El pleno del Congreso de este miércoles incorporaba expresamente la comparecencia del presidente sobre las políticas migratorias del Gobierno, y en ello se explayó Pedro Sánchez, aunque desde antes de que pusiera un pie en la tribuna Alberto Núñez Feijóo se sabía que el debate iba a discurrir realmente por otros derroteros, sobre la ley que beneficiará a presos de ETA, anticipando para muchos de ellos su excarcelación.

Sánchez no aludió a esa reforma en sus casi 60 minutos de intervención en la Cámara baja, sí lo hizo en la réplica. Habló de inmigración, para lo que la oposición pidió su comparecencia. Y en su discurso incluyó de nuevo su apremio al PP para que apoye "de una vez" la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería para permitir el reparto obligatorio de menores migrantes y desahogar los saturados servicios de acogida de Canarias. Pero el jefe del Ejecutivo, sobre todo, enhebró una defensa de una política migratoria "solvente, humanista y eficiente". Frente a las "amenazas, devoluciones en caliente y discursos de odio" de la derecha y la ultraderecha, dijo, el Gobierno ofrece "desarrollo y estabilidad". Y se afanó en combatir con datos los "estereotipos y bulos" que sobre la inmigración alientan, insistió, la derecha y la extrema derecha. "Somos hijos de la migración, no seremos padres de la xenofobia", sostuvo.

El presidente reclamará una "política corresponsable y solidaria en Bruselas, exigiendo que se implique de manera efectiva en la gestión de los flujos migratorios" que reciben los países mediterráneos

La comparecencia llegaba justo cuando los puentes entre Ejecutivo y PP para alumbrar un pacto migratorio para auxiliar a Canarias están deshechos. El pasado sábado, los populares se levantaron de la mesa con el argumento de que Sánchez había renunciado a la ayuda europea. Algo que el Ejecutivo desmiente y llama "bulo". Pese a la ruptura, el presidente remarcó que no "tira la toalla" y que seguirá intentando un acuerdo.

Hizo un gesto en la línea que le pedía el PP: anunció que reclamará a la Comisión Europea que "adelante la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo" que impulsó la presidencia española del Consejo de la UE a finales de 2023, para que sus "herramientas de control fronterizo y reparto de personas migrantes empiecen a usarse en el verano de 2025 y no en el verano de 2026, como está previsto". El objetivo es demandar una "política corresponsable y solidaria en Bruselas, exigiendo que toda Europa se implique de manera efectiva en la gestión de los flujos migratorios" que reciben los países mediterráneos. Se trata, pues, de "poner en marcha una respuesta comunitaria que costó 15 años consensuar entre los 27 Estados miembros y que se aprobó gracias al liderazgo de España".

Además, el mes que viene, y tras un "largo diálogo con los actores sociales", se llevará al Consejo de Ministros una reforma del reglamento de extranjería que "agilizará los procesos de los migrantes que ya residen en España, eliminando trámites burocráticos innecesarios, ordenando las figuras de arraigo, y creando nuevas figuras entorno al empleo y las redes familiares".

No es coherente para el Gobierno, sin embargo, pedir una "solidaridad" a Europa que no se demuestra dentro del país. Por eso el Ejecutivo entiende que la única forma posible de ayudar a Canarias es la aprobación de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que PP, Vox y Junts tumbaron el pasado 23 de julio en el Congreso. La coalición, los populares y el Gobierno de las islas, presidido por Fernando Clavijo —a quien por cierto Sánchez recibe mañana jueves en la Moncloa— habían retomado las reuniones para buscar un acuerdo, pero Génova rompió las conversaciones abruptamente el sábado.

Dejen de mentir y de bloquear", insta al PP, "dejen de reclamar ayuda a la Comisión Europea cuando no están dispuestos a ayudar" a Canarias

"Dejen de mentir y de bloquear —conminó a los populares el líder socialista—. Dejen de poner los intereses del PP por delante de los intereses de los canarios. Dejen de reclamar ayuda a la Comisión Europea cuando ustedes mismos no están dispuestos a ayudar a sus propios ciudadanos. Y apoyen de una vez lo que propone el Gobierno: una distribución justa entre CCAA que reclaman la mayoría de sus presidentes autonómicos y que apoyan el 77% de los españoles". Llamamiento al acuerdo, a que el PP trate "de ser útil", a que "aprenda de una vez a proponer sin destruir".

Impulso de la integración

El pacto para Canarias es solo uno de los flancos de la política migratoria del Gobierno, según explicó Sánchez. Son cinco los frentes que la sustentan. El primero, el refuerzo de las fronteras y del sistema de acogida que se encontró "totalmente desmantelado" por el PP en 2018, cuando llegó a la Moncloa. El presidente recordó que su Ejecutivo lo ha reforzado, "multiplicando sus plazas por cinco, hasta llegar a las 50.000", y además ha incrementado en un 12% el número de policías y guardias civiles en Canarias, y ha transferido solo en este año "35 millones de euros adicionales a las CCAA para ayudarles a atender a los menores no acompañados". Para esta legislatura, el Gobierno se propone dotar de más recursos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y poner en marcha 6.000 nuevas plazas en los centros de acogida, "con más apoyo" a las comunidades que lo necesiten.

