El Gobierno no va a dar marcha atrás. Ni abjura de unas enmiendas del grupo parlamentario de Sumar a su proyecto de ley de intercambio de información de antecedentes penales, enmiendas que a la postre permitirán que puedan ser excarcelados antes de lo previsto hasta 44 presos de ETA. Pero la Moncloa no quiere entrar al fondo, no quiere explicar qué le llevó a impulsar la tramitación de esos cambios, ni detallar sus consecuencias, ni si medió un diálogo con Bildu, aunque el PSOE sí se ha metido algo más en harina. Por el momento, el Ejecutivo solo mira al PP y le reprocha que ponga ahora el grito en el cielo cuando no puso objeciones en todo el trámite parlamentario y avaló las modificaciones sin problemas. Dirige la presión a los populares, que la tienen de suyo por los errores cometidos en cadena, pero rehúsa hacer pedagogía de su propia reforma. Una reforma que dentro de poco estará en el BOE: solo falta que se reúna el pleno del Senado el próximo lunes, pero aunque el PP votara en contra, daría igual, dado que el proyecto no recibió ni vetos ni enmiendas por la Cámara alta, así que se entendería aprobado ya por las Cortes Generales. La aprobación, dado que el Gobierno no retirará la iniciativa, es ya imparable.

En realidad, hasta que El Confidencial se hizo eco de los cambios introducidos en el proyecto de ley de intercambio de información sobre antecedentes penales, el texto había pasado sin pena ni gloria en las Cámaras. Como ocurre habitualmente con las trasposiciones de directivas europeas. Esta era "indiscutible", señaló tras el Consejo de Ministros de este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, porque además se aprobó por los populares en Europa.

El Gobierno se apoya en un informe del Consejo de Estado de 2013, 11 años anterior a las enmiendas de Sumar, y a la cuestión prejudicial de la Audiencia

La ministra adujo, para sostener su argumentación, que la reforma que ha salido adelante —solo queda el pleno del Senado del próximo lunes, 14 de octubre— tiene una redacción "idéntica", "literal" a la que aprobó el Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy dio en 2014. También que el Consejo de Estado avaló ese texto en un informe fechado el 16 de diciembre de 2013 (no en 2023, como dijo inicialmente), nada más y nada menos que 11 años antes de las enmiendas de Sumar, registradas en junio de 2024. La portavoz también apuntó el hecho de que la Audiencia Nacional elevó, el 3 de enero de 2024, una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para preguntarle por las "posibles medidas correctivas" que evitasen la "falta de proporcionalidad de las penas en el castigo de los delitos, cuando existen sentencias extranjeras concomitantes".

Después, Alegría se detuvo en el itinerario parlamentario de la iniciativa del Gobierno: el texto fue "debatido, dialogado y votado" en el Congreso y no hubo objeciones. La ponencia se aprobó por mayoría, el dictamen de la Comisión de Justicia, por el voto a favor de todos los grupos y la única abstención de los tres diputados de Vox —que simplemente justificaron su posición como señal de protesta contra un Gobierno "presidido por un autócrata", Pedro Sánchez—. Y en el pleno, el 18 de septiembre, el texto se aprobó por unanimidad, por 346 votos a favor. No votaron, de hecho, el presidente y su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el parlamentario de Sumar Gerardo Pisarello.

El dictamen se aprobó en comisión con el voto a favor de todos los grupos y la abstención de Vox y, en pleno, por unanimidad, con 346 síes

Lo ocurrido ha desatado una formidable bronca política y ha abierto la caja de los truenos en el PP, que insta al Ejecutivo a retirar la iniciativa. La Moncloa, a su vez, desea que la tormenta continúe en Génova, que descargue sobre Feijóo, aunque a la vez su forma de asumir la reforma, que acaba con una excepcionalidad penitenciaria vigente durante 10 años, delata su incomodidad con un tema delicado.

