El Ministerio del Interior ha ejecutado la deportación de otros 25 solicitantes de protección internacional saharauis que, en algunos caso, llevaban un mes en las salas de inadmitidos del aeropuerto de Barajas. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska desoye así la petición del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que abogó por concederles acceso a España mientras se tramitaban sus solicitudes.

Fuentes jurídicas han confirmado a El Independiente que los 25 solicitantes saharauis fueron obligados a subir a un vuelo comercial con destino a Marrakech que partió del aeropuerto madrileño de madrugada. 16 se hallaban en la sala de inadmitidos de la Terminal 1 y el resto en la T4.

"Responsabilizamos al Gobierno español de lo que nos ocurra"

Entre los deportados, figuran Rbab al Tarad Yahi, de 27 años; su marido Mohamed Ali Mohamed Slimani, de 34, y la hija de ambos, Aziza, de año y medio. En conversación con el activista saharaui Taleb Alisalem, Rbab suplicó que le fuera concedida la entrada a España -parte de su familia es asilada en Francia desde hace cuatro años-. “Responsabilizamos al gobierno español de lo que nos vaya a ocurrir si nos entregan a Marruecos”, advirtió en una conversación publicada por la web Contramutis.

“Vinimos aquí pidiendo protección y nos han retenido como si fuéramos criminales. La alimentación es pésima, apenas hay atención médica, Tenemos niños enfermos y la atención sanitaria viene hasta 24 o 48 horas después. Hace frio, hay chinches que han picado a los niños, algunos ya tienen infecciones. Ya puedes estar muriendo o se muere tu niño entre tus manos y nadie te ayuda”, detalló la joven.

La madre de Rbab, Aicha Talbi, se trasladó a Madrid tras la llegada de su hija el pasado 9 de septiembre y trató de acampar en Barajas. Llegó a dirigirse al presidente del Gobierno Pedro Sánchez para pedirle que le dejara entrar en el país.

El pasado viernes Interior ejecutó una orden de expulsión enviando a 16 activistas saharauis en un avión comercial con destino a Marrakech. Los solicitantes fueron obligados a subir maniatados con bridas de plástico y se contrató a una empresa de seguridad marroquí para el vuelo. Dos de los solicitantes fueron detenidos e interrogados por la policía marroquí tras el aterrizaje. Los últimos solicitantes que permanecen en Barajas tienen vuelo de deportación para el próximo 10 de octubre.

Todos los deportados contaban con documentación que acreditaban su origen saharaui -expedida por la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) o por España a través del censo realizado en 1974- y con una recomendación favorable de Acnur para que se autorizase su entrada para que pudieran completar su solicitud de apatridia, paralela a la de protección internacional. Una condición, la de saharaui, que el departamento de Grande-Marlaska ha intentado negar en repetidas ocasiones.

De hecho, en varios de los informes Acnur apostaba por permitirles temporalmente su entrada en España "dadas las limitaciones de los plazos para el procedimiento de apatridia y no siendo factible que se resuelva en un tiempo razonable durante la estancia del solicitante en el aeropuerto". Se apoyaba para ello en una sentencia reciente del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de iniciar un procedimiento de apatridia mientras el solicitante se encuentre en un puesto fronterizo tramitando un procedimiento de protección internacional.

Entre el viernes y el sábado el Gobierno autorizó la entrada temporal en España de dos activistas saharauis que se encontraban en Barajas, quienes podrán permanecer en el país mientras se resuelven sus respectivas peticiones de protección internacional. Uno de ellos es hermano de otro activista saharaui que ya tiene concedido el asilo en España y, aunque en un principio se le denegó la entrada, finalmente la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior ha admitido a trámite su solicitud de protección internacional.