La posibilidad de un acuerdo para una nueva senda de estabilidad continúa en el aire y sin fecha. Y la opción de que sea factible el siguiente paso, los Presupuestos Generales del Estado para 2025, todavía no está al alcance de la mano del Gobierno. Las conversaciones avanzan, la pieza maestra es y será Junts, pero el Ejecutivo sabe ya que tendrá que vencer una resistencia cada vez más potente de quien hasta hace un año formaba parte del Ejecutivo: Podemos. El partido morado sube el precio para el apoyo de sus cuatro diputados a las cuentas públicas y busca reforzarse acudiendo a las bases. Un escalón más que a su vez empuja a quien sí comparte coalición con el PSOE, Sumar, cada vez más debilitado y deseoso de buscar perfil político. La Moncloa reconoce su preocupación por el rumbo de Podemos, igual que manifiesta su "incomprensión" y malestar por la decisión del grupo de Yolanda Díaz de aliarse con el PP en una iniciativa sobre el envío de armas al extranjero.

La tensión de la formación de Ione Belarra con el Gobierno ha ido a más en las últimas semanas. El lunes pasado, la secretaria general dio un salto mayor: anunció la consulta a las bases de Podemos para preguntarles si quieren que la dirección condicione el apoyo a los Presupuestos de 2025 a dos cuestiones. Uno, la ruptura "inmediata" de relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, "incluido un embargo total de armas".

Podemos pide que se bajen los alquileres de los nuevos contratos un 40%, que se prohíba la compra de vivienda para quienes no residan en ella y que se acabe la "impunidad" de empresas como Desokupa

Dos, que el Gobierno baje por ley los alquileres de los nuevos contratos un 40%, tomando como referencia el último contrato ligado a ese inmueble, tanto en los municipios de más de 200.000 habitantes como donde el alquiler haya subido más de un 35% (2015-2022), según el sistema estatal de referencia de precios, y también para las renovaciones o prórrogas de contratos actualmente vigentes. Si esa vivienda no se hubiera sacado nunca en alquiler, el precio sería el 60% del alquiler mediano reflejado en el índice estatal de precios de referencia. También quieren los morados que se prohíba la compra de vivienda a quienes no vayan a vivir en ella —los propietarios estarían obligados a residir en esa propiedad cuatro años, pudiendo alquilarla después, aunque se abren a contemplar excepciones por causas "sobrevenidas"— y que se acabe con la "impunidad de las empresas de desokupación". Para ello propone modificar el Código Penal para que se consideren delitos de odio conductas "violentas, de coacción e intimidación" de compañías tipo Desokupa.

Podemos ha insistido esta semana en que "va en serio", en que sus dos condiciones son firmes y que no echará marcha atrás si los inscritos, que tienen de plazo hasta el domingo para votar, respaldan la propuesta. La dirección no oculta que busca el refrendo de sus bases para "cargarse de fuerza y razones en la negociación con el PSOE".

"Saben que no es posible"

En la Moncloa ven con inquietud la última decisión de Podemos. "No nos preocupan tanto que pongan unas metas altas o que trasladen líneas rojas como que lo sometan a la consideración de las bases. Es que quién de los suyos va a decir que no a esa pregunta que hacen. Pero es que la consulta les dificulta dar marcha atrás", señalan fuentes muy próximas al presidente, Pedro Sánchez. En cualquier caso, en el Ejecutivo no ven "definitivo" el mandato que den los inscritos a la cúpula morada. "Una consulta se cambia con otra consulta", dicen. Es decir, que tras la negociación, Belarra puede volver a preguntar a los suyos si aquello acordado con los socialistas lo aceptan.