De hecho, tras recibir un mensaje de la número dos de los conservadores, Cuca Gamarra, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, tiró de teléfono. Llamó a la dirigente para preguntarle por el "súbito" e "inesperado cambio de opinión" en el PP, "difícil de explicar", porque la norma "sirve para aplicar el Derecho europeo en España"; porque en el Congreso los populares apoyaron la ley, como hicieron el resto de grupos, y en el Senado no presentaron ni vetos ni enmiendas; porque la ley viene respaldada por un informe del Consejo de Estado de 2013, y por la presentación, por parte de la Audiencia Nacional, de una cuestión prejudicial al TJUE sobre la "adecuación de la legislación vigente al Derecho comunitario".

Bolaños llamó a Gamarra para preguntarle por su "inesperado" viraje: "Es imposible" que el PP "no conociera" los cambios, no ha habido "ni despistes ni errores" por parte de los populares

Todos ellos, indicaban fuentes de la Moncloa, textos "públicos y sobradamente conocidos". "Es imposible que el PP no los conociera y, por lo tanto, es exclusivamente a este partido a quien le corresponde dar las explicaciones pertinentes por su cambio de opinión", remataban desde el equipo de Bolaños. "No ha habido ni despistes ni errores por parte del PP", argumentaba horas antes Alegría, "que deje de engañar y de mentir". Para la portavoz, la "utilización partidista" del terrorismo por parte del PP, 13 años después de la desaparición de ETA, es "absolutamente indigna", y lo hace, señaló, para "tapar su vacío de propuestas, proyecto y liderazgo".

Texto remitido por el Congreso al Senado del proyecto de ley de intercambio de información de antecedentes penalesDescarga

De 2014 a 2024

Alegría no quiso entrar ni en la gestación de la enmienda de Sumar, ni en cómo esta reforma legal supondrá la excarcelación anticipada de etarras que cumplieron parte de su condena en Francia y luego fueron entregados a España. En definitiva, no defendió los cambios. Se limitó a mirar al PP. Fuentes de la Moncloa insistían en que lo que ahora se aprueba es la misma redacción que Rajoy dio a la trasposición de la directiva en 2014, que eso era lo importante, y que si luego la formulación se cambió durante su tramitación parlamentaria en aquel año se debió a que cedió a la presión.

El Ejecutivo de Rajoy redactó el artículo 14 de la ley con la misma redacción que las enmiendas de 2024 de Sumar, pero la cambió 'in extremis' en el Senado, donde introdujo una disposición adicional clave

Porque, ¿qué pasó en 2014? El Gobierno de Rajoy redactó un artículo 14 del proyecto de ley orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales que trasponía (con mucho retraso) la decisiones marco 2008/675/JAI del Consejo, y 2009/315/JAI. El texto salido del Consejo de Ministros tuvo en cuenta las recomendaciones del informe del Consejo de Estado —el máximo órgano consultivo del Gobierno— de diciembre de 2013.

El texto siguió su curso pero en el Senado, en el último minuto, por tanto, el Grupo Popular introdujo varias enmiendas que se incorporaron y que hoy están vigentes. Enmiendas que tocaban el artículo 14 y que añadían una importante disposición adicional única, por la que se decía que "en ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación" de la ley las "condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010". Esto hacía que la mayoría de presos de ETA que comenzaron a cumplir condena en Francia no pudieran descontarse esos años en la cárcel al ser entregados en España. Es decir, que no podían beneficiarse de la conmutación o convalidación de penas. Se ponía la fecha del 15 de agosto de 2010 porque esa era la fecha límite de transposición de la decisión marco.

