Distintos fiscales han recomendado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que repiense su postura de no dimitir en una Junta de fiscales de Sala en la que buena parte de los presentes ha expresado su apoyo personal y profesional al fiscal, después de que el Tribunal Supremo haya abierto una investigación contra él. Fuentes presentes en la reunión explican que han intervenido 24 de los 30 asistentes y las posturas han estado divididas entre los que han apoyado la continuidad del fiscal general y los que no. Por la tarde, en el Consejo Fiscal la mayoría de los asistentes ha pedido claramente la dimisión.

Prácticamente todas las intervenciones de la mañana comenzaron mostrando su apoyo al fiscal general en lo personal y fuentes presentes allí reconocen que recibió mensajes de cariño. Sin embargo, mientras algunas fuentes leen que el respaldo fue mayoritario para que no renuncie, otras voces fiscales especifican que únicamente diez mostraron un respaldo expreso.

Los cuatro fiscales que formaron la acusación en la causa contra los independentistas, Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadenas, así como los fiscales de Sala del Supremo Pilar Martín Nájera, Javier Huete, José Miguel de la Rosa y Antonio Narváez; y la fiscal de Sala de criminalidad informática Elvira Tejada pidieron específicamente la dimisión de García Ortiz. Pero, además, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón y la fiscal jefa de Antidroga, Rosa Ana Morán han indicado al fiscal general que seguir en el cargo puede perjudicar gravemente la imagen de la institución. Hasta 11, según dichas fuentes, han enseñado al fiscal general el camino de salida.

La Junta, que ha durado casi tres horas, la ha inaugurado García Ortiz dando explicaciones de por qué no va a dar un paso a un lado y rechazando que él filtrara los correos internos del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso que terminaron publicados en la prensa tras abrirse una investigación por fraude fiscal contra él.El jefe del Ministerio Público defiende que lo mejor para la institución es que continúe en el cargo para dar la imagen de solidez de la institución y que cualquier denuncia contra un fiscal por parte de un presunto delincuente no pueda acabar por apartar al investigador del asunto.

En cambio, una parte de la Junta se ha mostrado contraria al argumento de que su continuidad no vaya a perjudicar a la Fiscalía. Diferentes fuentes consultadas señalan que de forma tácita también se han movido en esta postura la exfiscal general del Estado, María José Segarra y el fiscal Fernando Rodríguez Rey, explicando que un fiscal general imputado tensiona a la carrera. Más ambiguo ha sido el fiscal jefe del Tribunal Constitucional Pedro Crespo que también ha intervenido. No lo han hecho otros fiscales como el jefe de la Audiencia Nacional Jesús Alonso o la jefa de Extranjería y Trata de Personas Beatriz Sánchez.

Dimisión clara en el Consejo fiscal

Por la tarde, la situación ha sido mucho más evidente. En el Consejo fiscal, órgano consultivo en el que el fiscal general está en minoría (12 miembros), el grueso de los integrantes le han pedido claramente su dimisión. Los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) y el consejero de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han pedido sin ambages al jefe que dé un paso a un lado.

En un comunicado difundido al término de la reunión, los vocales de la AF han señalado que "su actuación se enmarcó en el deber de informar de los asuntos relevantes para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, de manera que, ponderando las circunstancias, ha estimado que lo menos gravoso y más prudente es su propia continuidad en el cargo". Han trasladado que esta postura es "compartida por la inmensa mayoría de fiscales".

"Solo cabe entender que el perjuicio que se deriva para la institución al mantener este escenario supera con creces cualquier afectación producida por su conclusión, empezando por la propia anomalía que supone que quien está llamado a intervenir como parte del proceso en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, actúe bajo la jefatura superior del investigado en ese proceso", han recalcado.

Por otro lado, los dos vocales que forman parte de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecía el fiscal general, han mostrado su "firme respaldo a la decisión del fiscal general del Estado de no presentar su dimisión". "Razones de índole moral, institucional y el propio contenido de la resolución judicial sustentan este apoyo", han añadido

A su juicio, "la única razón por la que se elevó la exposición razonada al Tribunal Supremo ha quedado libre de toda duda". En este sentido, indican que si "la nota aclaratoria de la Fiscalía General del Estado no reveló secreto alguno porque estaba ya todo publicado, no existe, pues, viso alguno delictivo". "¿Qué lleva, pues, a seguir solicitando su dimisión después de conocerse esta realidad?", plantean. "Desde luego, no son razones de índole moral", sentencian.