Tras deportar a varias decenas de solicitantes de protección internacional saharauis que permanecían en el aeropuerto de Barajas, el Ministerio del Interior promete ahora evitar la asignación de traductores en dialecto dariya -usado en Marruecos- a los saharauis que reclamen asilo al llegar a España.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que hasta ahora había ignorado la recomendación a este respeto del Defensor del Pueblo, se compromete a asignar intérpretes en hasanía -el dialecto árabe hablado por los saharauis- a los demandantes de asilo y apatridia. "Se han realizado las gestiones oportunas para que
el servicio de intérpretes sea prestado, de manera preferente, en el dialecto de hasanía,
para atender las formalizaciones de protección internacional presentadas", ha respondido escuetamente Interior a la pregunta por escrito formulada hace semanas por el diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego.

"La mínima sensibilidad y empatía política y humana debería llevar al Ministerio de Interior a tener en cuenta la situación que vive el pueblo saharaui por parte de Marruecos: décadas de ocupación, de persecución y de vulneración de sus derechos humanos", alegó Rego en la pregunta por escrito al Gobierno presentada a mediados de septiembre.

El Independiente denunció el mes pasado que, en un momento de incremento de saharauis que llegan al aeropuerto madrileño de Barajas y solicitan protección internacional, el departamento que dirige Grande-Marlaska seguía eludiendo la recomendación del Defensor y en las últimas semanas había asignado a los recién llegados intérpretes de origen marroquí y en dariya. Desde septiembre la mayoría de las solicitudes de protección internacional presentadas por saharauis han sido denegadas tras procedimientos exprés y entre denuncias del trabajo de los traductores marroquíes o la condiciones insalubres de las salas de inadmitidos de Barajas.

Una recomendación dictada hace años

En una resolución dirigida a la dirección general de Política Interior del ministerio del Interior, Francisco Fernández Marugán, que ejerció como Defensor del Pueblo entre 2017 y 2021 hasta el nombramiento de Ángel Gabilondo, recomendó que “en las solicitudes de protección internacional presentadas en frontera por saharauis, se solicite la asistencia de intérpretes de hasanía y, en todo caso, se evite la asistencia de intérpretes marroquíes”.

“La situación de conflicto existente entre el Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos no necesita mayor explicación. Tampoco es preciso insistir en la importancia de la entrevista en el caso de las solicitudes en frontera, que es todavía más relevante cuando los solicitantes no viajan con documentación para acreditar sus manifestaciones. En este contexto resulta de especial importancia crear un clima de confianza para facilitar el relato, lo que, sin duda, no se produce si los intérpretes son nacionales del país con el que los solicitantes mantienen un enfrentamiento”, explica Fernández Marugán.

“En los casos de conflictos abiertos entre países, no parece razonable ni conveniente que en el marco de un expediente de asilo se contrate la prestación de servicios de personas que por su nacionalidad provoquen sensaciones de incomodidad o enemistad en el solicitante o le induzcan a cuestionar su neutralidad, considerando el enfrentamiento de los respectivos países de origen”, comenta el Defensor del Pueblo. Así, por ejemplo, no parecería oportuno ni garantista entregar los testimonios de solicitantes ucranianos a traductores de origen ruso.

A pesar de la resolución, Interior sigue aplicando la misma práctica en perjuicio de los solicitantes saharauis, especialmente vulnerables tras, en muchos de los casos, sufrir violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, la ex provincia española ocupada desde 1976 por el régimen alauí.

Fuentes de Interior rehusan en su momento explicar a este diario las razones que explican su negativa a aplicar la recomendación. La recomendación, tal y como reza en el Defensor del Pueblo, fue rechazada.  “Por motivos de confidencialidad y para garantizar la identidad y protección de los solicitantes, no es posible ofrecer información sobre expedientes tramitados por la Oficina de Asilo y Refugio”, alegan desde el gabinete de prensa del departamento que dirige Grande-Marlaska a pesar de que este periódico no había solicitado en ningún momento datos ni cifras que pudieran comprometer la confidencialidad de las solicitudes.