"Todavía no conocemos el alcance y totalidad de los sumarios. Se investigan quince delitos, con cuatro causas judiciales, de momento". Esta afirmación la realizó el pasado viernes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde Berlín donde se reunió con el presidente de la CDU alemana, Friedrich Merz. Los periodistas le interrogaron sobre la investigación que ha abierto el Tribunal Supremo contra el todavía Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz, por revelación de secretos, y los casos de corrupción en que ha derivado la trama que afecta a José Luis Ábalos. Él ya había hecho un somero repaso de su visión de la situación política española al propio Merz.

Desde que estalló lo que comenzó a denominarse popularmente el 'caso Koldo' los populares vaticinaron que quedaba mucho por conocer, mucho por trascender de un escándalo con diversas ramificaciones. Finalmente, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, vino a confirmar estos augurios, aunque en el cuartel general del PP avisan que todavía hay más material, incluso apuntan a que puede comprometer "cuestiones de seguridad nacional del país".

La trama se ha enredado tanto que cuesta seguir las migas de pan que va dejando la instrucción y el informe de la Benemérita. Uno de los hilos de los que tirar son las relaciones del conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, con el régimen venezolano -muy especialmente con la vicepresidenta bolivariana, Delcy Rodríguez- y con una serie de millonarios de ese país, con los que se encontraba a veces en República Dominicana. Según la UCO, de ellos conseguía mordidas para José Luis Ábalos y Koldo García. Además, la justicia investiga en otra pieza un fraude millonario de hidrocarburos, donde Venezuela, además, podría volver a tener un papel importante. Fue precisamente una empresa de esta red la que adquirió el chalet de La Línea (Cádiz) que usaba Ábalos.

Por la información que manejan en la sede nacional de Génova, apuntan a que estas actividades podrían afectar a cuestiones relacionadas bien con sectores estratégicos como el energético o a las relaciones internacionales con impacto en la seguridad nacional, interfiriendo en los asuntos que llevan los ministerios de Asuntos Exteriores y de Interior, y "quién sabe, con funcionarios de ambos". De hecho, en el informe de la UCO hay algunos capítulos censurados vinculados a secretos oficiales.

Llamados a la comisión de investigación del Senado

La trama está relacionada con elementos de la seguridad del Estado. Está imputado el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, que fuera agente del servicio de información, hasta que en el 2023 trasladaron, precisamente, a la embajada de España en Venezuela. También ha surgido nada menos que el nombre del ex director general del instituto armado Leonardo Marcos. A éste se le atribuye haber alertado a Koldo García de la investigación judicial en marcha. A Marcos se le trasladó deprisa y corriendo a la embajada de España en Estados Unidos. Ambos. Villalba y Marcos, están llamados a comparecer ante la comisión de investigación en el Senado del 'caso Ábalos' el día 28.

Precisamente, el pasado viernes, El Independiente revelaba cómo Villalba entró en la base de datos del Ministerio del Interior para obtener información de un inspector de Hacienda que investigaba a De Aldama, incluido el dato de si tenía "amantes". El primer partido de la oposición cree que puede haber alguna pieza más declarada secreta por afectar a la seguridad del Estado, "que es el funcionamiento habitual cuando se genera una sospecha en ese sentido" y ahora, dicen las fuentes consultadas, "sólo queda esperar acontecimientos".

"Esto no ha hecho más que empezar", alerta dice Feijóo

Feijóo también dijo desde Berlín que "esto no ha hecho más que empezar", lo que sitúa al presidente del Gobierno "en un punto de no retorno". En este sentido, explicó que existe una doble corrupción, la de las comisiones ilegales y la de la instrumentalización de las instituciones, que si bien Sánchez "antes criticaba", ahora "usa las dos de forma simultánea".

"Es evidente que estamos ante una situación inédita", agregó en una comparecencia pública tras reunirse con Merz y una representación del empresariado alemán. El jefe del Ejecutivo "tiene a su mujer en un juzgado, a su hermano en otro, a su número dos pendiente de un suplicatorio y al Fiscal General del Estado imputado", con causas abiertas en los tribunales ordinarios, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, recordó, por una trama de la que "todavía no conocemos el alcance y totalidad de los sumarios".

Los populares están intentado que se abra una pieza más, la de la presunta financiación ilegal del PSOE. La querella presentada ante la Audiencia se sostiene sobre la confesión anónima que ha hecho un empresario que dice haber llevado en persona bolsas de dinero a la sede federal de Ferraz por un montante total de 90.000 euros. El PP conoce su identidad, "también la justicia", aducen, aunque ya la Fiscalía anticorrupción ha pedido su archivo al Juzgado Central de Instrucción número 5, donde está el juez Pedraz que es, precisamente, quien investiga, en una causa declarada secreta, el fraude millonario de los hidrocarburos, donde concurren muchos de los nombres de la trama de las mascarillas.

Posibilidad de que la querella se desestime

En Génova dicen ser conscientes del riesgo de presentar una querella que pueda ser finalmente desestimada, pero defienden que "todo saldrá a la luz", dado que dicho empresario era socio de Aldama en la red que estafó al fisco casi 200 millones de euros, "está dispuesto a declarar" y, además, "tiene miedo" después de que tirotearan el automóvil del conseguidor de la trama. Los socialistas, por su parte han advertido de su intención de responder a esa querella con otra querella en caso de ser inadmitida. El aviso fue respondido, no sin ironía, por la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, quien en una comparecencia ante la prensa replicó que el PP "no tiene ningún miedo a ninguna querella. Aquí les esperamos. Pero les recomiendo que si la van a presentar, que la presenten en la Fiscalía, que es donde tienen mano".