Nueva mudanza. Nuevo cambio, el enésimo, en el diseño de RTVE, la radiotelevisión pública estatal. Menos de cuatro años después de la última renovación pactada del consejo de administración de la corporación, y a la vista de que era imposible salir de un nuevo bloqueo, el Gobierno de Pedro Sánchez acomete una nueva reforma. Muy sustancial. Cambia, vía real decreto ley, la forma de elección de la cúpula de RTVE y se asegura con sus socios el control desactivando toda opción de que el PP, que dispone de mayoría absoluta en el Senado, pueda paralizar el relevo. Y es que la clave de esta reestructuración de la radio y tele públicas es que el peso se vuelca hacia el Congreso, que es quien tendrá el poder de elegir a más de los dos tercios de los consejeros, y solo con ellos se puede constituir el nuevo órgano de dirección de la corporación. Todo irá muy rápido, y de hecho el Ejecutivo ya tiene previsto que el nuevo sistema sea sometido a la preceptiva convalidación parlamentaria la semana que viene. Sánchez asume el desgaste, por tanto, de tener una RTVE bajo control para acabar con meses y meses de desgobierno y volados los puentes con el PP.
El Consejo de Ministros de este martes aprobó el real decreto ley que modifica a su vez la norma 17/2006 que alumbró el modelo de Radiotelevisión Española que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un texto que presentó en la rueda de prensa posterior a la reunión ordinaria del Gabinete el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, el dirigente socialista que, como él mismo recordaba durante la comparecencia, siempre ha estado detrás de todas las negociaciones que han rodeado la configuración de la radio y la tele públicas, y que ahora se justifica todavía más por la cartera de la que es titular desde primeros de septiembre, cuando sustituyó al tecnócrata José Luis Escrivá, nombrado por Sánchez como gobernador del Banco de España.
La radiotelevisión pública atraviesa una crisis de gobernanza, con una presidenta interina, Conchi Cascajosa, cinco de sus diez consejeros con el mandato caducado y una vacante por cubrir. Las conversaciones con el PP no habían prosperado
Lo que busca el decreto ley es forzar la renovación de RTVE. Sí o sí. Con o sin el PP. Las conversaciones con los populares que empezaron hace meses y que estaban paradas, habían entrado ya en vía muerta. El Gobierno necesitaba a los conservadores para poder cubrir la vacante del dimitido José Manuel Pérez Tornero y reemplazar a cinco consejeros que fueron elegidos en 2021 —en un pacto que pilotaron el hoy ministro Félix Bolaños y el entonces número dos del PP, Teodoro García Egea— y cuyo mandato de tres años venció en marzo: los tres nombrados a propuesta del PP (Jenaro Castro, Consuelo Aparicio y Carmen Sastre), el aupado por el PNV (Juan José Baños) y uno de los postulados por el PSOE (Ramón Colom). También necesitaba a los populares para designar a un nuevo presidente de RTVE, ya que la actual jefa de la empresa, Conchi Cascajosa, elegida por sus compañeros del consejo en marzo de 2024 para un periodo de seis meses (y tras dos reuniones convulsas), no fue votada por el Congreso, la Cámara competente para hacerlo. El consejo está profundamente dividido, porque a los tres miembros del PP podían sumarse la expresidenta interina Elena Sánchez y el aupado por Unidas Podemos José Manuel Martín Medem, procedente del PCE (hoy en Sumar).
Ante el bloqueo y la inestabilidad de la compañía, el Ejecutivo idea una fórmula que sortea toda posibilidad de que los de Alberto Núñez Feijóo hagan imposible la renovación, y es la que plasma en el real decreto ley aprobado este martes, que este miércoles publica el BOE. El consejo de administración pasa de diez a 15 miembros, de los cuales 11 serán designados por el Congreso y solo cuatro por el Senado. Todos con dedicación exclusiva y todos por un periodo de seis años, un mandato renovable solo por una vez. Dicho de otro modo, habrá una RTVE de color progresista hasta 2030, más allá de unas elecciones generales que dieran el Ejecutivo a la derecha. Los nuevos vocales deberán ser elegidos por mayoría de dos tercios pero, si esta no se alcanzara, bastaría la mayoría absoluta al cabo de 48 horas. Desaparece el concurso de méritos que se puso en marcha con la última renovación. La propuesta de los consejeros la harán de nuevo los partidos. Sigue sin haber puestos reservados para los sindicatos, que sí introdujo Zapatero en 2006 y eliminó el PP en 2012.
