Montero ultima la propuesta de financiación autonómica que presentará ante un PSOE tensionado por el pacto con ERC

Será el próximo viernes. 25 de octubre. Ese día, Ferraz tiene que poner en manos de las federaciones del PSOE el borrador de la ponencia marco al completo para que, a partir de entonces, pueda ser enmendado por las bases y los cuadros antes del último debate, el que acogerá Sevilla en el 41º Congreso Federal, el 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Nada ha trascendido aún del contenido del documento, pero lo que es seguro es que uno de sus pasajes estará dedicado a la reforma del modelo de financiación autonómica. Y quien es la responsable de dar el último visto bueno antes de su envío a todo el partido, confirman fuentes de la dirección, es María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta primera del Gobierno y, sobre todo, ministra de Hacienda, encargada de intentar encajar un complejo sudoku interno, con los barones socialistas, y externo, con los gobiernos autonómicos y con los socios. Ella es la que debe cuadrar el círculo y tejer consensos con los territorios después de que varios de ellos mostraran sus recelos, cuando no su rechazo, al pacto alcanzado por PSC y ERC que hizo president a Salvador Illa y que consagraba una "financiación singular" para Cataluña, que los independentistas decodificaron al segundo como "concierto económico", concepto que la vicepresidenta no ha reconocido.

El de Sevilla es un congreso ordinario. Y esto quiere decir que no solo se renovarán los órganos de dirección —la ejecutiva de Pedro Sánchez, la comisión federal de ética y garantías y un tercio de los miembros del comité federal—, sino que también se retocarán los estatutos y se discutirá el rumbo estratégico e ideológico del partido. La nueva hoja de ruta se plasma en la ponencia marco, que en primera instancia elabora la cúpula saliente y que, tras su debate en el congreso, se transforma en resolución política, el corpus ideológico del PSOE hasta su siguiente cónclave, en este caso el número 42, el que se celebrará dentro de tres o, como máximo, cuatro años.

Los coordinadores del documento son Narbona, Mendia y Escudero, pero han contado con colaboradores, "expertos de dentro y de fuera del partido", para redactar cada eje temático. El de modelo territorial lo dirige Vara, y dentro de él se encuentra financiación, territorio de Montero

El comité federal del pasado 7 de septiembre aprobó tanto la composición del comité organizador del 41º Congreso —pilotado por Santos Cerdán, el secretario de Organización, y por la propia Montero—, como los tres coordinadores de la ponencia: Cristina Narbona, presidenta del PSOE; Idoia Mendia, secretaria de Estudios y Programas y eurodiputada, y Manu Escudero, presidente de Avanza, el nuevo think tank socialista. Ellos tres han contado con diversos colaboradores, "expertos de dentro y de fuera del partido", para redactar cada uno de los ejes temáticos del documento.

La parte de la financiación autonómica se ha incluido en el capítulo más amplio de modelo territorial, que coordina el expresidente extremeño (y exsecretario regional) Guillermo Fernández Vara, responsable de Política Autonómica de la ejecutiva. Y quien ya ha "preparado" directamente ese pasaje, el de la financiación, ha sido Montero. "En estos últimos días, hay interacción entre la Moncloa y todas las personas que han venido trabajando en la ponencia", señalan a este diario desde la cúpula del partido, donde esperan que el texto definitivo esté ya listo "en los próximos días". Es decir, que la vicepresidenta perfila ya la redacción de la parte más delicada del borrador con Sánchez y su equipo. "El responsable de toda la parte territorial es Guillermo, pero de la parte de fiscalidad es María Jesús", detallan otro miembro de la cúpula.

Una ponencia "potente"

El jefe del Ejecutivo ya aseguró el pasado 12 de octubre, en la recepción en el Palacio Real ofrecida por los Reyes, que estaba muy implicado en la elaboración de la ponencia, empeñado en que sea "potente", que incorpore "propuestas que retroalimenten el discurso y la acción del Gobierno". Sánchez recordaba que ya había ordenado al partido, precisamente en la reunión del comité federal de septiembre, que quería que el PSOE fuera "dos pasos por delante" del Ejecutivo, que sea la organización la que marque la "orientación política" del Gobierno en un momento muy crítico, en el que se agolpan los frentes judiciales y se suman a la precariedad parlamentaria de la coalición.

