La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, afronta este miércoles la que puede ser su jornada más complicada en el cargo. Comparece por iniciativa propia ante el pleno del Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre sus políticas en materia de vivienda. Pero ello, tras exigírselo ERC, EH Bildu y el BNG, y mostrarse Sumar dispuesto a apoyarlo para obligarla a ir por la fuerza si no se apresuraba. La Vivienda, junto a los Presupuestos Generales del Estado, se están convirtiendo en un quebradero de cabeza para el Gobierno en estos coletazos finales del año. Pero especialmente para el PSOE, quien encabeza las negociaciones de las nuevas cuentas y tiene las competencias urbanas.
En cuanto a lo segundo, claves para potenciar este asunto en el debate público han sido el fracaso de la proposición de ley de Sumar para regularizar los alquileres, y la manifestación de hace dos semanas promovida en Madrid por el Sindicato de Inquilinos. Una organización que le ha pedido su dimisión o, en su defecto, que sea cesada por Pedro Sánchez. Rodríguez llegará a pleno este miércoles a mediodía. El deseo de Sumar era recuperar esa regularización de los alquileres turísticos a finales de año. Pero este mismo martes, ERC la ha vuelto a impulsar para añadir presión extra. Los magentas se han adherido con su firma, como EH Bildu, Podemos y BNG.
Al margen de los nacionalismos periféricos, Rodríguez está bajo la lupa de Sumar, que amenaza con subir la presión al PSOE si no hay propuestas claras y firmes que vayan en contra de los rentistas y la especulación tras la comparecencia. También de la de Podemos, que desde el Grupo Mixto y sin responsabilidades gubernamentales ha encontrado en este asunto —junto al conflicto israelí— la mejor forma de presión a socialistas y magentas para recuperar el espacio. Y le piden notable efectividad con propuestas que, además, condicionarán la negociación de los Presupuestos. Contrasta con el silencio temporal de Sumar, que espera a Rodríguez antes de pronunciarse.
Estas son la bajada de un 40% en el precio de los alquileres en el caso de renovaciones de contratos o prórrogas, con el ultimo contrato como base. Se debería aplicar en las poblaciones de más de 200.000 habitantes o en aquellos en los que el precio se haya incrementado un 35%. Además, se pide actuar en contra de las empresas de desokupación, declarándolas ilícitas por delitos de odio. Y no permitir la compra de viviendas para su puesta en alquiler. De querer sacar una al mercado, se deberá tener en propiedad al menos durante cuatro años previamente. Con ello se considera que se puede reducir la especulación.
Con el condicionamiento de los Presupuestos a esas fórmulas, Podemos busca que el Gobierno se mueva. Lo hace tomando la iniciativa respecto a Sumar, que, por su papel de socio minoritario del Consejo de Ministros, no puede caer en verborreas salidas de tono. Los magentas son conscientes de ello, con todo. Ahora bien, cualquier interacción de Podemos con el Ejecutivo está condicionada a un voto favorable de las bases. Desde este martes hasta el domingo 27, éstas podrán apoyar que las negociaciones con el PSOE partan de estas propuestas. Si se rechazan, se afrontará de otro modo que no se matiza. Desde Podemos indican que aunque no hay nada incondicional, difícilmente podrán desviarse de los principios expuestos. Porque "las cifras no son aleatorias" dicen de ese 40% de rebaja previsto. "El precio medio se ha encarecido un 35%" hasta el momento.
Podemos amenaza con tumbar los Presupuestos si no se le atiende, como lo hizo en enero con el decreto del subsidio de los mayores de 55 años
Se abren a discusión, pero alertan que no se conformarán con parches. Ponen de ejemplo las complicaciones del Gobierno para aprobar el decreto sobre la reforma del subsidio de desempleo para mayores de 55 años en enero. Lo tumbaron y hasta que no se aceptaron sus demandas Trabajo no lo vio aprobado.
