El Ministerio del Interior sigue a cuentagotas firmando nuevas deportaciones de los solicitantes de asilo saharauis que permanecían en el aeropuerto de Barajas. En las últimas horas el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha expulsado rumbo a Marruecos a otros seis activistas que llevaban días en la sala de inadmitidos del aeropuerto.

Los últimos fueron obligados a embarcar en un vuelo comercial con destino Marruecos a última hora de este domingo. En total, son ya más de 40 los activistas originarios de los territorios ocupados del Sáhara Occidental que han sufrido las deportaciones dictadas por las autoridades españolas en contra de los informes favorables a su acogida de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la recomendación del Defensor del Pueblo y las peticiones lanzadas por partidos políticos, entidades sociales y asociaciones judiciales.

Aún permanecen en Barajas dos activistas saharauis, confirman fuentes de su equipo legal a la web Contramutis. El pasado jueves otros dos fueron enviados a Marruecos tras negársele la protección internacional, en una cascada de negativas que los solicitantes han denunciado como automáticas, sin entrar a valorar caso por caso y cuyos pormenores podría suscita ahora una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Desde el pasado julio el Ministerio del Interior solo ha aceptado la entrada en España de ocho activistas saharauis. En todos los casos, tras una primera respuesta negativa. Asociaciones judiciales como Juezas y Jueces por la Democracia han advertido de las consecuencias para sus propias vidas de una expulsión que podría terminar llegando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya condenó a España en 2014 por unos hecho similares.

Ignora las peticiones del Defensor del Pueblo

Durante las últimas semanas el departamento que dirige Grande-Marlaska ha cancelado hasta en dos ocasiones la visita de miembros de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados a las salas de Barajas donde se hallaban los solicitantes tras impedir previamente el acceso de varios diputados de Sumar y Podemos.

La semana pasada el Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo exigió a Grande-Marlaska que rectificara su política de denegaciones masivas a los saharauis y que permitiera la entrada en el país de los que siguen en la sala de inadmitidos. En un escrito remitido a la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), Gabilondo aseguró haber trasladado a la dirección general de Protección Internacional la sugerencia de que “se autorice la entrada al territorio de todas la personas originarias del Sáhara Occidental que se encuentran actualmente en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, al haberse iniciado de oficio un procedimiento de reconocimiento del estatuto de apátrida en el puesto fronterizo del mencionado aeropuerto, a fin de asegurar la continuación del procedimiento con plenas garantías, de conformidad con la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, con el mencionado Real Decreto y con la Sentencia número 1091/2020, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Quinta, de 23 de julio de 2020”.

La dirección, dependiente del Ministerio del Interior, no respondió al Defensor del Pueblo. El departamento que dirige Grande-Marlaska también ignoró años atrás la recomendación del Defensor de no asignar intérpretes de origen marroquí o en dariya -el dialecto árabe empleado en Marruecos- a los solicitantes saharauis por el evidente contexto de conflicto entre ambos territorios y la obligación que protege la ley de que los solicitantes de asilo presten declaración con garantías y en un entorno que genere confianza.