La dirección no prevé consensuar antes del próximo viernes el texto con los barones: se seguirá el procedimiento habitual, de enmiendas de abajo arriba, hasta la cita del congreso federal

La idea de la dirección es la de remitir el documento a las federaciones el 25 de octubre para, a partir de ahí, arrancar el debate interno. También sobre financiación autonómica. No se prevé, por tanto, que Montero sondee previamente a los barones socialistas para intentar acercar posturas con ellos y cerrar una primera redacción. La cúpula entiende, y así lo explica a este periódico, que se debe seguir, también en este asunto complejo y conflictivo, el procedimiento habitual: envío de la propuesta, discusión de las bases y la dirigencia, remisión de las enmiendas, asunción y transacción de las que Ferraz considere aceptables y debate ya en el congreso, en Sevilla, de aquellas modificaciones que no comparta.

Los tiempos, de hecho, ya están descritos en las bases de la convocatoria del cónclave, aprobadas en septiembre. Las agrupaciones socialistas debatirán y votarán las enmiendas a la ponencia marco hasta el 4 de noviembre, y las que obtengan el apoyo de al menos un 30% de la asamblea serán estudiadas y discutidas en la convención precongresual provincial. Estos congresillos se tendrán que celebrar entre el 8 y el 10 de noviembre, y elevarán al cónclave federal las propuestas que tengan el respaldo del 30%. Ferraz remitirá la memoria de enmiendas —hace tres años, en el 40º Congreso, fueron 10.485, más otras 280 a los estatutos— el 19 de noviembre, diez días antes del arranque de la cita en la capital andaluza.

La dirección no ha dado pistas de cómo articulará su propuesta sobre financiación autonómica, aunque distintos dirigentes territoriales esperan que formule una redacción muy genérica, lo suficientemente amplia como para contentar a todas las federaciones sin chocar con lo firmado por PSC y ERC en verano. Montero siempre ha negado que lo suscrito suponga alumbrar un sistema de concierto económico para Cataluña —lectura con la que discrepan varios barones y expertos en la materia—, puesto que se consagra la "solidaridad interterritorial", ya que cuando se despliegue el nuevo modelo la Generalitat tendría que hacer una aportación por los servicios que cubre el Estado (muy semejante al cupo vasco y navarro, por tanto) y otra aportación más para que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos "puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal similar". Pero esa solidaridad quedará limitada, dice el texto de PSC y ERC, por "el principio de ordinalidad".

Montero ha negado que el Ejecutivo haya aceptado un concierto para Cataluña. Se trata de una "mirada nueva", ha repetido. Y ha avisado de que lo único que está calendarizado es la cesión del 100% del IRPF

La vicepresidenta no ha entrado al detalle hasta ahora. Lo que sí ha recordado es que lo único que sí está calendarizado en el acuerdo con los republicanos es la cesión del 100% del IRPF: se tendría que acordar en 2025 para que la transferencia esté en marcha en 2026. A partir de ahí, la vocación es aumentar las cesiones de otros impuestos "de forma paulatina a lo largo de los años". En Hacienda ya han ido avanzando que será muy difícil dar más pasos en esta legislatura, no solo por la complejidad técnica de los trabajos, sino porque la Agencia Tributaria de Cataluña está lejos de tener la capacidad de absorber la gestión total de gravámenes de carácter estatal.

Pocas concreciones hasta ahora

Sánchez, en sus cuatro jornadas de reuniones bilaterales con los presidentes autonómicos —aún faltan por desfilar por la Moncloa los mandatarios de Castilla y León, Baleares, Extremadura, Madrid y Cataluña, además de los líderes de las ciudades de Ceuta y Melilla—, tampoco ha bajado al detalle. Sí ha garantizado que la discusión con las CCAA será multilateral, y que el marco ha de ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidido por Montero, lo que no quita para que se respete la conversación bilateral que, de hecho, contienen varios estatutos de autonomía. También ha adelantado que nadie perderá con el nuevo modelo, ya que el Estado inyectará más recursos. Habrá, pues, más dinero sobre la mesa. No hay tampoco cifras.

