Ha vuelto a suceder. El fraude en la comercialización de hidrocarburos que el sector denuncia desde hace años ha vuelto a registrar un nuevo episodio. Esta vez ha sido la Agencia Tributaria la que ha dado a conocer la desarticulación de una trama que presuntamente habría defraudado 133 millones a la Hacienda Pública por el impago del IVA durante los ejercicio 2020 y 2021. La operación, llevada a cabo en los últimos días en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y la Audiencia Nacional, se ha saldado con seis detenciones, -cuatro en Madrid y dos en Sevilla- y el registro de dos empresas en la capital de España.

La trama es una más de las desarticuladas en los últimos años y que la propia Agencia Tributaria califica como un fraude “recurrente” en el sector de comercialización de hidrocarburos. Precisamente el pasado mes de mayo Hacienda remitió 400 requerimientos a estaciones de servicio para recabar información sobre la compra a proveedores que habrían realizado y que podrían tratarse de tramas basadas en la elusión en el pago del IVA. El fraude se comete en alguna fase del proceso que transcurre desde la extracción de los combustibles de los depósitos hasta la venta final al consumidor.

Estos entramados se valen en muchos casos de empresas instrumentales y del envío de los beneficios generados a cuentas bancarias de otras mercantiles ubicadas en terceros países, según reconoce la Agencia Tributaria.

El fraude deriva en la posibilidad de rebajar los precios de los combustibles que se ofertan a las estaciones de servicio. Lo hacen de manera muy importante, en hasta 40 o 50 céntimos menos por litro. De esta manera, la comercialización en las gasolineras se hace en muchos casos en una situación de competencia desleal, según vienen denunciando el sector.    

Fin al régimen suspensivo de IVA

Precisamente ayer las principales asociaciones petroleras del país mantuvieron un encuentro con la Agencia Tributaria para abordar este tipo de fraudes y estructuras delictivas. Se trata de un encuentro que se suma a otro mantenido en mayo pasado y en el que las asociaciones petroleras reclaman la eliminación de la suspensión del pago del IVA que existe para la primera fase del proceso de comercialización; la extracción.

La medida, el régimen suspensivo del IVA en este punto, es legal. Se concibió como un modo de no provocar un quebranto innecesario en la tesorería de las operadoras que debían comercializar los hidrocarburos. Estos ‘depósitos fiscales’ están exentos del pago de IVA, que sólo se comienza a activar a partir de ahí, durante el proceso de comercialización posterior.

A partir de ahí, el combustible inicio un camino de comercialización con varios intermediarios y que en el caso de las tramas fraudulentas en alguno de los puntos no repercuten ante Hacienda el IVA cobrado a sus clientes. Según la asociación de Operadores Independientes del Sector Energético (AOP) en España este tipo de fraude podría estar presente, de una u otra manera, en cerca del 25% de las ventas de combustible. Según datos de la Asociación de Operadores Independientes del Sector Energético (UPI) el volumen del fraude de IVA podría rondar los 2.000 millones de euros desde 2022.