Golpe sobre golpe. Gobierno y PSOE llevan encadenando días, semanas en negativo, en los que una mala noticia es arrasada por otra. El sentimiento que recorre a los socialistas es de desazón, de preocupación, hasta de patente nerviosismo, una angustia que se suma, y no es baladí, a la tensión interna que de suyo ya está generando el 41º Congreso Federal del partido, que se celebrará en apenas mes y medio en Sevilla. Al impacto profundo del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el "papel relevante y de responsabilidad" del exministro José Luis Ábalos en la presunta trama Koldo, se sumó la querella presentada por el PP contra Ferraz por supuesta financiación ilegal y, ahora, la imputación por el Tribunal Supremo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos.

La noticia estalló este miércoles por la mañana, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había abandonado el pleno del Congreso tras la sesión de control. Sí pilló aún en la Cámara a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Fueron ambos los que defendieron, primero, la "honorabilidad" y "profesionalidad" de García Ortiz —ella, Montero—, y después, que "cumplió con su deber", porque se dedicó a "perseguir el delito y proteger la verdad" —él, Bolaños—.

El Ejecutivo defiende la "honorabilidad" y "profesionalidad" de García Ortiz: "Cumplió con su deber, perseguir el delito y proteger la verdad"

El resultado es que el fiscal general tiene el "total respaldo" del Gobierno que lo nombró. Sin fisuras. Comparte que no debe dimitir, por mucho que la mayoría de la carrera fiscal pida su cabeza. Él no tira la toalla: seguirá en su cargo en el "convencimiento" de que su continuidad es "lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo", porque "en puridad refuerza la independencia" del ministerio público. La Moncloa avala su decisión porque además calcula, y así lo expresó el titular de la Presidencia y Justicia, que la causa "quedará en nada". Que no tendrá recorrido. Que caerá por su propio peso y se archivará. Pero también anida la convicción en el Ejecutivo de que con decisiones como esta del TS cale la sensación de que "la Justicia ve solo por el ojo derecho". Es decir, que busca infligir bofetadas al Ejecutivo de coalición progresista. Esta es la primera ocasión en democracia en que el alto tribunal investiga a quien está al frente de la Fiscalía General del Estado. Un salto enorme.

La reacción de cierre de filas de la Moncloa no podía sorprender. La tesis que siempre ha blandido el Gobierno, y que este miércoles reiteró en público y en privado, es que lo que hizo García Ortiz fue "desmentir un bulo". Un "bulo" propagado, incidió Bolaños, tanto por "un delincuente confeso", Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como por ella misma y por su "entorno político". O sea, por el director de Gabinete de esta, Miguel Ángel Rodríguez. También el socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, respaldó a García Ortiz. "Todo el apoyo y el respeto institucional a la labor de la Fiscalía General del Estado", señaló en el Congreso la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

"Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad", razonó el ministro. Su defensa de la labor del fiscal general en este caso y de su actuación al frente del ministerio público fue cerrada, aunque también manifestó su "respeto" a la decisión del Supremo, adoptada por unanimidad, de abrir una causa para investigarle.

Las dos versiones en colisión

Pero, ¿por qué el Gobierno está convencido de que el caso acabará archivado? Para empezar, por la razón que esgrimen los magistrados para imputar a García Ortiz [aquí el auto en PDF]. No lo hacen por la nota informativa que la Fiscalía Provincial de Madrid lanzó el 14 de marzo de 2024 a las 10.20 de la mañana. Un comunicado con el que el ministerio público buscó responder tanto a las peticiones de información de los medios como del "bulo" que horas antes había trasladado el "entorno" de Ayuso. La nota, de la que se hizo responsable García Ortiz, precisaba que la iniciativa para intentar un pacto de conformidad para evitar el ingreso en prisión había partido de González Amador, no de la Fiscalía. Es decir, que había sido él quien un mes antes, y a través de su defensa, había explorado la posibilidad de un acuerdo con el ministerio público por el que, a cambio del reconocimiento de dos delitos fiscales (por defraudar a Hacienda más de 350.000 euros), se ahorraba la cárcel. La versión difundida la noche anterior, el 13 de marzo, por el "entorno" de la presidenta madrileña era justo la contraria, que la Fiscalía había ofrecido el pacto y que después lo retiró, con la intención de desgastar políticamente a Ayuso.

