El preacuerdo de Vox con el PP para abstenerse en la votación del techo de gasto planteado en Baleares no cambia nada para el partido que pilota Santiago Abascal. Las condiciones para sacar adelante las nuevas cuentas regionales en los bastiones donde los populares ahora gobiernan en solitario, con mayoría simple, no han cambiado para la cúpula nacional de la formación ultraconservadora. De hecho, se recalca que será un diálogo duro, de haber disposición de los presidentes del PP de sentarse con ellos. Se exigirán máximos a María Guardiola (Extremadura), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Jorge Azcón (Aragón), Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) y Fernando López Miras (Región de Murcia).

El caso balear es una excepción entre Vox y el PP por varios factores. El primero es que el partido anda fragmentado en el Parlament, con tres facciones. Una está "más fuera que dentro", indican fuentes locales en referencia a Idoia Ribas y Sergio Rodríguez [también se apelaba con anterioridad a Agustín Buades, que salió este verano al Grupo Mixto]. Otra se mantiene ambigua, aseguran de la portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, y su segunda, María José Verdú. Y otra es fiel al aparato, caso del diputado y presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, y de Patricia de las Heras, presidenta de Vox Baleares.

El segundo término, la ausencia de lealtad férrea a Madrid —se corregirá en la elaboración de próximas listas electorales—, permite menor exigencias al PP. Se han conformado con el compromiso de no acoger de nuevo a menores no acompañados ni a acordar repartos, a la vez que se garantiza la protección del castellano. En tercer lugar, el de las islas era el único acuerdo externo, sin entrada al Gobierno, y de menor número de exigencias. Lo que encauza el diálogo, que no se rompió definitivamente como en el resto de lugares.

Sin embargo, las facilidades que da el escenario balear, con tendidas de mano incluidas por parte del PP, no se replicará tan fácilmente en el resto de comunidades donde sí hubo salidas de los Consejos de Gobierno. Ello tras despuntar la crisis migratoria de Canarias y Ceuta, aún candente y sin solución pactada entre Gobierno, oposición y comunidades. Y más al aceptar Alberto Núñez Feijóo la materialización de una distribución de menores extranjeros no acompañados que estaba pendiente y prorrogada desde el mes de abril. Incluso con las advertencias de ruptura que venía haciendo Abascal a Génova, que terminó siendo aplicada por el voto afirmativo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

El rechazo explícito a más acogidas de menores migrantes, así como de inmigrantes ilegales en edad adulta será el paso previo para acercar de nuevo posturas. "Es algo a lo que tienen que comprometerse desde el principio, se tienen que retratar" todos los presidentes, advierten fuentes nacionales de Vox. Que le ponen al PSOE como la alternativa de negociación. Aunque a conciencia. En Bambú son conscientes de que las tensiones entre socialistas y populares a nivel nacional, tanto política como judicialmente, impiden cualquier diálogo. Igualmente, por el rechazo de Génova a avalar las cuentas del Gobierno para 2025.

Vox presiona regionalmente al saber de la dificultad de PP y PSOE de llegar a un consenso en plena ofensiva nacional

Ese cortafuegos migratorio para invitar a los de Abascal a negociar ya es complicado que se de uniformemente, patente ya el ejemplo balear. Más cuando hay disposición de los populares a seguir negociando con el Gobierno de Pedro Sánchez sobre inmigración —junto a Canarias—, siempre y cuando se acepte la cooperación europea para controlar la inmigración. Si bien los planteamientos del PP en inmigración siguen ahora una línea más dura, a imagen del EPP desde Bruselas, a día de hoy Génova no está por el veto como Vox a las acogidas, siempre y cuando las gestione el Gobierno por encima del 150% de ocupación en los centros en una determinada región y se hagan de forma controlada evitando el efecto llamada, defienden los populares. Esa y otras medidas se integran en el Plan de Acción consensuado con el presidente canario, Fernando Clavijo.

