Es una parte oscura de la historia y una pieza del relato que unos aún esconden y otros enarbolan como emblema de una suerte de ‘guerra de bandos’. Cuando ETA asesinaba cada semana, la lucha contra la banda alimentó acciones de ‘guerra sucia’, contrarios a la ley, en determinados sectores del poder. El palacio ‘La Cumbre’ de San Sebastián podría no haber pasado a la memoria colectiva, ser una más de las casas señoriales de la ciudad, pero en 1983 su historia cambió. Agentes de la Guardia civil del cuartel de Intxaurrondo trasladaron hasta allí a dos jóvenes detenidos en el País Vasco francés acusados de pertenecer a ETA; Joxi Zabala y Josean Lasa. Fueron interrogados y torturados. Después, trasladados lejos de allí, a Busot (Alicante), fueron asesinados y enterrados. Fue el episodio más cruel y siniestro de la lucha ilegal del Estado contra ETA.

Ahora, 41 años más tarde, aquella historia podría convertirse en el eje central sobre el que se levantará el centro de memoria que reclama la izquierda abertzale y que el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana proyecta sobre ‘La cumbre’. Un lugar más destinado a perpetuar la memoria sobre una parte de lo ocurrido en Euskadi en los años de violencia. La cuestión es determinar si su contenido debe asemejarse al de otras instituciones de memoria existentes, como el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria o del Instituto ‘Gogora’ del Gobierno vasco o si ‘La cumbre’ tiene que centrarse fundamentalmente en “crear conciencia sobre los crímenes perpetrados por el Estado”, tal y como reclama la izquierda abertzale y su entorno afín.

El palacio está ubicado a escasos metros de otro inmueble singular de San Sebastián, el Palacio de Ayete. Durante mucho tiempo fue la residencia de Franco en sus veranos en Donostia. Albergó también a miembros de la familia real y altas personalidades. En 2011 el Palacio de Aiete se convirtió en un referente para la izquierda abertzale al ser sede de la cumbre institucional que antecedió al anuncio de cese de la actividad terrorista de ETA, hace este domingo justo trece años. Diez años después, el propio Arnaldo Otegi leyó en Ayete lo más parecido a una declaración de perdón escuchada de su boca: “Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que nunca debió haberse producido”, dijo.

Ahora, EH Bildu quiere que a apenas 200 metros de ahí, en ‘La Cumbre’, otro palacio se convierta en lugar de memoria, en esta ocasión como símbolo del horror del terrorismo de Estado. Una suerte de contrapeso al resto de centros que recuerdan a las víctimas de ETA y en los que la ‘guerra sucia’ tiene menos presencia. La izquierda abertzale busca con el centro en ‘La Cumbre’ influir y completar en proceso de construcción de memoria y relato abierto en el País Vasco para futuras generaciones y en las que la violencia de ETA, la más prolongada en el tiempo, centra el relato histórico.

El 'caso Lasa y Zabala', "eje vertebrador"

El entorno afín a la izquierda abertzale, bajo organizaciones como Egiari Zor (En deuda con la verdad), Mikel Zabalza Herri Ekimena o Argituz, ya ha dejado claro cuál deberá ser su contenido. El Ayuntamiento de San Sebastián por ahora tan sólo ha avanzado unas ideas someras. En el primer caso, la propuesta se centra en recordar la violencia del Estado, en el segundo se apela a una visión algo más amplia. El Consistorio, que en agosto remitió al Gobierno de Pedro Sánchez y a los partidos su primera propuesta, habla de “visibilizar la violación de los derechos humanos” y situar el ‘caso Lasa y Zabala’ como “eje vertebrador”.

Una de las cuestiones que puede complicar el proceso es la sintonía del Consistorio, gobernado por el PNV, con el Gobierno vasco. El Ejecutivo de Pradales cedió el área de memoria al PSE, con quien la negociación para convertir en 'La Cumbre' en un símbolo de la 'guerra sucia' en tiempos de Gobiernos de Felipe González podría complicarse.

El Ejecutivo aún debe dar el primer paso y completar el acuerdo que alcanzó con EH Bildu para recabar su apoyo a la ley de Memoria Democrática. El pacto, que se remonta a junio de 2022, establecía la cesión de la titularidad del Palacio –ahora propiedad del Estado y que ha sido sede de la subdelegación del Gobierno- al Ayuntamiento de San Sebastián para crear en él un centro de divulgación de la memoria democrática. En el Consistorio aseguran a El Independiente que siguen sin noticias de cuándo se podría completar la cesión. Han pasado más de dos años desde la firma del acuerdo y ‘La Cumbre’ sigue siendo propiedad del Estado. Las reclamaciones del alcalde Eneko Goia siguen sin surtir efecto.

Se trata de un Palacio que se remonta al siglo XIX, 1892. Fue propiedad del duque de Tovar y no fue hasta 1994 cuando lo adquirió el Estado. Está catalogado como bien de interés cultural y goza de la máxima protección urbanística. Cuenta con 17.800 metros cuadrados de superficie. Un sótano, planta baja, principal y desván, además de un edifico anexo, una bodega, una quesería y amplios jardines. Su última remodelación se remonta a 1987.

"Centrado en la violencia estatal"

Organizaciones como Egiari Zor, Aranzadi, Mikel Zabalza Herri Ekimena presentaron esta semana su propuesta para ‘La Cumbre’ y que pasa por hacer de este palacio un lugar de recuerdo “centrado en la violencia estatal”. La viuda de Juan María Jauregi, asesinado por ETA, Maixabel Lasa, respalda el proyecto que busca, según sus impulsores, “que deje de ser un espacio de horror y espanto”.

La propuesta que plantean contempla que en un lugar así se pudieran visibilizar violaciones de derechos humanos “por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado” como las “desapariciones forzosas, ejecuciones sumarias, la violencia parapolicial, la ‘guerra sucia’, las torturas…”. Incluso reclaman que se incluya una exposición permanente dedicada al Franquismo y la Transición y las vulneraciones de derechos cometidos entonces, “sus fusilamientos, desapariciones, torturas, Consejos de Guerra…”. Un centro, aseguraron, centrado en este tipo de víctimas, no en las de ETA, pero a las que se les deberá “respetar”, aseguraron.

Desde el Ayuntamiento se subraya que la pretensión no es en ningún caso hacer un centro “sobre la tortura” sino fijar el contexto en el que organizaciones como el GAL, el Batallón Vasco Español, la ‘Triple A’ y otras vulneraron los derechos humanos: “La idea es situar todo en el contexto en el que se produjeron aquellos hechos. Debe ser un espacio para la educación, la reflexión, la memoria democrática”, señalan.