Es un negocio que no deja de crecer. Es fácil percibirlo. En España cada vez existen más estaciones de servicio. Las hay de todo tipo. Con mucho personal y convertidas en centros de prestación de numerosos servicios más allá del combustible, de ‘low cost’, sin empleados, de autoservicio y sin prestaciones añadidas, las más tradicionales y las estaciones de precios más bajos de lo normal, tentadas por las tramas a las que ellas compran con IVA y éstas luego no declaran. En nuestro país conviven actualmente 12.346 estaciones de servicio, según refleja la memoria de la Asociación de Operadoras de Productos Petrolíferos. Supone un incremento muy considerable de gasolineras en la última década. Al cierre del pasado año existían 1.729 gasolineras más en España que en el año 2013.

El crecimiento de establecimientos es casi constante en los últimos años, a razón de entre 200 y 250 estaciones más cada año. Ese crecimiento no esconde el cierre de cada vez más estaciones por lo que consideran una competencia desleal por parte de las estaciones que compran combustibles a operadoras que se lo ofertan a precios sospechosamente bajos. Competir con rebajas del precio por litro de entre 40 y hasta 50 céntimos, es una realidad que viene denunciando desde hace años el sector.

La mayor parte de estaciones de servicio pertenecen a las grandes compañías petroleras. Repsol es la que cuenta con más gasolineras, una de cada cuatro, hasta sumar 3.275 a finales del año pasado. Cepsa con 1.514 gasolineras, BP con 750 y Galp con 560 completan la lista de grandes compañías. El resto, 5.309, pertenecen a otras compañías menores. A ellas se suman los supermercados y las cooperativas que también se han incorporado a este mercado de las gasolinas y los gasóleos. En España los hipermercados y supermercados con gasolinera son 327, a los que se suman otros 611 puntos de recarga vinculados con cooperativas.  

El sector sí ve cómo la irrupción de productos de modo irregular, como es el impago del IVA por parte de algunas operadoras, está ampliando los márgenes de beneficio para algunas estaciones y reduciendo de modo importante las de la mayoría. Actualmente, en una gasolinera del precio por litro que abona un consumidor entre un 37% y 42% se destina al pago de quien suministra el producto. Los impuestos –el IVA y el impuesto de hidrocarburos- se llevan la mayor parte, el 46% en el caso de la gasolina y el 42 en el gasóleo. A ello, una parte de ese precio/litro se debe destinar a sufragar costes como el transporte, las reservas estratégicas, el coste adicional del biocarburante o el coste de la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Sólo después, resulta el margen de beneficio para el titular de la estación de servicio.

Parque móvil viejo y poco electrificado

En el caso de las estaciones de servicio el consumo anual en 2023 fue de 21.686 miles de toneladas, de las que los gasóleos triplican a las gasolinas. En el primer caso alcanzaron los 15.937 miles de toneladas y las 5.749 de las gasolinas.

Un sector que abastece a un parque automovilístico cada vez más envejecido y que se resiste a dar el salto a la electrificación. Mientras en Europa en 2023 el 14,6% de los vehículos que se matricularon fueron eléctricos en España apenas lo fueron el 5,4% de los 949.000 coches vendidos.

Y la renovación del parque tampoco marcha bien. La antigüedad media no deja de aumentar. Hoy es de 14,2 años, mientras que en 2010 lo era de 9,2 años. Comprar un coche nuevo nos cuesta y la venta de vehículos usados sigue duplicando a los nuevos. Todo mientras el parque de vehículos crece de manera continuada. Hoy en España circulan 33,5 millones de coches, cinco millones más que hace una década.

El fraude en la distribución en este ámbito es la mayor amenaza para las estaciones de servicio y los operadores. No sólo afecta al IVA, sino también a la obligación de reducir el impacto medioambiental con los biocombustibles, al soporte del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, las existencias mínimas de seguridad o las importaciones. Según datos de KPMG y que recuerda la AOP en su memoria, estas tramas de fraude habrían  gestionado un volumen de ventas de hasta 26.000 millones de euros en el periodo 2013 a 2022 y sólo el fraude en el IVA podría alcanzar los 588 millones de euros.

Fin a la exención del IVA

Las principales asociaciones reclaman desde hace años medidas que ponga freno a estas prácticas. Desde hace meses que mantienen encuentros con la Agencia Tributaria, ayer tuvo lugar una de ellas, para lograr que se adopten medidas que puedan evitar este tipo de prácticas fraudulentas. Estiman que alrededor del 25% de los carburantes que se venden en España están relacionados con este tipo de tramas. La principal medida que reclaman es que el cobro del IVA no esté exento en ninguno de los tramos por los que pasa la comercialización. Actualmente, la exención afecta al primer eslabón, el de la extracción desde los depósitos de almacenaje.

Organizaciones como la Asociación de Operadores de Productos Petroleros (AOP), la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles, (AEVECAR) o la Asociación de Operadores Independientes del Sector Energético (UPI) piden a la Administración que elimine ese régimen suspensivo. Recuerdan que en Italia se hizo y el fraude cayó al 1% o 2%.