El Gobierno promete dotar de más recursos a las Fuerzas de Seguridad y poner en marcha 6.000 nuevas plazas en los centros de acogida

Segundo eje, el fomento de una "migración legal, segura y ordenada", porque es la vía para "acabar" con la migración irregular. Apuntó Sánchez que se ha facilitado la regularización a través del arraigo por formación, que se han ampliado los acuerdos de migración circular con países terceros (las contrataciones en origen han aumentado un 15%), y prometió que en esta legislatura se agilizará la "homologación de títulos académicos" para los que quieran venir a trabajar un tiempo a España y se pondrá en marcha un nuevo programa de migración laboral para facilitar las contrataciones en origen con países como Mauritania, Gambia, Senegal y Guatemala, como defendía el PP "hasta hace poco, cuando decidió empezar a competir con Vox en las olimpiadas de la xenofobia", apostilló.

La corresponsabilidad de Bruselas y la solidaridad en España con Canarias constituye el tercer frente. Y el cuarto, el impulso de la "integración de los migrantes que se instalan en España". Ellos tienen derechos, pero también "obligaciones", y una de ellas es "respetar los valores constitucionales, las leyes y costumbres del país". En este sentido, se pondrá en marcha un "plan nacional de integración y convivencia intercultural que contendrá recursos y medidas para fomentar la integración de los extranjeros". El plan buscará, dijo, facilitar su incorporación al mercado laboral, pero también al ámbito educativo y social.

Sánchez concedió que las diferencias culturales con los migrantes generan "fricciones", y admitió que ni el Gobierno ni la izquierda puede ignorarlas ni tachar "automáticamente de xenófobos a quienes las denuncian". "Debemos ayudar a los migrantes a integrarse y dedicar esfuerzos y recursos públicos a ello, aunque Vox y PP lo critiquen", pero también han de protegerse, señaló, y "con la misma "convicción", las leyes, valores y costumbres de la sociedad española. Para el presidente, España ha de desarrollar su propio modelo de integración, que sea "de éxito", consciente de que otros países europeos "no han logrado una integración efectiva y una convivencia plena". "Nosotros no podemos fracasar. No nos lo podemos permitir", alertó.

El jefe del Ejecutivo concede que la inmigración genera "fricciones" que no se pueden ignorar ni tachar directamente de "xenófobas"

El quinto y último frente del Gobierno es el fomento del desarrollo económico de los países latinoamericanos y africanos de los que proceden los migrantes. "El verdadero efecto llamada", apuntó, dirigiéndose a PP y Vox, es la "prosperidad" de los países occidentales. Que de España salieran 120.000 personas de las que entraron en los siete años de Mariano Rajoy en la Moncloa, en tiempos de crisis y recortes, es para Sánchez la prueba fehaciente de que cuando hay asimetrías de prosperidad las migraciones se aceleran, así que hay que impulsar el "desarrollo y la estabilidad" de los países de origen. En España, ilustró, se ha duplicado el presupuesto de la AECID, de 360 a 700 millones de euros, y de la mano de la Comisión Europea se han llevado 500 millones a Mauritania. La nueva Estrategia España-África 2025-2028 pretende, añadió, fomentar el desarrollo económico del continente.

Cuatro millones menos en 25 años si no se hace "nada"

El jefe del Ejecutivo llenó su intervención de números y argumentos para defender que la inmigración es necesaria en las opulentas sociedades occidentales, también en España, para hacer frente al reto demográfico, porque en 2025 la UE alcanzará su pico de población y se calcula que después irá reduciéndose y perderá unos 30 millones de trabajadores. También en España, porque si no se hace "nada", en los próximos 25 años la pirámide demográfica perderá unos cuatro millones de personas en edad de trabajar, lo que dejaría a España en una fuerza laboral similar a la que tenía en 1996.

El Gobierno intentará acordar con los grupos una nueva ley de familias, que ampliará "los derechos de las familias monoparentales, las numerosas, las migrantes y con algún miembro discapacitado"

Ese reto demográfico, recordó Sánchez, solo se puede revertir con dos herramientas, nacimientos y migraciones. Respecto a lo primero, enumeró las medidas ya desplegadas por su Ejecutivo —igualación de los permisos de paternidad y maternidad, las ayudas al alquiler, la subida del salario mínimo o la extensión del permiso de lactancia a los 28 días— y anunció que "en las próximas semanas" el Gobierno intentará alcanzar un acuerdo con los grupos para aprobar una nueva ley de familias, que "ampliará los derechos de las familias monoparentales, las familias numerosas, las familias migrantes y aquellas familias que tengan algún miembro con discapacidad".

Pero la segunda tarea ha de ser, incidió el presidente, la gestión de la inmigración. Es una "cuestión de humanidad", sí, pero también es "necesaria para la prosperidad de nuestra economía y la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar", y la clave está en "gestionarla mejor".