Sumar busca compensar el órdago de Podemos
Sin mencionar a Podemos en ningún momento, Sumar entra en la carrera de presión a los socialistas y complican un pacto, a su vez, de las nuevas cuentas. Aunque en su caso, y al contrario de Podemos, no las vinculan. Este mismo martes, en rueda de prensa, el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, declaró que Rodríguez y el PSOE, en la comparecencia de este miércoles el Gobierno "se puede jugar una gran parte de la legislatura" por la "encrucijada" de la Vivienda. "La ministra no puede llegar con excusas, tiene que llegar con propuestas", dijo Errejón sin dar más detalles.
Fuentes nacionales de Sumar sí amplían la mirada. De no traer nada novedoso Rodríguez, que ayer se reunió junto a Sánchez en Moncloa con entidades y asociaciones del ámbito, se incrementará con creces las críticas al PSOE. Y aunque algunas fuentes no descartan pedirle la dimisión como piden los Inquilinos, otras apaciguan y recalcan que en estos momentos no se está abordando eso. Respecto a la presión, se reconoce internamente que se haría mucho más que en otros casos previos dentro de la convivencia del Gobierno. "Ni con [Fernando Grande-] Marlaska" se llegó al punto al que están dispuestos con Rodríguez, por los acontecimientos de la Valla de Melilla en 2022 y sucesivos relacionados con la inmigración o las deportaciones de asilados saharauis.
Sumar condiciona el éxito de la legislatura a la aplicación de políticas que regulen el precio de la Vivienda
Preguntadas por "las fórmulas", fuentes parlamentarias indican que "aún estamos evaluándolas". "Desde luego, nuestra lectura es que el éxito de este Gobierno está inexorablemente vinculado al éxito de las políticas de vivienda", trasladan a El Independiente. Hay una coincidencia dentro del espacio plurinacional. Y es que si no se palian y resuelven los problemas de la vivienda, "por mucho que sigamos haciendo" a nivel legislativo, "toda una generación se te descuelga". Es decir, al margen de que se perdería el apoyo electoral para un nuevo intento posterior de revalidar el Gobierno de coalición, por descrédito entre el electorado más joven, se dejaría, dicen, quebrados a todo ese conjunto social ciudadano. Sin alternativas y a suerte "de los rentistas".
Está previsto que tras escuchar a la ministra, Errejón valore públicamente la comparecencia y marque posición parlamentaria. Desde el partido definen el papel de Rodríguez este miércoles como "muy duro". "No creemos que haya un solo grupo que diga que todo está bien", ni si quiera el PP o Vox, contemplan internamente en Sumar. Esperan que Rodríguez no recurra de nuevo a apelar a la solidaridad de los propietarios con los inquilinos. O medidas más contundentes más allá del registro obligatorio para combatir el fraude planteado por la ministra.
Encuentro con una treintena de asociaciones
Sánchez y Rodríguez salieron de la reunión de Moncloa con una treintena de asociaciones vinculadas a la Vivienda sin ninguna medida, pero sí con las valoraciones de haber acudido a un encuentro "propositivo". No se personó el Sindicato de Inquilinos de Madrid, patente el distanciamiento con el Gobierno. El mensaje lanzado por la ministra en la previa a su comparecencia es que el Ejecutivo "no va a parar hasta haber solucionado el problema de la vivienda en España". "Vamos a movilizar todos los recursos necesarios, todas las herramientas para consolidar la vivienda como el quinto pilar del Estado de bienestar", dijo en declaraciones posteriores.
Se mostró en disposición de debatir en una mesa de trabajo propuestas como la planteada por Comisiones Obreras (CC.OO.), de creación de un fondo público de inversión para construir un parque de alquiler que tenga un precio asequible. Ante las críticas de Sumar y de Yolanda Díaz, Rodríguez simplemente incidió que se está cumpliendo el programa del Gobierno, lo que aleja a simple vista la posibilidad de nuevos anuncios que se salgan del documento. El bono del alquiler era una de las fórmulas pactadas que ahora para Sumar es insuficiente.
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