Es oficial. El guardia civil Jacobo Barchín ha recibido el comunicado que tanto deseaba no leer nunca. Este martes le comunicaron que pasaba a situación de retiro por su discapacidad. El agente se quedó en silla de ruedas en 2020. Llevaba años luchando para que el Instituto Armado y el Ministerio de Defensa le adaptase un puesto a su circunstancia.

El 2 de diciembre de 2020, Jacobo Barchín tuvo un accidente de bici. Las lesiones le produjeron una lesión medular incompleta en la vértebra dorsal 12 que le dejó en silla de ruedas. Llevaba siendo agente de la Benemérita cinco años, especialziado en seguridad ciudadana. Desde ese día tiene una lesión del 70%, pero sólo de cintura para abajo. Puede andar distancias cortas y ponerse de pie. Puede trabajar detrás de un mostrador o en un despacho. La Guardia Civil opina que no, y ahora le ha mandado al retiro.

La noticia ha sido un mazazo para él y para Raquel, su mujer. Cuando El Independiente publicó por primera vez su historia, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se puso en contacto con el anterior director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. Este aseguró que iba a trabajar para que Jacobo no se quedase en la calle. Incluso se "comprometió" a cambiar la legislación por carta. Lo que no dijo es que días antes de esa carta había firmado la propuesta para declarar la incapacidad permanente del guardia civil, según la documentación consultada por este periódico.

Las razones que le han dado a Barchín son de "inutilidad para el servicio". El agente, que está en tratamiento para mejorar su movilidad, esgrime que todavía podía ser util para el Cuerpo. En oficinas o de cara al público, su silla de ruedas no era impedimento para poder trabajar. Sólo necesitaba un espacio habilitado para ello. Y una voluntad que no ha llegado.

Últimas alegaciones

La mujer denuncia que no se han tenido en cuenta las últimas alegaciones de Jacobo. Ni tampoco que el perito que le examinó dijo que podía trabajar en labores de oficina. Afirma que "existe legislación estatal y la propia interna de la Guardia Civil donde ampara a Jacobo para concederle el apto con limitaciones". Nada ha servido.

En la actualidad se está trabajando para modificar el artículo 49.1 del estatuto de los trabajadores. El objetivo es que no se despida automáticamente cuando a una persona le sobreviene una discapacidad. "Es cierto que los funcionarios tienen otro estatuto, pero sería más discriminatorio que no se les incluya", afirma Raquel.

La idea de la pareja es seguir peleando hasta el final. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y su servicio jurídico le han prestado toda la ayuda durante estos casi cuatro años. El siguiente paso, "que por supuesto vamos a dar", es ir a juicio por la vía contencioso-administrativa.

Sin precedentes

Ni Jacobo ni AUGC conocen un caso en la Guardia Civil de un agente en activo en silla de ruedas que esté declarado apto con limitaciones, que es lo que piden para él. Donde sí lo hay, paradójicamente, es en el Ejército de Tierra. La soldado Isabel Fernández tuvo un accidente en 2015 que la obligó a moverse en este vehículo individual en la academia de infantería de Toledo.

Desde que salió del hospital a principios de 2022, Jacobo y Raquel viven de alquiler en Barraca de Aguas Vivas, en el municipio de Alcira. Al estar de baja médica, él ingresa unos 300 euros menos que su nómina oficial. Ella está sin trabajo y sin paro. Tenía que entrar a trabajar a un supermercado el mismo día que su entonces novio tuvo el accidente. No pudo coger el trabajo.

Raquel todavía no ha vuelto a trabajar, pero eso puede cambiar en breve. Está pendiente de incorporarse a un nuevo puesto el próximo día 18. Unos ingresos que de seguro les ayudarán a sobrellevar la decisión de la Guardia Civil mientras esperan el camino judicial para que Jacobo vuelva a ponerse el uniforme.