¿Qué pasó después? Que la aprobación de la directiva comunitaria 2019/884, del Parlamento Europeo y del Consejo, modificó la decisión marco 2009/315/JAI. Dicho de otro modo, que el cambio en la regulación en la UE obligó al Gobierno a cambiar la legislación interna, a trasponer las novedades ordenadas por Bruselas. En el texto que el Ejecutivo de Sánchez mandó al Congreso, en marzo de 2024, no se tocaba el artículo 14 de la ley de 2014 ni la disposición adicional única introducida in extremis entonces el Senado. Pero tres meses después, las enmiendas registradas por Sumar (y no el PSOE) sí que modificaban el artículo 14 —devolviéndolo a la redacción original que le dio el Ejecutivo de Rajoy diez años antes— y derogaban la disposición adicional única. En los debates en comisión y en pleno en el Congreso, y ahí están los Diarios de Sesiones, nadie advirtió de que esos cambios podrían beneficiar a presos de ETA, acortándoles las penas. No los defendieron ni el PSOE ni Sumar, que aplicaron discreción máxima para no levantar la liebre, pero tampoco aludieron a ellos los parlamentarios de PP o Vox.

En los debates, nadie advirtió de las consecuencias de los cambios. Ni PSOE ni Sumar, pero tampoco PP o Vox. Los populares se quejaron de la tardanza del Gobierno en trasponer la directiva

El informe de la ponencia se aprobó el 31 de julio y todos los diputados participantes, como suele ser habitual, firmaron "haber estudiado con detenimiento" la iniciativa, "así como las enmiendas presentadas". Por cierto, se asumieron todas las enmiendas registradas, salvo una de Sumar, otra de Junts y otras dos de Podemos. El dictamen de la Comisión de Justicia se visó el 10 de septiembre, y el pleno del Congreso ya dio el visto bueno al texto unos días más tarde, el 18 de septiembre. El diputado popular José Manuel Velasco señalaba ese día que lo que llegaba al hemiciclo era una "simple trasposición de una directiva que en el proceso previo al llegar a la Cámara ha tenido más observaciones técnicas que enmiendas". Era una directiva, añadió, que "debería haber sido traspuesta hace dos años", que llega "con dos años de retraso cuando era una cosa relativamente sencilla". En el Senado, no se registraron ni enmiendas ni vetos por parte de ningún grupo, así que el texto pasó directamente a deliberación al pleno, que lo verá el próximo 14 de octubre, cuando estaba previsto que fuera este martes, día 8, antes de la fabulosa tempestad política.

"No vale recurrir ahora"

Los argumentos que daba la Moncloa este martes, por tanto, eran ciertamente débiles, porque el Consejo de Estado emitió su informe en 2013, 11 años antes de las enmiendas de Sumar, y la prejudicial de la Audiencia Nacional a la que aludía también era previa a esos cambios propuestos por el socio minoritario del Ejecutivo.

Patxi López sí se adentra en las razones: el cambio acaba con la excepcionalidad penitenciaria, no introduce "rebajas de penas". Dice entender la "sensibilidad" de las víctimas del terrorismo

El portavoz parlamentario socialista, Patxi López, sí hizo en cambio más pedagogía de lo aprobado. De lo que significaba. En rueda de prensa en el Congreso, recalcaba que no supone "rebajas de penas" ni a presos de ETA ni a otros encarcelados, sino de corregir la "falta de proporcionalidad" de las condenas "cuando existen sentencias extranjeras concurrentes". El proyecto, alegó, es "una pieza fundamental de lo que es la colaboración y la cooperación de la justicia europea" que "faltaba por trasladar" a España y "dejaba a los ciudadanos españoles en condiciones de desigualdad". "Trasponemos esa directiva europea que cubre ese déficit y se ha hecho aquí también por unanimidad. Incluso el Partido Popular llegó a decir en la tribuna del Congreso y llegó a acusarnos de llegar tarde a hacerla. No vale recurrir ahora", protestó López, informa EFE.

El dirigente socialista recordó que el texto ha estado en tramitación seis meses y solo recibió 13 enmiendas (contenidas en 14 páginas), "y no cientos como para haberse perdido". Él sí que habló de las víctimas, dijo entender su "sensibilidad y emotividad en este momento". "Todo lo que se ha hecho [por las víctimas del terrorismo] lo ha hecho un Gobierno socialista, nada por el Partido Popular". López pidió a los de Feijóo que "dejen de jugar con los sentimientos" de las víctimas, que no diga que "se excarcela a no sé quién sin haber cumplido la pena, porque no es verdad: la cumplen". Lo que se hará es que no cumplan una pena desproporcionada.