En el Gobierno avisan de que no se puede "obligar a un propietario a bajar el alquiler en un porcentaje", pero Podemos entiende que no hay una prohibición expresa y por tanto todo se puede regular

Pero además concurre otro elemento. Las exigencias de Podemos, recalcan en la Moncloa, son "inviables". Respecto a la condición de la vivienda, argumentan que los morados "saben que no es posible". Tanto en Hacienda como en Vivienda explican que ya cuando se estuvo negociando la ley de vivienda —aprobada en mayo de 2023 después de tres años de durísimos tiras y aflojas entre los socios— se analizaron muchas opciones, y quedó claro que "no se puede obligar a un propietario a bajar el alquiler en un porcentaje" por el respeto al derecho constitucional a la propiedad privada. Los morados replican que sí es posible regular precios, como se hizo con las mascarillas o como de hecho prevé la ley de vivienda para las zonas declaradas tensionadas, así que dado que no hay "una prohibición expresa, todo se puede regular": "El PSOE siempre dice primero que no se puede al principio, y al final acaba diciendo que sí".

Pero en el Ejecutivo aportan otra razón para el no: el marco competencial, porque gran parte de la regulación de vivienda recae en las comunidades autónomas, no en el Estado. De hecho, la declaración de zonas tensionadas —la fórmula que permite imponer topes de precios— depende de la voluntad de los gobiernos autonómicos, y todos los del PP se han negado en bloque a hacerlo, por lo que la ley no se ha desplegado en ese punto apenas. No ha servido de nada el apremio de la titular de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, hacia las CCAA que llama "insumisas", porque para el PP esa es una medida intervencionista e inútil. Para la formación de Belarra, que por ejemplo se ampliaran de tres a cinco años la duración de los contratos residenciales se cambió en una ley estatal, por lo que el Gobierno central "sí tiene competencias e instrumentos".

Hacienda y Vivienda señalan que medidas intervencionistas no serían apoyadas por Junts y PNV. Los de Belarra responden que no es su responsabilidad articular el diálogo con los grupos

"Hay ansiedad por ser protagonistas en ese espacio político por la vivienda, y no lo decimos solo por Podemos", analizan en el corazón del Ejecutivo, refiriéndose también a Sumar, que está mostrando a las claras su desacuerdo con la gestión de Rodríguez en su departamento, hasta el punto de que el socio minoritario de la coalición amagó con pedir su dimisión tras escucharla durante su comparecencia de este miércoles en el pleno del Congreso. La ministra no ha respondido públicamente a las condiciones de Podemos: la propuesta que llevó al hemiciclo es blindar el parque de vivienda y los suelos públicos para siempre. Planteamientos que no convencieron a la bancada de la izquierda del PSOE.

Fuentes de Vivienda señalan a este diario que la ministra analizará con su equipo las peticiones de Podemos, aunque como Hacienda aprecian más que dificultades técnicas. Se agregan los reparos políticos, porque dan por hecho ambos departamentos que medidas profundamente intervencionistas del mercado como las que ponen sobre la mesa los morados jamás podrán ser aceptadas por formaciones de derechas como PNV y Junts, socios imprescindibles del Ejecutivo para sacar adelante cualquier ley del Ejecutivo en el momento en que se desmarcan, como es el caso, PP y Vox. En Podemos responden que no es su responsabilidad "articular la negociación con los grupos". "Eso es tarea del Gobierno, y nosotros no estamos en él. Si el Gobierno negocia con otros grupos, esos querrán que salgan los Presupuestos y pondrán de su parte", explican en el equipo de Belarra.

"No ha habido transacciones después del 7 de octubre"

El Ejecutivo tampoco contempla la ruptura con Israel de las relaciones comerciales y, sobre todo, diplomáticas. Sumar, desde dentro del Gabinete, también ha presionado a los socialistas a ser más exigentes con Benjamin Netanyahu, pero Sánchez siempre ha negado a dar por liquidados los lazos con el país hebreo. Podemos exige un "embargo total de armas". Y eso incluye varias decisiones: detener las exportaciones autorizadas antes de los atentados de Hamás del 7 de octubre y parar la compra de armas a Israel y a las empresas israelíes. El Gobierno había sostenido hasta ahora que desde el 7 de octubre de 2023 no se han autorizado nuevas exportaciones (ventas) de armamento a Israel, pero lo que sí se seguía entregando es material bélico con licencia anterior a esa fecha.

