El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tiene doble sesión de explicaciones este jueves, después de que ayer recibiera la noticia de que el Tribunal Supremo lo imputa por un delito de revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y decidiera quedarse en el cargo. La jornada será larga para él reuniendo por la mañana a la Junta de fiscales de Sala -- formada por los 37 altos cargos en el Ministerio Público-- y por la tarde al Consejo Fiscal --que integran los consejeros elegidos por la carrera--. Fuentes consultadas en ambos cónclaves aseguran que habrá presiones para que García Ortiz rectifique su decisión y dimita.

El orden del día que llegaba este jueves a primera hora a los convocados se basaba en un escueto "en relación a la situación derivada de la decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa penal contra el fiscal general del Estado". En ese marco, García Ortiz podrá decir, preguntar y explicar lo que quiera durante el tiempo que quiera. Camina sobre terreno virgen porque nunca antes un jefe del Ministerio Público había tenido que dar explicaciones sobre algo así, ya que es la primera vez en España que se produce una imputación de este tipo. El lienzo está en blanco y cada pincelada va a ser analizada con lupa por los que hace tiempo que le quieren fuera, pero sobre todo, por los que le defienden.

Fuentes de su entorno explican que está tranquilo y poco sorprendido tras su imputación, aunque "preocupado", como es lógico, por el futuro de la institución. Su intención es transmitir la imagen de una Fiscalía robusta y ese es el mensaje que quiere lanzar con la decisión de quedarse en el cargo. Que no pueda venir cualquier investigado, poner una denuncia a un fiscal y apartarlo de su puesto. Que las grandes organizaciones criminales no sientan que pueden disparar al que investiga. Y que se trata de un delito de revelación de secretos que, a su juicio, es muy discutible y va a quedar en nada.

Lo explicará primero por la mañana ante la Junta de Fiscales de Sala, compuesta por los 37 fiscales de la máxima categoría y luego les dará la palabra a los que quieran intervenir. García Ortiz tiene en esta reunión matutina apoyos mayoritarios, gracias a todos los ascensos que ha realizado él y que hizo su antecesora Dolores Delgados. En total hay 16 fiscales que pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que él perteneció, y 9 miembros de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria. Además, son 11 los fiscales no asociados y será en ellos donde haya más ojos puestos para saber cómo lo ven los que inclinan la balanza de la Junta.

Ni siquiera tienen que dar su opinión todos, pero dada la trascendencia de la noticia varias fuentes creen que "toca hablar". O, más bien, "toca pedir que se vaya". Para citadas voces, la realidad es que sin la dimisión "sólo se beneficia él en su defensa procesal" y lo único que hace es "perjudicar" la imagen de la Fiscalía. "La apariencia de legalidad está dañada", dicen. No conciben que siga en el cargo supervisando decisiones de otros fiscales que tendrán que iniciar una investigación contra él. "Seguirá mientras le convenga", vaticinan. Consideran que lo de reunirlos es "un paripé" porque él tiene la decisión tomada.

Lo cierto es que los dos órganos asesores, la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal (con el que se reunirá por la tarde) no tienen potestad para impulsar su cese. De hecho, las decisiones que toman son meramente consultivas y cuando votan, ya sea sobre cómo debe posicionarse la Fiscalía en un asunto o sobre quién debe ocupar un puesto, se trata de votaciones no vinculantes.

En este caso, no habrá ningún tipo de votación. Simplemente un debate de opiniones. Se presupone que los miembros de la AF pedirán la dimisión del jefe del Ministerio Público, así como el único integrante que tiene la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en el Consejo Fiscal, Salvador Viada. No obstante, en los últimos cónclaves -- el que trató, precisamente, sobre si había revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso, el que trató sobre el delito de terrorismo en Tsunami Democràtic o el que tomó partido en la Ley de la Amnistía-- algunos miembros de este grupo como el jefe de la Audiencia Nacional Jesús Alonso se han posicionado siempre del lado del fiscal general. Y lo mismo pero al contrario en el caso de la exfiscal general del Estado María José Segarra, que perteneciendo a la UPF ha votado en contra de las pretenciones García Ortiz.

Entre los no asociados se encuentran algunos fiscales de mucho peso en la carrera como el que fuera jefe de la Audiencia Nacional y actualmente de la Sala de lo Penal del Supremo, Javier Zaragoza; su compañero de filas en la acusación del procés Jaime Moreno; la fiscal jefa de Antidroga, Rosa Ana Morán; el fiscal jefe del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo; la fiscal Pilar Martín Nájera; o el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Las expectativas sobre lo que ellos van a decir son altas porque su valoración suele influir en el resto y muchos tienen que despachar semanalmente con la cabeza del Ministerio Público.

El Consejo Fiscal, por su parte, se desarrollará en los mismos términos. Sin posibilidad de votación ni de torcer el brazo a García Ortiz. Allí estarán los consejeros natos, es decir, la 'número dos' de la Fiscalía María Ángeles Sánchez Conde --que será, por cierto, la que tenga que llevar todo el procedimiento contra su jefe-- y la jefa de la Inspección Mª Antonia Sanz Gaite; además, los miembros elegidos por la carrera fiscal que son seis de la AF, dos de la UPF y uno de la APIF. En esa reunión el fiscal general sí está en minoría, pero tampoco tiene ningún efecto práctico.

Será relevante, por tanto, conocer en qué tono se desarrolla el debate. Fuentes de la carrera explican que no es de recibo que los fiscales puedan ser suspendidos por el fiscal general del Estado si son imputados por cometer delitos en el ejercicio de sus funciones y, de forma inversa, no haya ningún reglamento que contemple que el jefe deba dimitir. Otras voces señalan que la potestad la tiene el Gobierno que, aunque a priori no puede cesarlo pues su mandato dura lo que dure el Ejecutivo, la ley tiene acepciones en su artículo 31 y habla de que podrían removerlo "por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones". "El Gobierno no echará sólo cuando le convenga", añaden.