La Audiencia consultó al TJUE si tiene sentido que la etarra 'Anboto' pueda llegar a cumplir 50 años de prisión efectiva real si no se refunden sus condenas en Francia y en España en una sola pena

Eso es lo que esgrime, de hecho, la cuestión prejudicial de la Audiencia Nacional. En un auto dictado por la Sección Segunda de lo Penal el 26 de octubre de 2023, formulaba al TJUE una consulta sobre el procedimiento que afectaba a la exjefa de ETA Soledad Iparragirre, Anboto. Ella cumplió 20 años de cárcel en Francia y tendría que cumplir, "con suma probabilidad", otros 30 más en España por un atentado contra un cuartel de la Policía en Oviedo en 1997. Es decir, tendría un "mínimo de cumplimiento de 50 años de prisión efectiva real" si no fuera posible "refundir las condenas refundidas en Francia y la refundidas en España en una sola pena limitada temporalmente". El TJUE aún no ha contestado.

"Lo que tienen que hacer es espabilar"

El PSOE no ha contado por qué cree necesario el cambio ahora, aplicado con total discreción. Sumar sí que ha defendido con claridad sus enmiendas. Su portavoz en cuestiones de Justicia e Interior, Enrique Santiago, ya dijo el lunes que lo que se buscaba era corregir una discriminación. Y este martes, el diputado Gerardo Pisarello advertía de que "no es creíble que el PP no supiera lo que votaba". No lo cree porque es una formación que cuenta con "abogados de Estado y juristas" y que "cuando no quiere que pase una cosa, no la permite". "El PP está haciendo mucho escándalo hoy porque no sabe dónde esconderse o no quiere explicar la verdad", sostuvo. Para el parlamentario de Podemos Javier Sánchez Serna, no es comprensible la polémica por una "simple trasposición" que persigue homogeneizar el cumplimiento de las penas de cárcel en todos los países de la UE, por lo que "si a los diputados de derecha les parecía mal, lo tenían que haber dicho en ese momento". "Si no saben hacer su trabajo, pues lo que tienen que hacer es espabilar", remachó.

Bildu subraya que no pactó nada con el Gobierno ni pidió "nada": "La enmienda ya la presentó Unidas Podemos en 2021. Nosotros ni siquiera registramos ninguna enmienda esta vez"

El grupo de Yolanda Díaz subraya que sus enmiendas eran enteramente suyas. El PSOE no entra al fondo y no dice si medió o no pacto con Bildu. La formación de la izquierda abertzale, por su parte, niega tajantemente que tuviera algo que ver. "Nosotros no pedimos nada. Porque además esta enmienda ya la había presentado Sumar, cuando era Unidas Podemos, en mayo de 2021", argumentan a este diario desde el grupo, donde en efecto remiten a la proposición de ley presentada por los morados hace tres años, con el mismo propósito que las enmiendas de Sumar. "Es que nosotros ni siquiera registramos ninguna enmienda al proyecto de ley del Gobierno —continúan explicando en Bildu—. Esto llevaba pendiente desde hace años. Esta legislación lleva en vigor más de una década en diferentes Estados europeos. La anomalía, la excepción, era precisamente España. La pregunta es por qué Rajoy metió esa excepción. Lo que se hace ahora es revertirlo".

Este miércoles, Sánchez comparece en el pleno del Congreso para hablar del drama migratorio. Pero nadie duda, porque el PP ya lo ha avanzado, que ETA regresará al hemiciclo. Esta vez a través de unas enmiendas de Sumar que el PP no objetó en ningún momento y que la Moncloa avala aunque no entre a explicar su contenido.