La Mesa del Congreso de los Diputados, de mayoría de PSOE y Sumar, y con los votos solo en contra del PP, decidió este martes no aceptar el 'veto' del Senado impulsado ad hoc por su presidente, Pedro Rollán, del PP, después de rechazarse en Cámara la ley que beneficiará a presos de ETA con la convalidación de condenas cumplidas en otros países, como Francia. Fruto de una enmienda de Sumar a una trasposición de una directiva europea sobre antecedentes penales en la UE. Al no formalizarse ese veto durante el inicio de la tramitación de la ley en el Senado, la Mesa considera que no se han seguido los procedimientos adecuados. Se apunta a que la cuestión tiene la suficiente relevancia como para no alargar esta decisión con una nueva votación en el pleno del Congreso. Por ello, se enviará directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE) con el aval de los letrados de la Cámara Baja.

Constancia de ello daba el máximo órgano parlamentario este martes, tras reunirse. "La Mesa del Congreso, tras analizar las recomendaciones de los servicios jurídicos de la Cámara, ha resuelto que le corresponde respetar los procedimientos reglados y entiende como válida la Ley Orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones jurídicas penales en la Unión Europea, que será enviada a BOE para su publicación", comunicaron fuentes parlamentarias. Otras fuentes del mismo rango trasladan que no se ha facilitado informe de los letrados del Congreso, sino que las comunicaciones con la Mesa han sido verbales. "La Secretaría General no ha entrado a valorar por escrito lo que dice el Senado. Lo que han aprobado está fuera de plazo. Por lo tanto, se envía al BOE", explican a El Independiente.

Realmente, aunque Rollán calificó de veto la votación negativa del lunes a la norma, entendiendo que el rechazo reflejaba ese deseo, no puede interpretarse legalmente de esa manera. Según el artículo 90.2 de la Constitución, cuando una ley se envía a la cámara de segunda lectura, ésta debe o bien proponer enmiendas o vetarla completamente. Sucedió con la amnistía, lo que supuso la necesidad de volver a votar en el pleno del Congreso la legislación para darle salida definitiva en el BOE. Ese era el objetivo ahora, retrasar con la necesidad de votación el trámite. El problema es que según el texto constitucional, durante la tramitación de la ley al llegar al Senado, en este caso por procedimiento de urgencia, se debe incluir esas enmiendas o veto antes de que llegue a pleno. Siguiendo unos plazos concretos. Nunca a posteriori, como maniobró el PP haciéndose valer de su mayoría absoluta en la Cámara Alta. No hay un registro formal de veto porque cuando se percataron del contenido ya era tarde.

Solo hay un antecedente comparable a esta cuestión, que vuelve a enfrentar a las dos cámaras de las Cortes Generales. Sucedió en 1995, cuando el Congreso remitió una ley para proteger las Salinas de Ibiza. El Senado se negó por mayoría simple, sin veto previo ni enmiendas. Y, de igual manera, la Mesa del Congreso entendió que la ley debía quedar aprobada. Se recurrió al Tribunal Constitucional, que finalmente sentenció en 2002 su respaldo a la decisión del Congreso y declaró aprobada la proposición de ley.

En este caso, el PP se agarra al contenido de la norma, que beneficiará a etarras al eliminarse la disposición única del Gobierno de Mariano Rajoy en 2014, que limitaba el contenido de esa directiva a casos posteriores a 2010 para salvaguardar la no afección a crímenes de ETA. Además, se apunta al carácter de mayoría absoluta y no simple en este caso. Desde el Congreso se apunta a que en las próximas horas se le dará "una respuesta formal al Senado" y se comunicará al Gobierno la aprobación.

Entre los grupos que rechazan la ley, justo en el momento de la comunicación comparecía Vox con su portavoz Pepa Millán en sede parlamentaria. Ésta pidió a Armengol y a la Mesa que "dejen de hacer piruetas y manosear el Reglamento". El deseo de Vox era el que los grupos se retratasen con una nueva votación en el Congreso, y que quedara constancia del rechazo propio. También el de PP o UPN. El apoyo por obviar el contenido de la enmienda de Sumar ha generado descontento en las filas populares y de Vox. También entre la militancia de ambos partidos, así como el reproche de las asociaciones de víctimas de terrorismo. Al entender en su caso como válido el veto del Senado, entienden que se está incumpliendo el artículo 132 del Reglamento. Y no descartan ir al Tribunal Constitucional, aunque mediante recurso de amparo, al no contar con los diputados necesarios para optar por la vía de recurso de inconstitucionalidad a la que sí puede agarrarse el PP. Se espera que los populares se pronuncien en los próximos minutos.