Sumar da un toque de atención a la cuota socialista, mayoritaria, del Gobierno de coalición. Con un clima tensionado, que va a más a diario entre el PSOE y el PP, los magentas exigen que se tenga altura de miras y haya capacidad de entendimiento con los populares en materia social al menos. Sobre todo, después de que Génova haya dado pasos hacia ese debate estas semanas atrás. Ante la disposición de los de Alberto Núñez Feijóo a hablar de conciliación, el Ejecutivo desdeñó directamente sus propuestas, las cuáles están ya en proceso de tramitación parlamentaria y a la espera de su toma en consideración. Y ese desplante inmediato, según Sumar, ha justificado al PP para ser mucho más duro con la ofensiva con ETA en el centro del debate.

Más de lo que podría esperarse aun con el fallo reconocido en torno a la enmienda que beneficiará a etarras en la convalidación europea de condenas. Y que precisamente es fruto de Sumar, que con ella derogó la disposición adicional única implantada por el Gobierno de Rajoy para evitar procesos previos al 15 de agosto de 2010. Y por tanto de etarras. El panorama de bloqueo permanente y poco avance en beneficio de la ciudadanía preocupa a los izquierdistas, sobre todo por los órdagos a cuenta de la corrupción o la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Desde el partido de Yolanda Díaz, que lidera de facto, aunque ya no orgánicamente, entienden que el PP salió a degüello contra el Ejecutivo estas semanas por el rechazo del Gobierno y el descrédito, sumado a los contrapesos y el ala dura dentro de las filas populares. "Para contrarrestar ese giro social, han ido muy fuerte con ETA", replican fuentes magentas. "Han dado un bandazo", califican, después de dar un paso importante. Algo que confluye, además, con el despliegue de presión ante el informe de la UCO con novedades sobre el caso Koldo, con una querella popular contra el PSOE ya desestimada. Y con el respaldo generalizado del Gobierno a García Ortiz. Incluido el propio Sumar. Que ha sido censurado por la oposición.

Hemos llegado a un punto en el que "el PSOE denuncia o desmiente cualquier cosa que dice el PP". Lo aplican a ese contexto de debate social y laboral. Todo cuando es apreciable que "en el PP se están moviendo cosas". Y en lugar de motivar esos "bandazos" y que los populares "se recalienten", recalcan en Sumar, sería "interesante que caigan de lado del conjunto social". Sobre todo cuando, dicen, hay cierta afinidad con agentes sociales como Comisiones Obreras (CC.OO.). El lunes, de hecho, Feijóo se citó con Unai Sordo, el secretario general del sindicato, en la séptima planta de Génova para trasladarle sus propuestas de conciliación. Patentes las diferencias con el popular, en unas declaraciones posteriores Sordo apreció sobre las medidas que "varias de ellas no suenan mal". Eso es una señal clara para Sumar, que insta al PSOE a replantear su posición y abrir el debate sosegado.

Salvo en reducción de la jornada laboral, hay puntos en común entre lo planteado por el PP y el acuerdo de coalición del Gobierno

"Si a Sordo parte de lo que ha dicho Feijóo le suena razonable, se puede discutir", indican voces nacionales de Sumar. Diferencian, además, la actitud del PP pública, con figuras como Miguel Tellado como ariete parlamentario, con lo que sucede realmente entre bambalinas. "El PP se está moviendo" en ese horizonte social con este tipo de encuentros con agentes, algo que a diversos populares "no sentará muy bien". Por eso mismo, desde Sumar creen que el PSOE "debería tirar" de los de Feijóo para poner en el centro ese debate y abordar cuestiones que importan al conjunto de la sociedad. "Si en cada proceso" de apertura del PP "les golpeas, se lo pones más difícil", insisten. Lo ideal es "confrontar modelos".

Evidentemente, Sumar no espera pactar grandes medidas con el PP. Hay afinidad en lo relativo a las escuelas infantiles gratuitas de cero a tres años. Que el PP pide financiar a medias entre Estado y comunidades. Con un coste estimado en máximos de 5.000 millones de euros, los inconvenientes serían acordar el número de plazas necesarias. También las hay en la ampliación y la flexibilización de los permisos de paternidad. Los populares quieren extenderlos de 16 a 20 semanas, pudiendo el padre cogerlo en las seis primeras semanas y no inmediatamente después del nacimiento. Eso ya está recogido y pendiente en el acuerdo de coalición de PSOE y Sumar.

Se incluye en caso de la coalición avanzar "en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados de acuerdo a la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo". A ello se añade la sugerencia en la proposición de ley de un plan de ayudas para la reincorporación al mercado laboral de las mujeres que hayan dejado de trabajar para dedicarse a los cuidados.

La reducción de la jornada laboral, el punto más difícil

Aquí hay posturas completamente opuestas entre populares y la parte minoritaria del Ejecutivo. El PP propone flexibilizar la jornada para poder repartir las horas en beneficio de libranzas. Algo que supondría que, para contar con tres días de descanso, un trabajador podría sumar dos horas extra por día en una semana de cuatro. También se apuesta por un "banco de horas" para acumular las extra y añadirlas a un periodo vacacional o para compaginar mejor la vida privada. Sumar, en cambio, insiste en reducir a 37,5 horas la jornada semanal.

En este asunto la CEOE no está de acuerdo. Tampoco incluso con los de Feijóo en el detalle. Y son nueve meses de negociación sin avances. Esto dificulta cualquier paso de Génova sin el plácet de Antonio Garamendi. Y este jueves la vicepresidenta segunda Díaz ha dado un ultimátum que difícilmente podrá cumplir. Si no se apoya la reducción de 37,5 horas, se abordará la negociación exclusivamente con los sindicatos. En una especie de bis de la reforma laboral de 2022, uno de sus primeros éxitos con ayuda de los populares en un error en la votación. Tampoco es viable con Junts, a quien la patronal intenta condicionar para rechazarlo. Recientemente, Díaz se reunió con los empresarios para intentar ponerlos a su favor sin éxito. Foment del Treball y Pimec así lo acreditaron.