El Senado no debate finalmente este martes en el pleno el proyecto de ley sobre intercambio de antecedentes penales, y que permitirá excarcelar antes de lo previsto hasta a 44 presos de ETA. Será más tarde por decisión del PP. Pero no cabe más que eso, que un aplazamiento, porque el Gobierno, que tiene la potestad de retirar cualquiera de sus iniciativas en cualquier punto de la tramitación, no sacará de la circulación este texto. Defiende que no ha habido ningún "engaño" a los populares, porque la redacción es "idéntica", "literal", a la que aprobó el Consejo de Ministros liderado por Mariano Rajoy en 2014. A ellos, a los populares, piden los socialistas que dejen de utilizar de forma "indigna" el terrorismo. Asegurar, como hace Isabel Díaz Ayuso, que ETA "está más fuerte que nunca" es, para el Ejecutivo, un "insulto" a las víctimas de la banda, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la sociedad en su conjunto.

La portavoz gubernamental, Pilar Alegría, tuvo que responder este martes a varias preguntas de los periodistas sobre este mismo asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La titular de Educación se afanó en defender una y otra vez la tramitación parlamentaria del proyecto, de principio a fin, pero en ningún momento explicó por qué Sumar introdujo la enmienda clave, la que permitirá convalidar a los presos etarras las penas que cumplieron en otro país. En cualquier caso, el Ejecutivo la asume como propia y no retirará el texto, que ahora se halla en el Senado.

El Ejecutivo se agarra al informe del Consejo de Estado de diciembre de 2013, que obviamente es anterior a las enmiendas de Sumar en el Congreso

Alegría insistió en que no ha habido "ni despistes ni errores" por parte del PP, que ahora asegura sentirse "engañado" por el Ejecutivo. El proyecto de ley, explicó, emana de la trasposición de una directiva europea (2019/884), "indiscutible", sobre intercambio de información de antecedentes penales. La ministra se agarró a que el Consejo de Estado avaló "por unanimidad" la redacción en su informe de 16 de diciembre de 2013, en sus páginas 53 y 54. Pero ese dictamen, de diciembre de 2013 [el Ejecutivo primero dijo que era de 2023], obviamente era anterior a las enmiendas que presentó Sumar en el Congreso —de junio de 2024— y que fueron aceptadas por los grupos en ponencia, comisión y pleno sin críticas. La portavoz también se refirió a la cuestión prejudicial que elevó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la Audiencia Nacional el pasado 3 de enero de 2024, donde advertía de la necesidad de "adaptar la normativa europea" —y donde se formulaba también la necesidad de "evitar la proporcionalidad de las penas en el castigo de los delitos, cuando existen sentencias extranjeras concomitantes"—.

El proyecto, dijo Alegría, ha sido "debatido, hablado, dialogado en ponencia, comisión y pleno del Congreso por unanimidad", y luego en el Senado no hubo ni enmiendas ni vetos. "Es más", recalcó una y otra vez, la enmienda de Sumar que tendrá como efecto práctico el acortamiento de las penas a los presos etarras es "literal", "idéntica" al texto que aprobó el Consejo de Ministros de Rajoy en 2014. "El PP no puede decir que no sabía lo que estaban votando. Claro que lo saben. Es el mismo texto". La ministra pidió al PP así que "deje de engañar y de mentir". "Aquí no hay ningún tipo de error, aquí no hay ningún tipo de fallo".

El PP no puede decir que no sabía lo que estaban votando. Claro que lo saben. Es el mismo texto". "Aquí no hay ningún tipo de error ni fallo", señala Alegría

Lo que ocurrió en 2014 es que el Ejecutivo de Rajoy aprobó ese mismo texto que recogió la enmienda de Sumar, pero después el Grupo Popular en el Senado lo corrigió para impedir que los condenados antes del 15 de agosto de 2010 pudieran descontarse años de pena, lo que claramente afectaba a los presos de ETA que habían cumplido condena en Francia antes de ser entregados a España. Fuentes del Ejecutivo aseguraban que si entonces el PP se echó atrás fue por la presión que recibió, pero que Rajoy "sí sabía lo que hacía", y que lo que cuenta es lo que salió del Consejo de Ministros de 2014, porque ese texto es el que descubría las intenciones del Ejecutivo, texto que es el que repone ahora, alegan, la enmienda de Sumar. Pero la Moncloa lo que no explica es por qué decide introducir ese cambio, que no estaba en su proyecto de ley original remitido al Congreso.

Informe remitido al Gobierno por el Consejo de Estado el 16 de diciembre de 2013Descarga

"Ya vale"

Alegría se detuvo sobre todo en la crítica política al PP. Recordó que ETA desapareció ya hace 13 años, "una victoria de toda la sociedad española y la democracia en nuestro país". "Ya vale, hay otras formas para hacer oposición. Es indigno", condenó con fiereza.

Bolaños llama a Gamarra para preguntarle por el "inesperado cambio de opinión del PP", porque avaló el proyecto en todas sus fases y los informes "eran públicos y sobradamente conocidos"

La portavoz se refirió a las "declaraciones muy graves e indignas" de distintos dirigentes populares. En particular, de la presidenta madrileña, que este martes aseguró que ETA está "más fuerte que nunca". "Cuando una se atreve a decir, después de 13 años que ha desaparecido ETA, que está más fuerte que nunca, está insultando a los jueces, a los fiscales, a la sociedad en su conjunto. Esas palabras solamente las puede pronunciar alguien que no ha aportado ni lo más mínimo para que ETA acabara", reprochó Alegría. Para ella, las palabras de Ayuso, de Alberto Núñez Feijóo —que habló de "indignidad", del uso de "una treta parlamentaria de enorme bajeza moral" por parte del Ejecutivo— son un "insulto" a las víctimas del terrorismo, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Policía y la Guardia Civil, y a la "sociedad en su conjunto".

"Exijo al PP que deje de usar de esa manera tan partidista y tan obscena" aquello que "tanto daño hizo al pueblo español", clamó Alegría. "Es absolutamente indignante", y si el PP lo hace, agregó, es para "tapar su vacío de propuestas, su vacío de proyectos y su vacío de liderazgo".

Por la tarde, el Gobierno informó de que el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, llamó a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para contestar su mensaje sobre la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. El ministro, según indicaron fuentes de la Moncloa, le preguntó por el "inesperado cambio de opinión del PP", un "súbito" viraje que entienden "difícil de explicar" ya que la norma "sirve para aplicar el Derecho europeo en España", porque en el Congreso, el PP "votó a favor de la ley como el resto de los grupos y, en el Senado, no presentó ninguna enmienda", la ley "viene respaldada por un dictamen favorable del Consejo de Estado" y hay "una cuestión prejudicial de la Audiencia Nacional que ya duda sobre la adecuación de nuestra legislación vigente al derecho comunitario". Todos estos textos, alegan fuentes próximas al ministro, "eran públicos y sobradamente conocidos". "Es imposible que el PP no los conociera y, por lo tanto, es exclusivamente a este partido a quien le corresponde dar las explicaciones pertinentes por su cambio de opinión".