El Gobierno y sus socios pidideron a la mesa del Congreso de los Diputados que se tramite por el procedimiento de urgencia la proposición de Ley Orgánica de Protección de las libertades y Seguridad Ciudadana. Esto significa dar prioridad a los cambios que PSOE y Sumar acordaron con los partidos que respaldan al Ejecutivo: EH Bildu, ERC y el BNG en la conocida ley mordaza.

El procedimiento de urgencia no supone que la ley se apruebe en lectura única, si no que los plazos en comisión para presentar enmiendas y cambios se reducen. La idea del Gobierno es que la nueva legislación se apruebe en el Congreso antes de que termine el año.

Todavía necesitan contar con los siete votos de Junts, el partido de Carles Puigdemont, quien no los dio por seguros. La portavoz, Miriam Nogueras, confirmó hace unas semanas que presentarían sus propias enmiendas.

El registro de la petición, consultada por El Independiente, se realizó el pasado viernes 18 de octubre y lleva la firma de los cinco partidos mencionados. Los cambios más significativos de la ley mordaza son la eliminación paulatina de las pelotas de goma y la rebaja en las multas por desobediencia a los agentes.

También pretende que en seis meses se cambie la ley de extranjería para acabar con las "devoluciones en caliente", aunque en 2020 el Tribunal Constitucional avaló el retorno de los inmigrantes en la frontera.

Estos eran los cuatro puntos que hicieron embarrancar la derogación de la ley mordaza en la pasada legislatura, precisamente por la oposición de ERC y Bildu. Ahora, esos cuatro aspectos clave —faltas de respeto a la autoridad, desobediencia, devoluciones en frontera y, sobre todo, el uso del material antidisturbios— son los que el Gobierno ha logrado desbloquear con la izquierda abertzale.

Protesta policial

Este lunes, 18 sindicatos y asociaciones policiales han convocado una concentración el próximo 6 de noviembre frente al Congreso de los Diputados para protestar contra la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley Mordaza, ya que consideran que los cambios que se prevén introducir en la nueva norma comprometerán la seguridad y perjudicarán la eficacia policial.

Según informan este lunes los convocantes, agrupados con la denominación Plataforma contra la Inseguridad Ciudadana, las modificaciones propuestas que serán debatidas próximamente en el Congreso "van en dirección contraria" a las necesidades de los cuerpos policiales para afrontar con garantías desafíos como "la delincuencia de alta intensidad, bandas juveniles violentas, mafias internacionales o delincuencia tecnológica".

Desde la Plataforma invitan al resto de asociaciones y sindicatos policiales y a todos los ciudadanos a unirse a la concentración en la que policías y guardias civiles expresarán su disconformidad con la reforma que, aseguran, "compromete la tranquilidad de las calles en favor de los más violentos".

Hasta el momento, a la concentración convocada se han sumado la asociación de policías y guardias civiles, Jusapol; el sindicato de la Ertzaintza, Si.P.E; el sindicato de funcionarios públicos, CSIF; la asociación profesional de la Guardia Civil, Jucil o los sindicatos de la Policía Nacional, Jupol, UFP, CEP y ASP.

También acudirá la agrupación de policía foral APF; la asociación H50; la asociación de profesionales de la seguridad, Politeia; la asociación Policía S.XXI y los sindicatos de Policía Local, SIPLG, USPLBE, P.L.A., C.P.P.M, A.P.L.B. y A.S.I.P.A.L. de Canarias.