El Ministerio del Interior, a través de la Abogacía del Estado, se ha personado en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 de Parla (Madrid) contra el teniente coronel David Oliva y otros dos guardias civiles más que estaban destinados en OCON-Sur, la unidad de élite del Instituto Armado contra el narcotráfico. Los tres agentes están acusados de un delito de cohecho y otro de revelación de secretos y la juez los ha situado ya al borde del banquillo.

"Se le tiene por personada [a la Abogacía del Estado] como acusación particular en representación y defensa del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil, teniendo a dichas entidades como perjudicadas", dice el escrito de la magistrada, al que ha tenido acceso El Independiente. Este paso llega una vez la instrucción está a punto de terminar por lo que fuentes de la causa leen este movimiento como un evidente interés del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska de asegurarse que los tres guardias civiles terminan condenados.

Este medio ha intentado recabar la versión de Interior sin éxito. Por su parte, fuentes de la Abogacía del Estado explican que en términos generales la personación de esta institución suele ocurrir, sobre todo, en los casos en los que hay un perjuicio económico para la Administración. En este asunto, en cambio, no lo hay, pero dichas fuentes indican que la realidad es que si es un asunto de interés para el Gobierno, los abogados del Estado pueden entrar a formar parte. Entienden que, por ejemplo, con la revelación de secretos pudo haber un daño para los intereses del Ejecutivo.

Las acusaciones contra Oliva y los otros dos agentes pasan por esclarecer si no uno de ellos, el que trabajaba en los Servicios de Asuntos Internos de la Guardia Civil, dio información al teniente coronel sobre investigaciones internas que había contra él por su relación con clanes del narcotráfico, a cambio de que éste le diera un puesto de trabajo en OCON.

Ellos, en cambio, mantienen una versión distinta. Sostienen que las vigilancias que realizó la Unidad de Delincuencia Central y Operativa (UDyCO) fueron trampeadas y que ni el teniente coronel ni el que era su mano derecha compartían espacios con un clan de droga de Cádiz. Explican que detrás de las pesquisas hay una intención de una parte de Interior de acabar con el grupo de élite que se había creado para combatir el narcotráfico en el Estrecho.

Emprendieron así una ofensiva por tres vías: una petición en el Juzgado para que declarasen los agentes de la Policía, el requerimiento de la reapertura del proceso en la Audiencia Nacional (donde se iniciarion sus imputaciones), y una querella contra los agentes investigadores (incluidos Asuntos Internos de la Guardia Civil). Pero ninguna ha tenido éxito por el momento.

La juez de Parla ha rechazado las últimas diligencias que los agentes habían pedido, después de que el pasado mes de julio se celebrara la vista previa del juicio, como contó elDiario.es. El teniente coronel Oliva ha planteado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid por lo que, a la espera de esta resolución, el juicio está cada vez más cerca. Se tratará de un juicio con jurado, puesto que la ley establece que los delitos de cohecho de funcioanrios públicos deben ser juzgados por los ciudadanos.