Sánchez se empleó a fondo en contrastar su discurso con el de PP y Vox, para quienes el fenómeno migratorio es un eje de dura competición. En opinión del presidente, ambos quieren "inocular miedo y desesperanza en nuestra sociedad" para así "erosionar" de paso al Gobierno, buscan generar la sensación de "bloqueo" y de "colapso", hablando de "invasiones" de inmigrantes. El presidente contrastó esos mensajes de "odio al extranjero" de la derecha con datos: el 94% de los migrantes que han llegado a España lo han hecho de forma "legal y regulada", y solo un 6% lo hizo cruzando el mar o las vallas de Ceuta y Melilla.

Sánchez inunda el pleno con datos: el 94% de los migrantes son regulares, la tasa de actividad de los de fuera es cuatro puntos más alta que la de los nacionales, aportan el 10% de los ingresos de la SS

Del total de migrantes regulares e irregulares, el 40% eran latinoamericanos, el 30% europeos y el 20% africanos, una migración por tanto más "diversa". Y los que llegan aquí no vienen a "vaguear y a acaparar subsidios", como dicen PP y Vox, esgrimió, sino a "trabajar": su tasa de actividad es cuatro puntos superior a la de los nacionales, aportan el 10% de los ingresos de la Seguridad Social y usan los servicios públicos y las prestaciones sociales un 40% menos que los nacidos en España. Y la mayoría de ellos trabajan en profesiones "invisibilizadas" pero fundamentales y en condiciones precarias, como la agricultura, la construcción o la hostelería, sectores que se "hundirían" sin ellos, porque "suponen entre el 25% y el 50% de sus trabajadores". Además, la mitad de las personas cuidadoras de hijos, padres y abuelos son inmigrantes, recordó, y los cuidan "con respeto y afecto".

Sánchez se esforzó por tanto en presentar la inmigración como un fenómeno positivo y necesario para España y para Europa, que hay que gestionar de forma "humanista" y "eficiente". Reconoció que no obstante hay desafíos por delante, como los picos de migración irregular. En España las llegadas de irregulares, especialmente a Canarias, han aumentado un 50%, si bien Frontex ya está advirtiendo de que la curva tiende a reducirse: la agencia europea, apuntó, estima que en lo que queda de año llegarán a las islas entre 9.000 y 13.000 personas menos que en 2023. El presidente subrayó que esos números no pueden ser un consuelo, porque el pico actual supone un drama para los que intentan arribar a nuestras costas, un reto ingente para las ONG y las administraciones públicas y una "fuente de inquietud legítima" para los canarios. De nuevo colgó su apelación al PP. "Quien quiera dejar sola a Canarias, que no cuente con este Gobierno", advirtió.

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"Decidido" a combatir los "mitos"

La integración es el segundo gran desafío que detecta el Ejecutivo. Y el tercero, la desinformación, los bulos. Como el que relaciona inmigración con delincuencia. Sánchez indicó que "por supuesto" cometen delitos algunos llegados a España, o incurren en fraudes, pero su tasa de delincuencia "es igual que la de los españoles, ni mayor ni menor", "son iguales" que nosotros, mantuvo.

Por supuesto" que cometen delitos o incurren en fraudes, pero su tasa de delincuencia es "igual que la de los españoles, ni mayor ni menor"

Sánchez manifestó una y otra vez que, en un momento en el que en toda Europa, en todo el mundo, el fenómeno migratorio es un eje del debate público que da combustible a la ultraderecha, él está "decidido" a combatir los "mitos", que pesan más que las realidades, porque "lo que está en juego es la tolerancia y la solidaridad como ejes vectores de nuestra sociedad", y también la "prosperidad" de la economía, la "sostenibilidad" del sistema de pensiones y de salud, el "futuro" de las próximas generaciones y la "dignidad" del país. "Los datos macroeconómicos y demográficos plantean en nuestro horizonte un dilema claro: España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero, o un país cerrado y pobre. Así de simple", recalcó.

Frente a una derecha que usa la inmigración para "causar alarma social", el Gobierno, dijo, defiende un proyecto distinto, una política migratoria "responsable y humanitaria", que "no se desentienda del fenómeno migratorio, como hizo el PP, ni lo demonice, como hace Vox", una política que "reconozca los retos que plantea la inmigración y los resuelva" y también "maximice los enormes beneficios" que puede reportar a nuestro país. El jefe del Ejecutivo se apoyó en otro hecho: que España tiene la "necesidad" y la "capacidad" de integrar y que es una de las poblaciones "más solidarias y tolerantes" del mundo.

No es una lucha entre españoles y extranjeros. Entre cristianos y musulmanes. Entre santos y delincuentes. Nada de eso. Es una lucha entre la verdad y la mentira", concluye el jefe del Ejecutivo

"No es una lucha entre españoles y extranjeros. Entre cristianos y musulmanes. Entre santos y delincuentes. Nada de eso. Es una lucha entre la verdad y la mentira, entre el relato y el dato. Entre lo que nos interesa a todos como sociedad, y lo que interesa a unos pocos que ven en el miedo y el odio al extranjero el único camino para llegar al poder", concluyó. Era el cierre de su intervención, pero a esas alturas ya se sabía que la migración no sería el tema único, ni siquiera el más relevante, del pleno de este miércoles en el Congreso.