Los magistrados del TS abren causa por unanimidad no por la nota de la Fiscalía, sino por la información "indebidamente desvelada" en los correos que se publicaron antes de ese comunicado

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había aceptado abrir una investigación contra la Fiscalía y, cuando elevó su exposición razonada al Supremo —García Ortiz es aforado—, argumentó que aquella nota de prensa del 14 de marzo podía implicar una supuesta revelación de secretos. Pero ahora el TS rebate ese razonamiento. Dice en su auto, de 21 páginas, que la "controvertida" nota "detalla la cronología de las diligencias penales de investigación relativas a un particular", González Amador, pero no aprecian los jueces en ella "información indebidamente revelada", pues ya varios medios habían dado cuenta en las horas previas de esa versión real, que fue la defensa de la pareja de Ayuso la que buscó el pacto, y no al revés. Por lo que el TS decide investigar a García Ortiz no es por tanto por el comunicado del 14 de marzo, sino porque horas antes de esa nota se revelaron los correos entre el fiscal de Delitos Económicos que llevaba el asunto, Julián Salto, y la defensa de González Amador, "estando los mismos en poder" del fiscal general y de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez.

En el Ejecutivo esperaban que el Supremo iba a imputar a García por la nota de prensa, no por la filtración de los correos. Y no aprecian fundamento para hacerlo, porque supone "asumir que quien filtró esos emails fue él". El ministerio público ya alegó ante el TSJM, en julio de 2024, que muchas personas pudieron acceder a esos correos. Primero, porque el letrado de la pareja de Ayuso remitió su mail a una cuenta genérica del ministerio público a la que tenían acceso 12 fiscales y cuatro funcionarios, que a su vez pudieron rebotarlos a más personas. Y dos, porque podría haber partido la filtración del entorno de la presidenta madrileña y de su novio. "¿Cómo sabe el Supremo que el fiscal general fue el filtrador de esos correos? Procesalmente no lo veo. Puede ser cualquiera de la treintena de personas que tuvo acceso a los mismos", asegura un relevante miembro del Ejecutivo.

Las posibilidades de instruir una causa por filtración "son muy remotas", porque los periodistas no revelarán sus fuentes y porque quien pasara esos mails tomaría "precauciones", dicen en el Gabinete

En el Gobierno encuentran además que "la posibilidad de instruir una causa por presunta revelación de secretos por una filtración de unos correos son muy remotas". Porque "ningún periodista va a revelar sus fuentes", ya que tiene el derecho constitucional de protegerlas, y porque quienes pudieron pasar esos correos tomarían las "precauciones" para que no se les descubriera. "Si fuese por la nota del 14 de marzo, se entendería, porque el fiscal general se hizo responsable de ella. Pero si es por los correos, el TS no debería abrir una investigación contra él ya. Tendría que haber devuelto la causa para que se indagase la autoría y si tiene indicios contra un aforado, entonces al Supremo". "Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo, es evidente. Esa es una razón por la que el fiscal general del Estado no debe dimitir", aseguró el propio García Ortiz en una entrevista en La noche en 24 horas, en Televisión Española, en la que se ratificó en su versión: "El único propósito de esa nota de prensa era desmentir un bulo. No tiene sentido hacer una nota de prensa y, a la vez, filtrar unos correos. No tiene sentido".

"Un paso muy grave"

En el Gobierno creen que la causa "quedará en nada", como pronosticó Bolaños y como coinciden otros compañeros de Gabinete. "Es difícil de entender, muy triste. Acabará en nada por el bien de la Justicia", manifiesta un ministro. "Pero para quedar en nada, se ha dado un paso muy grave", el paso de imputar por primera vez en democracia a un fiscal general del Estado, apostilla otro integrante del Gobierno. Un tercer miembro del Ejecutivo, sin embargo, advierte que precisamente si el TS da "un paso tan serio como eso" no tendría sentido que la causa se archivara sin más. Estima así que si los magistrados se han lanzado a la piscina es porque antes han comprobado que hay agua.