A partir de ahora, el consejo pasará de diez a 15 miembros, de los cuales 11 serán elegidos por el Congreso y los cuatro restantes por el Senado. Se designarán por mayoría de dos tercios en primera vuelta y por mayoría absoluta en segunda ronda
La previsión de ir a una segunda vuelta en la que hiciera falta la mayoría absoluta ya estaba contenida en la vigente regulación de RTVE, pero esa posibilidad se contemplaba en una disposición transitoria y se arbitró para el proceso que se abrió en 2018. La diferencia, por tanto, es que ahora se integra en la misma ley, para esta renovación y para las futuras. Patxi López, portavoz socialista en la Cámara baja, defendió que esa mayoría absoluta es la misma que opera para la elección de la dirección de Telemadrid o de otras televisiones en comunidades gobernadas por el PP.
Pero el verdadero elemento de desbloqueo que se procura el Gobierno es la relación 11-4. Hasta ahora, el Congreso designaba a seis de los diez miembros del consejo de RTVE, y el Senado a los cuatro restantes. El texto impulsado por Transformación Digital —y también por los ministerios de Hacienda y Presidencia— otorga un poder enorme a la Cámara baja: solo ella nombrará a 11 miembros de la nueva cúpula de la corporación. A más del 73%. PSOE y Sumar, junto a todos sus socios de investidura (ERC, PNV, Bildu, BNG, Podemos y Junts), superan la barrera de los 176 diputados. Llegan a los 177, a los que habría que añadir el exministro José Luis Ábalos, desde febrero en el Grupo Mixto, e incluso a la única diputada de Coalición Canaria. Un máximo de 179 síes frente al bloque de 171 parlamentarios de PP, Vox y UPN.
El 'plan C', el administrador provisional único
El Ejecutivo se ha preocupado de atar todos los posibles cabos sueltos. Podía ocurrir que PSOE y Sumar, con sus socios, eligieran a los 11 consejeros que le corresponden al Congreso. Pero el PP podría sentirse tentado a impedir la renovación del órgano, no nombrando a los cuatro miembros de la cúpula de la corporación que le tocan en el Senado. El texto del decreto ley, de 14 páginas y al que tuvo acceso este diario, corta de cuajo toda opción de que el PP se valga de su mayoría absoluta para vetar el relevo del consejo: la modificación del artículo 12.4 de la ley señala que si una de las dos Cámaras no hubiera efectuado "en el plazo legalmente previsto la designación de los consejeros que le correspondan, el consejo de administración se renovará parcialmente, quedando constituido exclusivamente con los nuevos consejeros designados, siempre que se haya alcanzado la renovación de, al menos, los dos tercios del órgano".
Si la Cámara alta no designase a los cuatro vocales que le corresponden, no pasaría nada: el consejo sería renovado con los 11 miembros votados por el Congreso
Esa cláusula de desbloqueo es muy relevante. Los 11 consejeros nombrados por el Congreso ya suponen el 73% del total. Por encima de los dos tercios. Así que si el Senado, controlado por el PP con mayoría absoluta, se plantase y no eligiese a los cuatro miembros que le tocan, no pasaría nada: la cúpula de RTVE se renovaría igualmente. Solo con los 11 vocales votados por la Cámara baja. El PP, por tanto, se queda sin la llave de bloqueo.
