El Parlamento Europeo ha anunciado que evaluará el impacto que tendría reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas de uso en sus sesiones plenarias, un paso decidido por la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para contar con datos suficientes antes de decidir sobre la reiterada petición del Gobierno de oficializar estas lenguas en la Unión Europea.

Así lo ha planteado la propia Metsola al resto de la Mesa del Parlamento este lunes en una reunión en Estrasburgo (Francia) en la que la presidenta ha informado también de la última carta enviada por el Gobierno español defendiendo esta medida, según han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

En concreto, el trabajo de análisis le corresponderá al Grupo de Trabajo de la Mesa sobre Lenguaje de los Ciudadanos y Servicios Lingüísticos que integran cinco vicepresidentes de la Eurocámara, entre ellos dos españoles: Esteban González Pons (PP) y Javi López (PSC).

El grupo de trabajo, que fue creado el pasado mes de septiembre antes de la última carta de Albares, tiene como presidente a un eurodiputado liberal eslovaco, Martin Hojsík, y cuenta también con un representante de la Izquierda europea, el francés Younous Omarjee, y otro de los ultraconservadores de ECR, la italiana Antonella Sberna.

Metsola no ha puesto fecha para concluir la evaluación de impacto, pero las fuentes consultadas por Europa Press hablan de "meses más que semanas", al tiempo que descartan que el trabajo se pueda dilatar más allá en la legislatura. El objetivo es tener datos claros del coste que supondría la traducción en las sesiones plenarias en cuanto a personal e infraestructuras, pero también valorar otros elementos asociados como si habría personal cualificado suficiente para asegurar las interpretaciones de las tres lenguas, por ejemplo.

"Se trata de encontrar una solución" y poder "tomar decisiones" en función de las conclusiones y propuestas que lleguen del grupo de trabajo, apuntan las fuentes, que recuerdan que, aunque el asunto es prioritario en la agenda del actual Gobierno español, la situación de las lenguas minoritarias no es una preocupación exclusiva de España.

No en vano, aunque el Gobierno defiende que la especificidad del caso español y las lenguas cooficiales no es extrapolable a otro Estado miembro, desde Bruselas sí ven este debate como una cuestión de interés para el conjunto de los 27 por el precedente que pueda crear con respecto a otras lenguas minoritarias que se hablan en otros países de la UE.

Hasta tres cartas de Albares

Aunque es la tercera vez en que la oficialidad del catalán, euskera y gallego llega a la Mesa, es la primera en que el punto tiene un seguimiento, ya que en el pasado no hubo "apetito" por abordar el debate de fondo. También ocurre tras el cambio de legislatura en el que el equilibrio de representantes de los diversos partidos en el 'Bureau' de la Eurocámara ha variado.

Desde septiembre de 2022, Metsola ha recibido tres cartas formales del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reivindicando el uso de las tres lenguas cooficiales en la Eurocámara, siguiendo la senda de los "arreglos administrativos" que ya existen en el seno del Consejo y de la Comisión Europea.

En paralelo a este proceso, el Gobierno ha intentado también sacar adelante una propuesta para modificar el reglamento de las lenguas de la UE para que estos tres idiomas sean reconocidos como oficiales a nivel comunitario, que es una de las reivindicaciones incluidas en el acuerdo del PSOE con Junts para asegurar la investidura de Pedro Sánchez.

Sin embargo, las reticencias de varios países han hecho que esta negociación siga estancada en el Consejo por las dudas legales, prácticas y financieras que tienen varias capitales respecto al reconocimiento de las tres lenguas. Para superar las dudas, el Gobierno ha propuesto que sea España quien asuma el coste de traducción que supondría la inclusión de estas tres nuevas lenguas como oficiales en la UE.

Según unas estimaciones preliminares de la Comisión Europea la factura ascendería a los 132 millones de euros anuales, pero ello basándose en la experiencia con el gaélico y su uso en todas las instituciones de la UE, por lo que no es extrapolable al uso de catalán, gallego y euskera en las sesiones plenarias.