"Disposición" de Mazón y Guardiola

Castilla y León está prácticamente vetada para un entendimiento. Fue el primer enclave compartido con el PP desde abril de 2022, y donde más fuerte ha sido el enfrentamiento permanente entre partidos. Especialmente por el perfil mediático de Juan García-Gallardo. Este mismo lunes, en rueda de prensa, el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, indicó que será complicado para Mañueco. "No han empezado bien allí, es un pésimo camino. Ellos sabrán lo que hacen", consideró el también recientemente elegido presidente de Vox Madrid. En los últimos días, el PP castellano y leonés pidió responsabilidad y "altura de miras" a los de García-Gallardo. Ante el anteproyecto de Presupuestos, el exvicepresidente valoró que está lleno de "guiños a las políticas de izquierdas", por las partidas para sindicatos y ONG que ayudan a inmigrantes. Así como de propuestas "electoralistas".

El contraste, al menos en las previsiones que hacen en Vox, son la Comunidad Valenciana y Extremadura. Tanto para ese veto a la inmigración irregular al que "se comprometieron" para los pactos de gobierno frustrados —se hacían referencias a la inseguridad y la okupación, pero no a la inmigración—, como para recuperar toda la acción previa consensuada con la rúbrica de las coaliciones. "Valencia es la más clara. Allí se puede. Y en Extremadura, Guardiola está mandando un mensaje de que está dispuesta a negociar", dicen. Silencio sobre Aragón, o con la Región de Murcia, en cambio, donde prácticamente se da por imposible aunque fuentes populares señalan que las directrices son prácticamente las mismas que las de las cuentas actuales. El cierre del centro de menores de Santa Cruz se antoja crucial.

Para dar ese paso en las negociaciones Vox quiere que sobre la mesa vuelvan a estar las rebajas fiscales pactadas en 2023, lo que sería más factible. Igualmente, la recuperación de toda la legislación aparcada o derogada. Lo que más suena son las leyes de Concordia. La valenciana está vigente. Mazón la ha hecho suya, aunque puede ser retocada por el PP próximamente. La extremeña se tumbó antes de plantearse a la Asamblea en votación. Eso pone en mejor posición a Mazón que a Guardiola. De hecho no se niega desde el PP valenciano la buena sintonía entre partidos. Lo era con el exvicepresidente, Vicente Barrera. Lo recalcan fuentes parlamentarias. Aunque la intención del PP es conversar con todos los grupos a la vez, con una propuesta única difundida.

Según ha podido saber El Independiente, Vox Valencia ha pedido sin éxito un adelanto del borrador para conocer los pormenores planteados por el PP y plantear retoques. No molesta tanto esa intención multinivel del diálogo. Algo que sí en Extremadura a Vox. Preguntadas fuentes regionales extremeñas sobre el estado del diálogo, se apunta a que Guardiola está en periodo de conversaciones. Sin más profundidad.

Bloqueo permanente si no se cumple

En Vox recalcan que no cederán a cualquier alternativa que no pase por aceptarse todo el marco de los acuerdos alcanzados con anterioridad, más "un guiño" añadido, que no precisan. Si lo justifican como compensación al no estar dentro ya de los gobiernos. "Si antes estaban dispuestos a cumplirlo todo, ahora no tendrían que tener ningún problema", pronostican. El rechazo a bajar de los máximos complica de por sí las negociaciones al PP, que no quiere entrar en una vía de unilateralismo en cuestiones como la inmigración. Y va en la línea de la información que adelantó este digital el 24 de septiembre: Cargos regionales de Vox adelantan el rechazo a los presupuestos del PP antes de que Madrid presione con exigencias.

Vox parte con la idea de ser lo más duro posible, para que un posible rechazo a negociación le fortalezca de cara a su público. Aunque una prolongación de cuentas ante buenas propuestas fiscales, como bonificaciones concretas, puede generar descontento entre el nicho de votantes de derechas. No preocupa a Vox, que afirma que sus potenciales votantes respaldan esa presión total.

De llegarse a esos consensos —tanto por ceder el PP o rebajar expectativas Vox—, fuentes nacionales del partido no temen que pueda darse un incumplimiento posterior de todo lo pactado. Porque de ser así, se instalará un veto permanente a cualquier propuesta que se plantee y no tenga aval de la izquierda.