El decreto ley recoge otra segunda cláusula de desbloqueo: si ni Congreso ni Senado eligen a los consejeros que les corresponden o no proceden al nombramiento del presidente de la corporación —también se requieren dos tercios en primera vuelta (el sí de 234 diputados) y mayoría absoluta en segunda ronda—, entonces el Gobierno propondrá a un administrador provisional único. Este deberá ser votado por el pleno del Congreso, de nuevo por dos tercios en primera fase y, si no es posible, por mayoría absoluta a las 48 horas. A diferencia de lo que ocurrió con la anterior administradora única, Rosa María Mateo, que gobernó la casa durante tres años, de 2018 a 2021, el texto propuesto por el Ejecutivo dice expresamente que el administrador único tendrá un mandato máximo de tres meses, prorrogable si en ese periodo no se hubiera podido designar a los consejeros o al presidente de la corporación. En julio de 2021, cuando Mateo ya había sido relevada por Pérez Tornero, el Tribunal Constitucional ya determinó que su nombramiento había vulnerado la Carta Magna.
En un periodo máximo de 30 días
El Gobierno está seguro de que pronto tendrá completada la renovación del consejo de RTVE. Fuentes de la Moncloa anticipan a este diario que la semana que viene el Congreso debatirá y convalidará el real decreto ley. Podría esperar un mes, el tope máximo que le permite la Constitución, pero entiende que no le hace falta. Y eso se debe a que las conversaciones con sus socios "están muy avanzadas". "Está muy hablado con ellos", afirman en el núcleo de confianza del presidente. El Ejecutivo pretende cerrar la doble negociación a la vez, la de la convalidación del decreto y la de la nueva composición de la empresa pública.
En el Gobierno no descartan en absoluto que entren en la nueva cúpula formaciones como ERC, Junts o Bildu. El ministro Óscar López garantiza que será el consejo "más plural de la historia"
En ambas cuestiones ve "difícil" llegar a un acuerdo con el PP. Los contactos se habían detenido y en la Moncloa aseguran que se van a "retomar" de manera inmediata, con la voluntad de que se sume, pero el texto está diseñado para que sea apoyado por los aliados parlamentarios. No solo por el juego de mayorías y por la decisión de desproveer al Senado de su capacidad de bloqueo, sino porque la composición 11-4 está pensada para dar entrada a los partidos socios del Gobierno. Fuentes próximas a Sánchez no descartan que en el próximo consejo entren miembros postulados por ERC, Bildu, Podemos o Junts. "Todo se puede hablar", "iremos viendo", coinciden dos ministros de mucho peso. El ministro López defendió en la rueda de prensa que la nueva cúpula será la más "plural de la historia", porque hasta ahora la dirección de la casa estaba formada tradicionalmente por tres fuerzas políticas. Ahora serán más.
El PP tendrá que decidir si se conforma con los cuatro puestos que tiene asegurados por el Senado o bien opta a ganar alguno más en la cuota del Congreso. Un posible reparto, indican fuentes gubernamentales, sería el de nueve consejeros para el PSOE y sus socios y seis en total para el PP. En el reparto en ningún caso entraría Vox ya que, según argumentó López, "representa todo lo contrario" de lo que quiere el Ejecutivo que sea RTVE, que ha de "fomentar valores constitucionales, la igualdad, la lucha contra la violencia de género, todos los valores que significan lo contrario de lo que significa" el partido de ultraderecha.
Se intentará pactar con el PP, pero no es el objetivo del Gobierno: "Estamos intentando agrupar la mayoría de investidura independientemente de PP y Vox"
Por tanto, se intentará el acercamiento con el PP, pero ese no es el objetivo del Gobierno. La propia premura de los plazos ya apunta que no caben negociaciones largas con los populares. "Estamos intentando agrupar la mayoría de investidura independientemente de PP y Vox", señalan con franqueza fuentes muy próximas a Sánchez. El decreto especifica también que las presidencias de Congreso (Francina Armengol, PSOE) y Senado (Pedro Rollán, PP) deberán iniciar el procedimiento para proceder a la elección de los 15 nuevos miembros del consejo de RTVE en el plazo de 15 días naturales desde su entrada en vigor. Un procedimiento que "deberá concluir en el plazo máximo de quince días naturales desde su inicio". Es decir, que la nueva cúpula de la corporación deberá estar elegida en un periodo máximo de 30 días.
