La empresa de la 'trama Koldo' que pagó una parte de la casa de La Alcaidesa (Cádiz) que disfrutó el exministro de Transportes José Luis Ábalos en 2021 tiene una deuda de 65 millones de euros con Hacienda, según ha podido comprobar El Independiente. El organismo, de hecho, requirió el dinero el pasado mes de junio a la compañía que la Audiencia Nacional vincula a los empresario Víctor de Aldama y Claudio Rivas, ahora en prisión provisional por un fraude millonario de hidrocarburos.

Have Got Time S.L., nombre de la mentada empresa, aportó el 9 de junio de 2021 según la Guardia Civil, una gran parte del dinero necesario para firmar el contrato (de alquiler con opción a compra) por el que Ábalos pasó ese verano con su familia en la costa andaluza. De acuerdo con la escritura de compraventa de este inmueble, esta sociedad ubicada en la esfera de control de Aldama, abonó 526.500 euros.

Se había creado sólo unos meses antes, en enero de 2021, como empresa dedicada al comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos similares, como consta en los datos del registro mercantil consultados a través de InsightView por este periódico. Pese a estar en activo durante más de tres años, la compañía no presentó informes financieros en el registro, por lo que se desconoce su facturación, aunque sí consta que tenía un capital social de 3.000 euros.

Esta empresa es, además, una de las que más dinero adeuda a la Agencia Tributaria, figura en la última lista de morosos publicada por el fisco. La deuda de 65 millones de euros con Hacienda se mantuvo entre 2022 y 2023, siendo el décimocuarto mayor deudor de Hacienda de acuerdo al listado que se actualiza cada seis meses y en el que se revela los deudores que deben más de 600.000 euros a las arcas comunes.

Una deuda irrecuperable

La empresa que pagó el chalé de Ábalos estuvo primero domiciliada en la madrileña calle Juan Bravo (Madrid), pero más tarde se trasladó a Las Rozas. No obstante, no contaba con bienes, por lo que fue disuelta este verano. En agosto, se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) la disolución de la compañía.

Esto implica que la cantidad de dinero que debe se quedará, con toda probabilidad, sin ser devuelta. "Lo que pasará es que esa será una de las muchas que aparecen en la lista de morosos y que en algún momento desaparece del listado, no porque haya saldado su deuda, como podría dar a entender esa salida, sino porque la deuda se da de baja por insolvencia definitiva", explica Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha).

Su administradora única, Leonor María González Pano, es hija de Carmen Pano, quien según la Guardia Civil, fue una de las personas introducidas por Aldama, a través de Koldo, al director del gabinete del ministro de Industria. En ese periodo en el que la red de corrupción se enriquecía a costa de contratos millonarios de mascarillas también germinaba una empresa de hidrocarburos con la que pretendían estafar al Estado. Tanto Aldama como Claudio Rivas --ambos metidos en la búsqueda del chalé de Ábalos-- querían que el Gobierno entregara a una de sus empresas la condición de operadora con la que poder empezar a diseñar un negocio de gasoil pensado para evadir impuestos. Por eso, obsequiaron y adularon a sus contactos en Transportes con la intención de llegar a Industria por la vía más rápida.

Leonor María González Pano fue sustituida por un administrador concursal en abril del pasado año, es decir, sólo dos meses después de que hubiera estallado el 'caso Koldo' y sus principales protagonistas fueran detenidos. La Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado arrestó a Koldo García, el que fuera asesor del ministro, y a Víctor de Aldama que, a la postre se ha revelado como el principal cabecilla de la presunta organización criminal. Los agentes creen que Aldama y otra serie de empresarios untaban con mordidas de dinero en efectivo (a Koldo) o camuflado (a través de pisos a Ábalos y su pareja) a cambio de que ellos se quedaran con cuantiosos contratos públicos durante la pandemia.

Pero además Aldama ha vuelto a ser detenido la pasada semana por el fraude de los hidrocarburos. Solo en ese asunto la Fiscalía Anticorrupción calcula que han hurtado al fisco unos 182 millones de euros, saltándose el pago del IVA. Abrían empresas intermediarias con las que compraban y vendían combustibles y cuando llegaba Hacienda para reclamar el dinero, la compañía se había esfumado.