Sumar se ha desmarcado del PSOE este martes en el Pleno del Congreso facilitando con su abstención la toma en consideración de una ley propuesta por el PP, rechazada por los socialistas, que busca obligar al Gobierno a tener que pedir autorización a la Cámara Baja para el envío al extranjero de material militar como el que se está mandando actualmente a Ucrania.

Esta reforma ya fue propuesta por el PP en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. La Cámara Alta la tomó en consideración el pasado mes de septiembre con la abstención de los socios del PSOE y el no de los de Pedro Sánchez y la remitió al Congreso. En este momento sigue abierto el plazo para la presentación de enmiendas, por lo que no ha arrancado su tramitación efectiva.

Aún así, el PP ha optado por llevarla al Pleno donde ha contado con el apoyo de Vox y de Podemos, mientras que el PSOE y sus aliados parlamentarios de ERC, el PNV, Junts y Bildu, han votado en contra. Y Sumar, que podía haber inclinado la balanza en el 'No', ha optado por la abstención permitiendo que la iniciativa del PP siguiera adelante. También se ha abstenido el exministro socialista José Luis Ábalos.

En su texto, recogido por Europa Press, el PP plantea ampliar el artículo 17 del Capítulo I del 'Título III. Misiones de las Fuerzas Armadas y su control parlamentario' de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, para obligar al Gobierno a solicitar la autorización del Congreso para enviar material militar a una zona de guerra, como puede ser Ucrania.

Este artículo ya contempla que el Gobierno debe realizar una consulta previa al Congreso para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o el interés nacional.

Los 'populares' alegan que España es una democracia parlamentaria, por lo que ampliar ese artículo 17 se hace "necesario" para "adecuarlo a la realidad actual y proceder a una mayor participación del Parlamento".

El Gobierno abusa

Los de Alberto Núñez Feijóo quieren "evitar" que "el consentimiento mostrado en un momento dado sirva para amparar escenarios diferentes a los previstos en un primer instante" y ponen el foco en que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha abusado de sus prerrogativas" en este ámbito "y ha evitado cualquier debate" en este sentido.

Así, según el texto, la autorización dada por el Congreso para el envío de material militar a zonas en guerra tendrá que otorgarse con carácter anual y las renovaciones podrán solicitarse en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja.

El Ministerio de Defensa ha llevado a cabo un total de 61 exportaciones de material militar con destino a Ucrania desde marzo de 2022, cuando comenzó la invasión rusa, según los últimos datos disponibles, a fecha del 29 de febrero de 2024. Además, en aquel momento, el Gobierno había autorizado 90 exportaciones más de armamento a Ucrania llevadas a cabo por empresas privadas.

Se trata de equipos de visión nocturna, vestuario de protección militar NBQ, radiocomunicaciones, aeronaves no tripuladas UAV, sistemas de control remoto de armas, sistemas de guiado de munición, obuses, ametralladoras, minas anticarro, munición de arma ligera y de artillería, granadas de mortero, misiles Hawk, Mistral, Harpoon, Aspide, vehículos TOA, diez carros de combate Leopard 2A4 y ocho patrulleras.

Incluir las operaciones en el exterior en la rendición de cuentas

Además, el Ejecutivo necesitará que el Congreso dé luz verde a las operaciones en el exterior "que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional". Al pedir el respaldo, el Gobierno tiene que determinar el número de efectivos máximo y el material aproximado necesario para llevarla a cabo. Los eventuales incrementos de personal deberán también ser aprobados en la Comisión de Defensa.

El PP indica en su texto que la ley establecería que esta autorización tendría una vigencia de cinco años. Antes de que acabe este plazo, el Gobierno debe comparecer en la Comisión de Defensa del Congreso para hacer una evaluación de la misión, tras lo que podrá solicitar una prórroga de una duración máxima de cinco años. Por último, pide que el ministro de Defensa comparezca de forma anual en la Comisión de Defensa para informar sobre las misiones en el exterior autorizadas por la Cámara Baja.

Actualmente, unos 3.000 militares están desplegados en 16 misiones en el exterior repartidas por cuatro continentes. Destacan unos 650 efectivos desplegados con la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano (UNIFIL) o 350 militares que participan en la Operación Atalanta de lucha contra la piratería en Somalia.