Otra prueba de la "colonización" de las instituciones
"Habrá que negociar con todas las formaciones políticas. Confío y deseo que el PP esté dentro", aseveró López. Pero para los populares esta maniobra del Gobierno no es más que otra muestra de lo que califican de "colonización y asalto" de todas las instituciones. Este martes se reunió el comité de dirección del PP y, según fuentes del mismo, no se abordó el decreto aprobado por el Consejo de Ministros ni, por tanto, si seguirán la misma senda iniciada con el Banco de España, negándose a participar de un nuevo modelo de la corporación que les deja apenas los cuatro consejeros designados por la Cámara alta, donde tienen mayoría absoluta y pueden imponerse respecto al resto de los grupos.
Para el PP no era prioritaria la renovación de RTVE y en todo caso perseguía su "despolitización", una "mejora del modelo", al estilo del CGPJ
"Lo veremos más adelante", dicen las fuentes consultadas por El Independiente a la espera tanto de conocer el contenido del "decretazo", que se publica este miércoles en el BOE, y del "posicionamiento de los socios del Gobierno", aunque adelantan su no a la convalidación del texto destacando que "no parece posible facilitar la tramitación".
Lo cierto es que para los populares renovar el consejo de RTVE nunca fue una prioridad y, en todo caso, debía ir acompañado de un proceso de "despolitización". La renovación estaba vinculada a una "mejora del modelo", más independiente, al estilo de la pactada para el CGPJ, que superó su primer reto, no sin enormes dificultades, a la hora de elegir a la persona que ocupase su presidencia, sin pacto previo entre los partidos, que solían llevar cocinada esta elección. Curiosamente, con el actual modelo de RTVE, el PP podría haber exigido incluso un representante más en el consejo de administración al tener los dos grupos parlamentarios mayoritarios en ambas Cámaras.
Sumar escenifica diferencias pero apoya
Nada hace prever que vuelva a haber un gran acuerdo entre los dos grandes partidos del país como el que culminó con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), eso sí, tras cinco años de interinidad y cuatro negociaciones fallidas. Algo se avanzó después de aquello, a principios de julio, en la renovación de la Junta Electoral Central (JEC), también pendiente, pero terminó naufragando más por cuestiones índole interna del PP que por problemas de discrepancias con el Gobierno. A las vacantes abiertas entre los cinco vocales catedráticos de Derecho, en activo, que deben ser designados por el Congreso de los Diputados, se han unido ahora otras dos que compete sortear al CGPJ entre magistrados del Supremo. El órgano encargado de velar por la limpieza de los procesos electorales sigue esperando.
Cuando el Ejecutivo no se movió de la propuesta de Escrivá para el Banco de España, el PP optó por no postular a nadie para el cargo de subgobernador
Pero tras la elección del exministro José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España, todo volvió a estallar por los aires. El PP se negó a proponer un nombre para el cargo de subgobernador —"no quisimos participar en esa farsa y avalar el nombramiento del exministro", dicen en Génova— y no volvieron a reanudarse los contactos entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
Sumar, por su parte ha escenificado algunas discrepancias con el modelo escogido, pero el decreto está más que pactado con los socios de Gobierno. Por eso el portavoz parlamentario de los magentas, Íñigo Errejón, dio una de cal y otra de arena. "Este no era nuestro modelo idóneo. Nosotros hemos propuesto desde el principio un modelo idóneo, un modelo que preferíamos, que queríamos que avanzara más en pluralidad, en independencia y en transparencia. ¿Pero con qué nos hemos topado? Nos hemos topado con la tónica general de esta legislatura y de muchas legislaturas antes, que es que el Partido Popular todo lo que no gobierna lo bloquea", dijo en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces.
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