El Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación al que se aferra el Gobierno para defender su cruzada contra lo que califican de "pseudomedios", "tabloides digitales" y, en general, "máquina del fango", también dedica un capítulo a los medios de comunicación de titularidad pública, a los que aplica los mismos principios generales de transparencia y pluralidad que al conjunto del mercado informativo, pero, también, otros específicos. La normativa europea pone el acento, precisamente, en los mecanismos y criterios para el nombramiento de los consejos de administración, justo lo que el decretazo del Gobierno presentado este martes por el ministro de Transformación Digital, Óscar López, modifica para asegurarse Moncloa el control de este órgano con el concurso exclusivo de sus socios parlamentarios.

El artículo 5 del reglamento europeo señala que los estados miembros "se asegurarán de que los procedimientos para el nombramiento y la destitución del directivo al frente de la gestión o de los miembros del consejo de administración de los prestadores del servicio público de medios de comunicación tengan por objeto garantizar la independencia".

Cabe recordar que el nuevo decreto ley arrumba, por un lado, el actual sistema de concurso de méritos como mecanismo para garantizar la idoneidad de los miembros del Consejo de RTVE; por otro, consolida el cambio de la mayoría parlamentaria necesaria pasando de tres quintos a mayoría absoluta y, en tercer lugar, da poderes casi plenipotenciarios al presidente de ese órgano. Tres reformas que cambian el modelo por completo y han recibido el rechazo frontal del Consejo de Informativos del Ente Público.

Alerta Europa -en su momento con la mente puesta en Hungría y Polonia- sobre la existencia de "casos en los que las reformas legislativas han aumentado el control gubernamental de los medios de comunicación de servicio público, también en lo que respecta al nombramiento de las personas que ejerzan la dirección del consejo de administración". Asimismo, la "inexistencia de salvaguardias o la insuficiencia de éstas", puede generar situaciones "de interferencia gubernamental en el nombramiento o destitución de sus gestores, o ajustes arbitrarios o financiación inestable para los prestadores del servicio público de medios de comunicación".

"Sin injerencias gubernamentales, políticas o de intereses económicos o privados"

También recuerda cómo el Consejo de Europa, pide se apliquen "salvaguardas legales y eficaces para el funcionamiento independiente de los prestadores del servicio público de medios de comunicación en toda la Unión, sin injerencias gubernamentales, políticas o de intereses económicos o privados". En definitiva, como principios generales, la Unión aboga por la "protección de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación" como pilares de la democracia y del Estado de Derecho; asimismo defiende que la "independencia editorial es especialmente importante para los prestadores de servicios de medios de comunicación que ofrecen noticias y contenidos sobre asuntos de actualidad, dado el papel social de éstos como bien público".

Los populares se han dirigido a la Comisión Europea denunciando el, a su juicio, "asalto político a la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en España" e interpelan a ésta respecto a qué medidas piensa tomar para evitar dicho asalto". Precisamente es la Comisión, según reza el texto de la UE, la que "tiene el deber de velar por que se aplique el presente Reglamento, de conformidad con su responsabilidad".

También el último informe sobre la situación del Estado de Derecho en España alude a la situación del Ente Público haciendo un somero repaso por todas las vicisitudes pasadas desde septiembre de 2022, cuando se forzó la dimisión de José Manuel Tornero, y recuerda explícitamente de que para la renovación del Consejo "es necesaria una mayoría de 3/5 en el Congreso". Además, "el indicador del Media Pluralism Monitor sobre la independencia de los medios de comunicación públicos muestra un alto riesgo (67 por ciento) en 2024", aunque también alude a la utilización "con fines partidistas" de medios públicos de ámbito autonómico y local.

Feijóo no aclara si nombrarán los cuatro consejeros que corresponden al Senado, aunque lo califica de "limosna"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que esta última maniobra responde a un intento del Ejecutivo de Pedro Sánchez "por esconder los escándalos. Necesitan tener medios de comunicación que dirijan directamente, sus socios lo saben y se están aprovechando", en alusión a la cuota que éstos tendrán en el nuevo Consejo al ampliarse a cinco miembros más. Parafraseando al propio jefe del Ejecutivo, le acusó ayer en una comparecencia pública de querer convertir a RTVE en un "pseudomedio" y dijo que el país está al borde "del mayor riesgo democrático" de su historia reciente. No quiso aclarar, en todo caso, qué hará el PP respecto a la "limosna" de los cuatro consejeros que le corresponden al Senado, -cámara "que el Gobierno quiere cerrar", dijo- donde los populares tienen mayoría absoluta.

El objetivo del primer partido de la oposición es "intentar parar la reforma poniéndola en conocimiento de la UE", tal y como hizo ayer la portavoz de los populares españoles en Estrasburgo, Dolors Montserrat, en una carta remitida la Comisión. Creen que la UE puede actuar como hizo en "supuestos parecidos", aludiendo directamente al caso de Polonia con el anterior presidente, el ultra Aleksander Kaczyński.