ambas medidas suponían la eliminación de la cláusula que en 2014 introdujo el Gobierno de Rajoy y que impedía sumar al cómputo de condena de un preso de ETA los años de cárcel cumplidos en Francia.

Desde hace más de diez años la izquierda abertzale y el entorno de los presos de ETA viene reclamando la necesidad de que los años de prisión cumplidos en el país vecino sean tenidos en cuenta en la contabilidad global de cárcel de los internos de la banda terrorista. Ahora, con esta modificación que ha pasado desapercibida para la oposición, el Gobierno intenta dar satisfacción a esta vieja aspiración. La modificación será votada mañana en el Senado.

El Partido Popular se ha comprometido esta mañana a intentar revertir las consecuencias de lo que ha calificado de “jugarreta” y “engaño” del gobierno” en la tramitación de la modificación de una ley y con ello acelerar su salida en libertad. El PP ha reconocido que no fue consciente de las modificaciones incorporadas e última hora. La medida deberá ser votada de nuevo mañana en el Senado. Una votación ante la que los populares no han presentado ninguna enmienda. “Esto no va a quedar así”, ha asegurado el portavoz popular, Borja Sémper. Ha apuntado que este nuevo movimiento del Gobierno se suma a otros anteriores llevados a cabo en otros procesos legislativos, “siempre sujetos a artimañas, a un te cuelo por aquí una enmienda a esta ley que no tiene nada que ver, es algo recurrente por parte de este gobierno”.

Una "trampa dolorosa"

Los populares han asegurado que esta “trampa” del Ejecutivo es especialmente “dolorosa”. “Que a nadie le quepa duda de que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para revertirlo, desde el orden político al judicial”. Aseguran que el Gobierno “falta a la verdad” al afirmar que estos cambios responden únicamente a una transposición marcada por la Unión Europea, “en la que no se incluyen estos aspectos”.

La modificación principal introducida afecta al artículo 14 de la citada ley que establece los "efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias anteriores" sobre un nuevo proceso penal. De este modo, se determina que las condenas anteriores que sean firmes y que se hubieran dictado en otro estado miembro "por distintos hechos" a los que se pudieran juzgar en nuestro país en otro proceso penal surtirían "los mismos efectos jurídicos que las condenas anteriores firmes dictadas en España". Esta "equivalencia de efectos jurídicos afectaría a todo el proceso penal. Se añade además que las condenas en otros país no tendrán "ningún efecto sobre las sentencias firmes recaídas en España con anterioridad no sobre las resoluciones relativas a su ejecución ni podrán provocar su "revocación ni revisión por los jueces o tribunales".

Además, la modificación prevé que a partir de ahora no podrán ser tenidas en cuenta en un proceso penal que se desarrolle en nuestro país "a efectos de imposición de penas" las infracciones cometidas en otros país "cuando no hubiera recaído resolución de condena firme".

7 excarcelaciones próximas

Hoy la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha alertado de que la reforma legal se aprobará en la Cámara Alta y que si recibe los mismos apoyos que en el Congreso, donde no hubo ni un sólo voto en contra, permitirá la próxima excarcelación de siete presos de ETA de los 44 internos de la banda terrorista puedan sumar los años cumplidos en Francia.

Hasta ahora en España no se sumaban al computo total de años de cárcel cumplidos el periodo de encarcelamiento que un preso de ETA hubiera cumplido en el país galo. La ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones jurídicas penales de la Unión Europea aprobada en 2014 lo impedía. En su disposición adicional determinaba que en el cómputo de años cumplidos no se tendrían en cuenta las condenas dictadas por un tribunal de un estado miembros de la UE anteriores al 15 de agosto de 2010. Ahora, ante la pretensión del Gobierno de derogar la disposición adicional, la AVT denuncia que si finalmente sale adelante beneficiará a 52 miembros de ETA.

La asociación recuerda que se trata de una vieja reclamación del entorno de la banda que solicitaba poder descontar a los presos de la organización terrorista los años de cárcel cumplidos en Francia. Señalan que cuando ya en febrero de 2022 la AVT alertó de la posibilidad de esta derogación y sus consecuencias, el Gobierno de España "nos negó categóricamente que esto fuera a suceder": "Mentira número... hemos perdido la cuenta".

Las víctimas aseguran que no dan "crédito" que esta medida pueda salir adelante con "el apoyo del PP, Vox y UPN": "¿De verdad nadie se ha dado cuenta de que la modificación de la ley orgánica 7/2014 afectaba también a los etarras?". Confían e que todo sea "un error y lo re3ctifiquen mañana en el Senado", pese a que temen que "tarde o temprano se cumplirá la hoja de ruta 'bilduetarra' de vaciar las cárceles y los señores Sánchez y Marlaska podrán presumir toda su vida de ser unas figuras de culto para los etarras".

La AVT lamenta que este tipo de movimientos se sucedan. Recuerdan que la semana pasada fue la nueva consejera de Justicia del Gobierno vasco, María Jesús San José, quien impulsó con la concesión de dos terceros grados a dos etarras sin haber mostrado arrepentimiento. Apuntan que supone que el PSE vuelve a impulsar el modelo penitenciario del PNV: "Las víctimas cada vez nos sentimos más solas, mientras el gobierno sigue preocupándose más en contentar a los terroristas, machaca a las víctimas".

También desde el colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco se ha arremetido contra la modificación legal que beneficiará a presos de ETA. A través de las redes sociales COVITE recuerda que el 23 de octubre de 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una resolución en la que rechazaba la petición de varios etarras presos de descontar del tiempo máximo de prisión el periodo que pasaron en cárceles francesas.

Covite asegura que se trata de una medida gravísima que si finalmente se lleva a cabo, "supondrá otro ataque más al derecho a la justicia de las víctimas de ETA": "Esto es gravísimo y exigimos que se paralice".".