El presidente ha prometido una negociación multilateral y que nadie perderá con el nuevo modelo, ya que pondrá más recursos sobre la mesa

El presidente ya dijo ante el comité del 7 de septiembre que está dispuesto a hacer "nuevas transferencias competenciales, a reconocer singularidades, a permitir que todas las comunidades autónomas que lo deseen recauden y gestionen más gravámenes, porque es algo coherente con nuestro Estado federal que llamamos autonómico". Pero sobre todo incidió en que el modelo del PSOE es uno muy distinto al del PP, que persigue beneficiar a "los de arriba". El de los socialistas, afirmó, es el que defiende que "la sanidad y la educación, la dependencia y las pensiones son de los derechos con los que nunca se puede mercadear".

Montero ha pedido, en sus comparecencias sucesivas en Senado y Congreso, comprender que no hay que concebir la reforma del sistema de financiación autonómica con los viejos parámetros, que se trata de una "mirada nueva". Pero no ha hilado más fino. Es seguro que el debate se abrirá en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en diciembre —aún no hay fecha— en Cantabria, porque las CCAA gobernadas del PP lo han pedido y son mayoría, así que sin ellas no se puede confeccionar el orden del día, que se cerrará en la reunión del comité preparatorio del próximo 28 de octubre.

El Gobierno no solo cuenta con el rechazo absoluto de las comunidades del PP a cualquier reconocimiento de la "financiación singular" para Cataluña, sino también con dudas entre los socios —como de los partidos que forman parte de Sumar, como Chunta o Compromís— o el portazo de Junts, que considera el pacto PSC-ERC como insuficiente. Dicho de otro modo, a día de hoy no habría números en el Congreso para reformar el modelo, caducado desde 2014. Descontado el PP, y dado que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la que vertebra el modelo, requiere de mayoría absoluta (176 votos) para su modificación, el Gobierno necesita a todos sus socios de investidura para poderla sacar adelante. Incluido el voto del exministro José Luis Ábalos, al borde de su imputación por el caso Koldo. Necesita prácticamente replicar la elección de Sánchez de hace un año, cuando fue elegido por 179 síes (y 171 en contra, de PP, Vox y UPN).

En el partido esperan una redacción genérica, capaz de contentar a todas las federaciones sin que choque con el PSC. En Ferraz no dan pistas, pero reconocen que lo que se ofrecerá "no va a ser la LOFCA"

Pero antes de enfrentarse a la guerra exterior, la labor de la vicepresidenta será tejer primero un consenso interno dentro del PSOE. Casando las opiniones del PSC y de las federaciones del arco mediterráneo o Galicia —más comprensivas con el acuerdo con ERC— con las de los territorios del interior. Las posiciones más duras son las de Castilla-La Mancha y Aragón, lideradas por Emiliano García-Page y Javier Lambán, pero también han manifestado sus advertencias y reparos Asturias —presidida por Adrián Barbón—, Castilla y León (Luis Tudanca), Extremadura (Miguel Ángel Gallardo) y Madrid (Juan Lobato). La división sobre cómo reformar el sistema alcanza, obviamente, al PP, porque esta no es una discusión que enfrente a dos colores políticos, sino que tiene más que ver con las demandas específicas y las particularidades de cada comunidad. Montero, no obstante, tiene por delante, antes de arrancar la negociación de la financiación de las CCAA, la aprobación de la senda de estabilidad y de los Presupuestos para 2025, dos herramientas fundamentales que permitirán dar estabilidad a la legislatura. Y ambas dependen, básicamente, de Junts.

Desde el comité organizador recuerdan que la ponencia es un documento político, de orientación estratégica. "No va a ser la LOFCA, eso seguro", advierten. No se planteará, ni mucho menos, una aproximación al articulado de la reforma. Ferraz deberá caminar sobre seguro. Su reto es ahormar una posición única dentro del PSOE, en la que se sientan reflejadas y cómodas todas las federaciones y el PSC. La duda es si conseguirá zanjar pronto una discusión incómoda y que ha tensado muchísimo las costuras del partido, como nunca hasta ahora en el mandato de Sánchez. De la habilidad de la cúpula y de la disposición de los barones depende que el debate sobre la financiación autonómica se amarre sin demasiadas dificultades o bien colonice los debates del 41º Congreso de Sevilla.