El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha anunciado este miércoles su intención de seguir en el cargo después de que el Tribunal Supremo lo haya imputado por un posible delito de revelación de secretos en el asunto del novio de Isabel Díaz Ayuso. El jefe del Ministerio Público dice que ahora podrá defenderse y convoca para este jueves una reunión de la cúpula de la Fiscalía para "proporcionar las explicaciones oportunas".

"Soy consciente de la repercusión pública de la noticia y no desconozco la afectación que supondrá en el trabajo de las y los fiscales de nuestro país. Pero es, precisamente, la ponderación de estas circunstancias lo que me persuade para seguir ejerciendo plenamente mis atribuciones legales. Como hasta ahora he venido haciendo: con pleno respeto a la Ley y al Estado de derecho", ha señalado en un comunicado hoy.

El jefe del Ministerio Público se muestra consciente de que "la condición de investigado" que le acaba de atribuir la Sala de lo Penal del alto Tribunal "es inédita en nuestro país y obliga a realizar una profunda reflexión sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar no solo en la futura actuación del Ministerio Fiscal, sino en toda la Justicia española", incide.

Para él, lo que se va a analizar en el Supremo no es un asunto particular suyo, sino que afecta tanto a la Constitución Española como al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en tanto en cuanto se van a poner líneas rojas sobre hasta dónde llega la libertad de información y en qué punto nace la revelación de secretos. "El ordenamiento jurídico atribuye a la Fiscalía la función de informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, más aún en un caso como este en el que con bulos o con falsedades se comprometía la imagen de la institución", alega.

Su imputación se circunscribe a una nota de prensa y una serie de correos que fueron publicados en marzo para desmentir que la Fiscalía hubiera frustrado un pacto con el novio de Ayuso, Alberto González Amador, quien se confesaba autor de un delito de fraude a Hacienda. Los magistrados quieren ver si el hecho de que se publicara información de los mails internos entre el abogado del afectado y el fiscal del caso pudo interferer en el derecho de defensa del primero.

"La atribución de la condición de investigado al fiscal general del Estado permitirá que pueda ejercitar plenamente mi derecho de defensa, toda vez que la investigación judicial se ha desarrollado hasta la fecha sin que haya podido hacerlo". Hasta ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde tanto González Amador como el Colegio de la Abogacía madrileño habían interpuesto dos querellas, había instruido la causa sin tomarle declaración. Finalmente, los magistrados elevaron una exposición razonada al Tribunal Supremo, pues es el competente para investigar a García Ortiz por su condición de aforado. El asunto se ha resuelto este miércoles.

"El convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades", sentencia en su comunicado. El jefe de la Fiscalía convoca para mañana una Junta de Fiscales de Sala a las 9:30 y un Consejo Fiscal a las cuatro de la tarde para hacer "partícipes de esta decisión" a los funcionarios más altos de la carrera y a los elegidos por las asociaciones fiscales.