Llegado este punto, nada puede impedir que algunos de los etarras más sanguinarios, aquellos con largas condenas y sin ningún viso de arrepentimiento, puedan ver acortadas sus penas si han sumado años de prisión en Francia. La enmienda a la ley de intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la UE, que introdujo Sumar, será una realidad en breve, no este martes, que iba a pasar por su último trámite en el Senado, puesto que los populares acordaron retirar este proyecto de ley del orden del día. Pero no irá muy lejos. Como tarde se votará la próxima semana. Son 20 días máximos con los que cuenta el Senado para tramitar la ley al ir con carácter urgente.

Fuentes jurídicas y políticas del Parlamento coinciden en lo mismo, esto es, que solo se puede revertirse esa reforma con otra ley pero, en el interín, los afectados se acogerán a la que más les beneficie, como pasó, por ejemplo con la ley del "sí es sí". Y nada puede remediar ya su aprobación y publicación en el BOE. La última votación en el Senado "es irrelevante a efectos jurídicos", admiten fuentes de la Cámara Alta, pues se trata sólo del posicionamiento sobre el dictamen. Explican que el Senado "no aprueba leyes" en segunda vuelta, sino que su papel es "enmendarlas o vetarlas" y no ha hecho ni una cosa ni otra en su tramitación parlamentaria por el palacio de la Marina Española.

Dudas sobre si el Gobierno puede retirarla ya

Asimismo se ha abierto un debate en torno a la posibilidad de que Moncloa, en caso de tener voluntad política, la retirase. El artículo 127 del Reglamento del Senado señala que los proyectos de Ley presentados por el Ejecutivo pueden ser retirados por éste "en todas las fases del procedimiento anteriores a su aprobación definitiva por la Cámara", pero el texto ha salido del ámbito del Ejecutivo al legislativo porque el Congreso la ha aprobado sin que el Senado haya objetado nada. Los populares insisten, no obstante, en que Moncloa y el PSOE tienen potestad para "parar este despropósito". Será interesante saber qué dice hoy el Gobierno en la rueda de prensa que sigue a la reunión del Consejo de Ministros.

Las luces de alarma se les encendieron a los populares el pasado viernes, pero hubo juristas que no interpretaron sus efectos del mismo modo que lo hizo El Confidencial este lunes, medio que adelantó la noticia aunque ya no se podía hacer nada al respecto. "Es una interpretación posible, pero hay otras sensibilidades en el mundo de la justicia que no lo consideran así", dicen fuentes de Génova a El Independiente. En todo caso, son conscientes de que el foco se gira hacia ellos y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, telefoneó a la presidenta de la AVT, Maite Araluce, para disculparse.

Vía de la proposición de ley

En el Grupo Parlamentario de la Cámara Baja, capitaneado por Alicia García, "estamos estudiando todas las posibilidades jurídicas, políticas y parlamentarias" para intentar desactivar este reforma. De momento, acordaron ayer retirar del orden del día el proyecto de Ley Orgánica, pero la sensación generalizada es que poco o nada se puede hacer para impedir que entre en vigor más allá de afear al Gobierno que ocultara su intencionalidad política, esto es, si hubo voluntad de engaño por su parte para dar satisfacción al que es su socio más leal, esto es, Bildu. No descartan la vía de la proposición de ley para intentar frenar los efectos de la reforma sobre más de 40 etarras que han pasado algunos años de prisión en Francia y se pueden descontar ahora esa pena.

Vox contactó al PP para instarle a ese aplazamiento

Este lunes, desde la dirección nacional de Vox hubo intentos para contactar con la cúpula popular e instarles a aplazar el debate. Ambos partidos admitían el error al haber votado afirmativamente y obviado el contenido de esta enmienda de Sumar. Según fuentes de la dirección nacional, en torno al mediodía fue imposible conversar, por el desarrollo del tradicional comité de dirección popular que organiza la semana. Y se aplazaba para "más tarde" un reintento del que se desconocen más detalles. Desde Vox instaban al PP a cancelar el asunto del orden del día y fijarlo la semana que viene.

