La dirección nacional de Vox citó este lunes en la sede central del partido a todos sus líderes territoriales para abordar la negociación de los presupuestos autonómicos con el PP. Especialmente, en aquellos enclaves en los que los de Santiago Abascal son determinantes. Más tras las salidas de cinco consejos de gobierno y el cese de apoyo externo en Baleares en junio y las mayorías simples de los barones populares, por ello, actualmente. Lo que dificulta su aprobación, dadas las relaciones distantes con el PSOE —que a nivel nacional tampoco encuentra respaldo de Alberto Núñez Feijóo—, en Aragón, en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana, en Extremadura y la Región de Murcia. En el caso balear, las fugas al Grupo Mixto y discordias en el seno de Vox, abren la posibilidad de que el caso de Marga Prohens sea la excepción.

De la reunión dio cuenta el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, bajo la atenta mirada de todos los responsables regionales, reunidos en la sala multiusos de Bambú, que minutos antes acogió el encuentro. La capacidad de encuentro con el PP es complicada. Especialmente por la posición migratoria de Vox, que rechaza las negociaciones de los populares con Coalición Canaria y el Gobierno central de Pedro Sánchez para acordar un modelo de acogida y reparto de menores no acompañados. Un diálogo que, pese a todo, este fin de semana saltó por los aires. Como adelantó El Independiente a mediados de septiembre, pese a que Vox abordará la negociación con un marco general de propuestas que adaptarán sus líderes, fuentes regionales de la formación dan por sentado que el PP no tendrá presupuestos. Lo entienden como una fórmula de presión estratégica [más al respecto en el siguiente enlace].

Precisamente, Fúster presentó tres premisas y diez ejes para abordar esa negociación con el PP, que parte ya con complicaciones. Esas tres premisas radican en la "revisión de las medidas de Vox derogadas o congeladas tras la salida de los gobiernos regionales", caso de la ley de Concordia, por ejemplo en Castilla y León. También "el rechazo explícito y claro de los Gobiernos regionales a las políticas de asentamiento y reparto de ilegales de Sánchez", así como "la apuesta por planes efectivos, ordenados y completos de retorno" dentro de las competencias para "responder a los repartos impuestos y contrarrestar el efecto llamada que alinean la UE y Moncloa".

Hay que recordar que la aplicación de las leyes de Concordia han sido dispares en función de cada comunidad. No se pactó en Baleares, no se presentó proyecto en Aragón aunque sí se retiró la ley de Memoria Histórica regional —está recurrido ante el Tribunal Supremo—, se estudió sin dar el paso legislativo en Extremadura, donde María Guardiola decidió no continuarlo, y se aprobó definitivamente en la Comunidad Valenciana. Allí no se descartan retoques una vez pase el trámite presupuestario, para no descontentar a Vox. En el caso castellano y leonés, se rechazó hace dos semanas su toma en consideración. "Nos es algo solo de Vox, es de los dos, del PP también. Son leyes buenas para los votantes del PP. Las políticas que nos llevaron a los acuerdos de gobierno son buenos para todos", expuso Fúster en rueda de prensa con el ejemplo de Castilla y León.

En Vox creen que las leyes pactadas con el PP para las coaliciones ya rotas son buenas para todos los ciudadanos

Si se superan esas difíciles tres premisas, Vox reclama, en un marco general que sufriría modificaciones dependiendo de la coyuntura de cada región, diez demandas. Reitera la "lucha decidida contra la inmigración ilegal y las políticas de efecto llamada, promoviendo la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales". Solicita la "apuesta por la seguridad ciudadana" y una "respuesta a la ocupación" y "a los empadronamientos ilegales". Las ocho medidas restantes son de carácter económico o de servicios: rebajas fiscales "para todos", medidas "en favor de la familia, la natalidad y el acceso a la vivienda", "avances significativos en la calidad de los servicios públicos". Se pide que el PP haga "recortes del gasto público superfluo", y vuele a señalarse, para ello, a los sindicatos. En este caso sería más propicio llegar a un consenso, pero el peso migratorio es decisivo.

Se insta a una "defensa del campo y el mundo rural frente a las imposiciones verdes". Que se invierta en sanidad con "criterios de sostenibilidad y eficiencia del sistema". Y se recalca específicamente ese fortalecimiento, entre otros, para "proteger la vida". Se replica ese implemento de "la calidad" a la Educación. Y se añade "la derogación de medidas incompatibles con la libertad e igualdad de los españoles". Por último, se pide la "defensa de la unidad e integridad de nuestra nación".

Acreditan la dificultad de alcanzar los pactos

Preguntado el portavoz nacional por la ruptura del diálogo, nuevamente, entre Gobierno y PP respecto a la crisis migratoria, Fúster no consideró ello un elemento clave que torne el escenario del que tendrá que partir la negociación. En Vox insiste en que la disposición a esa negociación sigue patente con el PSOE, como para otros asuntos como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y vuelve a sacar a relucir el término "estafa". "El PP juega a lo mismo", que con esa renovación previa al verano y a la ruptura de los gobiernos.

Vuelven a "hacer un gesto, pero se ponen de acuerdo con el PSOE en todo lo esencial, como para repartirse a los jueces o para las regulaciones masivas de inmigrantes", señaló Fúster, mencionando a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que avanza en el Congreso de los Diputados. El PP pidió ya con sus enmiendas que sea más limitada y con revisión de todos los casos, evitando regularizar a los inmigrantes que cuenten con antecedentes penales y delictivos. "Cualquier gesto que el PP haga con Vox tiene que ser de los presidentes autonómicos", diferenció el portavoz sus cúpulas respecto a la de Génova. Feijóo "les forzó a la ruptura" con Vox. "Si es por parte de los presidentes del PP, seguro que puede haber acuerdos", trasladó Fúster con intención de dividir al partido.

Excarcelación de etarras

En la comparecencia de Fúster, éste fue preguntado por ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la UE. Aprobada ya en el Congreso y trasladada al Senado, con el apoyo, entre otros de Vox, esta incluye una enmienda de Sumar que podría conllevar la rebaja de condenas de hasta 44 miembros de ETA en Francia. Y siete de ellos podrían ser puestos en libertad. Se ha incluido con la eliminación de la disposición adicional única y la reforma del artículo 14.1 de la ley. Así lo adelantó este lunes El Confidencial. Fuentes de Vox dudan de si esto se debe a un error o a una intencionalidad clara, dado que la reforma concreta deja dudas sobre la interpretación.

Fúster respondió que "parece una artimaña jurídica" para "colarnos esa enmienda", "un engaño más del PSOE". De ser un error, esperan que se paralice para "reformular" la norma, dijo el portavoz, algo para lo que tiene potestad el Gobierno. Ni PP ni Vox, tampoco los letrados de los servicios jurídicos parlamentarios se alertaron de el problema de interpretación que puede conllevar a esas rebajas de condena. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pide que se tomen medidas.