La imagen de la Justicia no sale bien parada de esto", "va a ser verdad que tenemos la Justicia un poquito a la contra", "es difícil de entender, es muy triste", manifiestan tres miembros del Consejo de Ministros

La pregunta que corre en el Ejecutivo es si entonces el Supremo se ha dejado guiar por otros criterios no estrictamente jurídicos. "La imagen de la Justicia no sale bien parada de esto —reflexiona un ministro—. Puede quedar la sensación de que la Justicia parece que ve por un ojo, que es el derecho, y eso es muy grave". Otro miembro muy relevante del Gabinete ironiza: "Pues va a ser verdad que tenemos la Justicia un poquito a la contra". No se habla de lawfare, pero sí es patente el recelo. En la tribuna del Congreso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, magistrado en servicios especiales, dejó ver la la perplejidad del Ejecutivo: "Mi respeto absoluto a todas las resoluciones judiciales, pero también he de decir que hay resoluciones judiciales que no entiendo y me causan una enorme tristeza".

En definitiva, en el Gobierno no hallan demasiada "consistencia" al auto del TS. Anticipan que lo lógico es que la instrucción no se alargue mucho, tal vez "unos seis meses", porque el caso no es muy complejo y los testimonios de los medios que sean llamados no arrojarían demasiada luz, al proteger a sus fuentes.

El Gobierno sigue adelante con su pulso con el Supremo

Para el Ejecutivo, además, el alto tribunal lanza un mensaje peligroso de gestionar con su imputación del fiscal general. "Que acabe siendo investigado por dar una información veraz frente a un bulo", el "propagado" por Ayuso, su pareja y la Comunidad de Madrid, "ya es el acabose". "Es que esos correos entre la defensa de González Amador y la Fiscalía obran en la causa. Y el reconocimiento de los hechos por parte del novio de Ayuso está en la causa, se haya difundido o no", rematan en el Gobierno.

La decisión del TS golpea tras la previsible imputación de Ábalos y la querella del PP. "Es muy 'heavy' lo que tenemos que aguantar. Pero paciencia y a seguir", resumen desde la dirección parlamentaria

En el entorno de García Ortiz creen también que el Supremo "abre un melón muy gordo". "Si un delincuente de tercera pone en la picota a todo un fiscal general del Estado, ¿qué no hará la mafia o el narco o un lobby con cualquier fiscal que los investigue? Es de locos. Por no hablar del aviso a los medios y a quienes les facilitan información. El tema va más allá del fiscal general", apuntan. En su comunicado, el propio García Ortiz explica que es consciente de la repercusión pública de la noticia de su imputación y de cómo afectará al trabajo de los fiscales del país. Pero es, "precisamente, la ponderación de estas circunstancias" lo que le ha convencido de que no puede tirar la toalla y de que ha de seguir adelante, ejerciendo sus funciones "con pleno respeto a la ley y al Estado de derecho". El Gobierno está decidido a secundarle. Aunque eso le suponga un nuevo pulso con el Supremo, con quien ya ha chocado a cuenta de la ley en estos últimos meses.

Auto del Tribunal Supremo por el que se abre una causa para investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.Descarga

Sánchez tiene, pues, un nuevo frente sobre la mesa. Esperado, sí, pero no menor. Y otra vía de conflicto con un PP que desde el primer minuto pidió la dimisión del fiscal general. La lista de problemas se apilan en la mesa del presidente, y en muy poco tiempo. En las filas del partido se percibe la tensión creciente, pero la orden es clara: continuar remando. "Es muy heavy todo lo que tenemos que aguantar. Tantas cosas. Pero solo nos queda tener paciencia y seguir", manifiestan desde la dirección parlamentaria en la Cámara baja. Y esperar a que escampe antes de que, tal vez, sobrevenga un nuevo golpe en una legislatura incierta e indudablemente complicada para los socialistas.