En concreto, la demanda de los de Santiago Abascal radicaba en que el PP desplazase la fecha de debate y votación para consultar al Gobierno en la sesión de control del miércoles, al menos al presidente Pedro Sánchez, y confirmar si por parte de los socialistas el aval de esa enmienda se debe a un error involuntario o se ha hecho a conciencia. "Sánchez viene diciendo que no va a haber beneficios a los presos de ETA. Queremos preguntarle si está de acuerdo con una enmienda que va a bajar seis años de cárcel al asesino de Miguel Ángel Blanco", Txapote. "Si dice que sí, el PP, Vox y UPN no podemos hacer nada, no hay mayoría posible si el PSOE no quiere pararlo", y tampoco para rectificarlo a posteriori, advierten fuentes nacionales de Vox.

Vox no ve alternativa para pararlo con PP y UPN si el PSOE no está dispuesto posteriormente con una ley

Este martes ya habló el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, reduciéndolo a la aplicación de una directiva europea y desligándolo a los presos de ETA: "No tiene nada que ver". Lo que Bolaños no apuntó es si el Ejecutivo era conocedor de esta derivada con la adaptación del texto y la enmienda de Sumar, como deja en el aire tanto el PP como Vox. Tampoco valoró la posibilidad de que se den computaciones de pena y si ello al Gobierno le parece positivo o negativo.

Sortear informes preceptivos

La teoría que manejan dentro de Vox es que el Ejecutivo quiso evitar polémicas públicas y sorteó introducir la enmienda de Sumar en el proyecto de ley de forma inicial. Recién consensuada en el Consejo de Ministros, donde cohabitan socialistas y magentas. Que Sumar presentase a posteriori una enmienda que podría haber incluido a través de sus ministros en Moncloa hace sospechar a los de Abascal, que sugieren que se trata de un acto asumido a conciencia para sortear una advertencia desde organismos consultivos como el Consejo de Estado, a través de un informe preceptivo.

A diferencia de las proposiciones de ley, los proyectos deben someterse a esta institución sin excepciones. Por lo que creen que el PSOE era claro conocedor de las consecuencias de lo que aprobaban y evitaban "llamar la atención" con una publicación desfavorable como ocurrió con la amnistía y, anteriormente, con la ley de garantía integral de libertad sexual. Entonces, fue el CGPJ quien advirtió de que la norma permitiría revisiones a la baja. El Consejo de Estado no entró a valorar ese escenario en su informe. "Cuando el Gobierno aprobó el sí es sí sabían de las consecuencias" porque cuentan con los mejores "servicios jurídicos" y "se pasan millones de filtros", aprecian en Vox, que equiparan esa situación al caso actual. También lo vinculan a otro consenso más con EH Bildu, camuflado, para la investidura de Sánchez hace casi un año, que se sumaría a "la retirada de la Guardia Civil de Navarra o la derogación de la ley mordaza".

En las filas de Vox califican de "vergonzoso" e "intolerable" que el PSOE, al conocerse esto, no de un paso y retire la legislación. Algo que puede hacer en cualquier momento antes de que pase al Boletín Oficial del Estado. Como ocurrió recientemente con la ley de Suelo ante el vértigo de que Junts tumbase la iniciativa. Es necesario que esto "vuelva para atrás al inicio de la tramitación", algo que requeriría una nueva presentación del proyecto con sus pertinentes primeros pasos legislativos, solicitan. De no procederse así y salir hacia delante, ven limitada su capacidad de acción a la protesta pública y la denuncia permanente. En todo caso, los populares, al superar los 50 escaños en el Congreso, sí podrán ir más allá y recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional. Allí ya duerme el recurso contra la amnistía. Hoy se debate la posible recusación del presidente del Tribunal Cándido Conde-Pumpido.