La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, compareció este miércoles en el Congreso de los Diputados a petición propia, pero tras ser reclamada por EH Bildu, ERC y BNG vía petición parlamentaria, y también por Sumar, que se abrió a apoyar la solicitud. Los magentas esperaban con expectación la comparecencia, y deseaban que la ministra llegase con propuestas contundentes que fuesen contra "la especulación y los rentistas". No hacerlo, amenazaban, incrementaría la presión contra el PSOE. Este miércoles, desde la tribuna de oradores, Rodríguez propuso el blindaje del parque de vivienda pública. Para que no se suprima la protección después de unos años para comercializarse a precio de mercado.

"Es necesaria" para que el esfuerzo de la administración "sirva al interés general para siempre" y no suceda como en el pasado, que tras la construcción de millones de viviendas, su protección expirase. "Esa desclasificación hace que no podamos contar ahora con ese parque. Es la primera lección aprendida del pasado", dijo Rodriguez. En su intervención, criticada por socios y oposición por la falta de contundencia, ha insistido en la necesidad de que la Ley de Vivienda se desarrolle en aquellas comunidades en manos del PP para comprobar que "funciona" y "funcionará". Descargando con ello parte de responsabilidad. Puso como ejemplo la aplicación en Cataluña. Igualmente, ha lamentado que el problema de la vivienda es endémico, desde "nuestros abuelos a nuestra generación", y que muchas de las iniciativas "en marcha no van a dar efectos inmediatos".

Frente a los reproches de inacción que se han ido replicando las últimas semanas, Rodríguez defendió que hasta la fecha su Ministerio "no ha parado de trabajar" por "garantizar el derecho a un vivienda digna y asequible". La ministra puso en valor la movilización de 20.400 millones de euros en políticas económicas, algo "sin precedentes". También 6.000 millones para préstamos y avales en promoción del alquiler social. Recalcó el índice de referencia de precios del alquiler, la moratoria de desahucios hasta 2028, la supresión de las golden visa o la reforma de la ley de propiedad horizontal que "empodera" a vecinos frente al turismo ilegal. Y junto al anuncio del blindaje, trasladó que todas las viviendas públicas que se construyan con la operación Campamento, en el suroeste de Madrid, serán "100% asequibles".

El PP desechó la invitación de Rodríguez a aplicar la Ley de Vivienda. El diputado navarro Sergio Sayas la definió como "sectaria, intervencionista y doctrinaria", y rechazó cualquier posible intervención en el mercado. "No se dan cuenta que lo que hay que hacer es construir", sugirió como alternativa. Junto a Carlos Hernández, de Vox, recalcaron la "inutilidad" de las políticas del Gobierno en esta materia. Coincidió Hernández con Sumar al catalogar de "bizum para los rentistas" el bono del alquiler.

No podemos seguir diciendo que "la economía va como un cohete" y que 45 metros cuadrados en Málaga cuesten 1.500 euros

Frente a las palabras de los populares, desde el Grupo Plurinacional de Sumar, socios minoritarios del Ejecutivo de coalición, el diputado Alberto Ibáñez instó a los populares, "el partido del pelotazo" urbanístico y "la corrupción" a no dar lecciones sobre Vivienda. Exigió a la ministra ir más allá, "escuchar a la calle" y "regular ya el precio de los alquileres". Ibáñez comparó el discurso calmado de la ministra con la expresión del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la de "brotes verdes". "No podemos seguir diciendo que 'la economía va como un cohete', que las cosas van bien, cuando un piso de 45 metros cuadrados en Málaga cuesta 1.500 euros", ejemplificó. "Nuestra gente, la que sale a la calle, pide soluciones ya. Y no podemos fallar. Porque en ello va la vida de nuestra gente".

El diputado valenciano de Compromís, integrado en Sumar, apreció que el sueldo medio los jóvenes es prácticamente lo que destinan para pagar una vivienda. Y, además, pidió "perdón" públicamente por no haber podido condicionar más en el pasado a los socialistas, desde la Comunidad Valenciana y por parte de otros socios de Sumar vinculados al PSOE a nivel nacional. Concienciándolos del problema, "de que la vivienda es un derecho y no un buen de mercado". Ante la mirada de incredulidad de Rodríguez frente a algunas declaraciones, Ibáñez estimó que tacharían en el PSOE de "radical" la propuesta de topar los alquileres. "Radical fue el rescate a la banca con dinero público, que aún no se ha devuelto", sentenció, exigiendo, además, que se vaya mucho más allá de la simple imposición de "parches" en vivienda. Si no actúa, "durará como un piso de 600 euros en Idealista".

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, apuntó igualmente hacia ese tope al alquiler a la par que afeó al Ejecutivo estar desarrollando "políticas de derechas". Algo que justificó al no encontrarse ya Podemos dentro del Gobierno. "No quieren topar porque trabajan para los rentistas. Los miembros del Gobierno son rentistas, usted tiene tres viviendas", apuntó de la ministra Rodríguez. Con poco tiempo, al tener que repartirlo con el resto de partidos del Grupo Mixto, Belarra trasladó que será el partido que más "ruido" haga. Porque "ningún derecho se ha conquistado pidiendo solidaridad" como Rodríguez hizo, para luego recular, a los propietarios. "Vamos a ser la herramienta que diga basta", expresó Belarra. Podemos condicionó este martes la aprobación de los presupuestos a la rebaja de un 40% del precio del alquiler respecto al contrato anterior, o la imposibilidad de alquilar una vivienda recién comprada hasta cuatro años después, para parar la especulación.