El Grupo Popular del Senado se limitó a dar trámite al proyecto de ley que, supuestamente, sólo adoptaba una directiva europea de armonización en materia de cumplimiento de penas de prisión en el ámbito de la UE y que llevaba, como carga de profundidad, una enmienda que permite a los etarras más sangrientos restarse los años de penas que hayan podido cumplir en Francia. No se encendió ninguna luz de alarma porque el texto llegó a los populares del Senado "con la indicación expresa del Grupo del Congreso de que ni se enmendaba ni se vetaba y que, además, venía con el voto unánime de la Cámara Baja", según revelan fuentes populares a El Independiente.

Explican los medios consultados que esta es una práctica habitual para no incurrir en incoherencias de estrategia, de modo que el Grupo Popular del Senado no cuestiona las decisiones del Grupo Popular en la Cámara de la carrera de San Jerónimo. Y así se hizo. No hubo enmiendas ni vetos, lo que implica que el texto, de facto, ya está aprobado, por mucho que se haya retrasado el pleno senatorial para el lunes de la semana que viene donde se votará el posicionamiento de los Grupos Parlamentarios, esta vez con el rechazo de la mayoría absoluta del PP, pero sin efectos reales.

Incluso miembros de la dirección del Grupo Popular del Senado aseguran que no tuvieron conocimiento del contenido de las enmienda de Sumar hasta que estalló la polémica tras una información de El Confidencial. Descargan así la responsabilidad de lo sucedido en el Grupo Popular del Congreso, capitaneado por Miguel Tellado. El Independiente reveló que Génova tampoco advirtió la supuesta gravedad de lo aprobado hasta el viernes, pero sus juristas cuestionaron que los etarras pudieran beneficiarse de un acortamiento de penas restando sus años de prisión en otros países de la UE. De hecho, sus asesores parlamentarios tampoco debieron detectar nada y esa es otra de las autocríticas que muchos hacen internamente.

También están los tres diputados que participaron en el debate de la ponencia. Se trata de María Jesús Moro, José Manuel Velasco y Rafael Belmonte. Pero la cadena de errores afecta también a la portavoz adjunta que lleva los temas de Justicia, en alusión a Cayetana Álvarez de Toledo y al coordinador de comisiones del Congreso, Álvaro Pérez. Los tres primeros pusieron ayer su cargo a disposición del portavoz del Grupo, Miguel Tellado, según él mismo reveló anoche en Onda Cero, aunque se rechazó estas dimisiones.

Llegado este punto, no hay vías intermedias. Ni el Gobierno va a retirar el proyecto de ley, como dejó ayer claro la ministra portavoz, Pilar Alegría, -cosa que, quizá, tampoco a estas alturas podría hacer- ni tampoco salió adelante la propuesta que el PP elevó a la Junta de portavoces del Senado para que, de forma unánime, todos los grupos acordaran la retirada de las enmiendas de Sumar conforme al artículo 125 del Reglamento.

El Senado, con mayoría absoluta del PP, está intentado agotar todas las vías posibles para hacer descarrilar el texto, a pesar de que vino del Congreso con todas las bendiciones y pasó por ponencia y comisión. En todo caso, el voto en contra del PP no hubiera impedido la aprobación del proyecto de Ley. El margen de maniobra en la Cámara Alta es muy estrecho y, al final están corriendo con el desgaste de intentar enmendar la situación. Uno de los pocos consuelos que le quedan al primer partido de la oposición es que "también se la colaron a Vox. Si sólo hubiéramos sido nosotros habría sido una catástrofe".

Núñez Feijóo culpa al Gobierno "de esta indignidad"

El líder del PP reiteró ayer la petición de disculpas. Ya habló el lunes con la presidenta de la AVT, Maite Araluce, que lamentó que la reforma de la ley "no tiene marcha atrás". Alberto Núñez Feijóo aprovechó un acto sobre su ley de Conciliación para conminar al Gobierno a que evite la rebaja de penas. "Apelo -dijo- a la conciencia de todos los socialistas. Están a tiempo de ahorrarse tener que agachar la cabeza para no mirar a los ojos a las familias de los asesinados". Y agregó que si el PSOE "mantiene esta indignidad, será el único responsable ante la historia". Hoy durante su cara a cara parlamentario con el presidente del Gobierno, le insistirá en que retire al menos la enmienda que hará posible que el asesino de Miguel Ángel Blanco, Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, sea excarcelado el año que viene en lugar de en 2031.

La conversación de ayer entre el titular de la Presidencia y la secretaria general del PP, Félix Bolaños y Cuca Gamarra, respectivamente, no ayudó a aunar posiciones. El ministro reiteró que no van a retirar la ley y preguntó a su interlocutora por el "inesperado" cambio de opinión del PP. Tras recordar el periplo parlamentario de este texto, apeló, según fuentes del Ministerio, a que la ley venía respaldada por un informe favorable del Consejo de Estado, aunque sin la enmienda que incluyó posteriormente Sumar. "Es imposible que el PP no conociera" el contenido del proyecto dado que los documentos "eran públicos" y deben ser los populares "los que expliquen por su cambio de opinión".

Sumar cuestiona que el PP no supiera lo que estaba votando

El socio gubernamental del PSOE también se suma a esta tesis. Niegan la mayor, convencidos, dicen, de que el primer partido de la oposición conocía perfectamente lo que estaba votando y que sólo la polémica suscitada les ha hecho dar un paso atrás, ya inútil. Niegan los magentas cualquier tipo de connivencia con Bildu, a pesar de ser una reivindicación histórica del entorno etarra para acortar las penas de los terroristas aún en prisión, y que sólo se trata de "derechos humanos".