Podemos demanda un "embargo total de armas", de exportaciones y de compras y que se active la suspensión y revocación de autorizaciones

El pasado martes, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, remitió una carta a la titular de Defensa, Margarita Robles, para pedirle la suspensión de cualquier contrato de compraventa de armas en curso con empresas israelíes. Lo que respondió Robles es que "no ha habido transacciones con posterioridad al 7 de octubre", según indican a este periódico fuentes de Defensa. Es decir, que se ha congelado no solo la venta de armas, sino la adquisición de productos israelíes, un punto importante dado que el país hebreo es un importante proveedor de armamento militar, como destacaba el informe número 65, Bu$iness as usual, del Centro Delàs de Estudios por la Paz, que compilaba las compras hasta mayo de este año. Los de Belarra exigen que se active el artículo 8 de la ley 53/2007, sobre control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, para que se puedan suspender o revocar las autorizaciones de transferencia de material de defensa, dado que hay una evidente "violación de los derechos humanos": no se puede dudar, recuerdan, del "genocidio" que aplica Netanyahu en Gaza.

La impresión que tienen en la Moncloa es que la formación morada se pone la venda antes de la herida. "Se equivocan de diagnóstico. Prevén que los Presupuestos pueden no salir y lo que hacen es ponerse a la cabeza de la manifestación. Pero sí esperamos sacar adelante las cuentas del año que viene", explican.

Los socialistas creen que los morados "se equivocan de diagnóstico", porque dan por hecho que los Presupuestos no saldrán adelante

En Podemos insisten en que sus condiciones son "de mínimos" y no son ningún postureo, porque su insistencia en temas como vivienda e Israel son bien conocidas. De lo que se trata ahora, cuentan, es de "poner el precio ahora" dado que los votos de sus cuatro diputados son imprescindibles para el Ejecutivo. Recuerdan los morados que es mejor no subestimarlos porque en anteriores negociaciones consiguieron arrancar importantes cesiones al Gobierno: en enero tumbaron el decreto ley de subsidio al desempleo y obligaron a Yolanda Díaz a pactarlo y rehacerlo, luego demandaron la prórroga del escudo social (para mantener el bono social eléctrico), e introdujeron enmiendas a la ley de paridad para que no se pusiera un tope a la presencia de mujeres que se aceptaron.

Duro careo Belarra-Montero

Hacienda calcula que si logra cerrar el acuerdo presupuestario con el resto de socios, Podemos no podrá hacerlo descarrilar. La pata fundamental será Junts, el aliado más inestable del Ejecutivo, el más imprevisible. Así que entiende que si convence a Carles Puigdemont, el resto de apoyos llegarán. Podemos, aseguran en la dirección, no funciona así. "Si quieren probar a hacer eso, está en su mano. Nosotros no somos socios del Gobierno. Apoyamos la investidura de Sánchez gratis. Pero ahora la responsabilidad de tener unos nuevos Presupuestos es del Gobierno, no nuestra", avisan. "No nos cabe en la cabeza, no contemplamos que los demás grupos apoyen y ellos no. Confiamos en el sentido común de la izquierda", replican mientras en el núcleo duro del presidente. Otras fuentes del Ejecutivo, sin embargo, sí creen que Podemos va muy en serio: "No van a apoyar Presupuestos ni nada. No pararán hasta cargarse a Pedro y a Yolanda".

Belarra pregunta a Montero si el Ejecutivo corregirá "su giro a la derecha", dando por hecho que Sumar no presiona. "Lo único que hacen es alimentar el discurso de la derecha", replica la vicepresidenta

La sesión de control de este miércoles en el Congreso dio la medida de la tensión entre Podemos y el Ejecutivo. Belarra preguntó a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, si Sánchez tiene la "intención de corregir su giro a la derecha". "Después de un año de un Gobierno en el que ya solo mandan ustedes, en el que no hay ese ruido que tanto les molestaba que es el trabajo de Podemos, la realidad es que solo saben hacer medidas que podría hacer perfectamente el PP", le reprochó, dejando claro que Sumar no tira de los socialistas hacia la izquierda.

Montero advirtió a la líder de los morados de que con sus posiciones "lo único que hacen es hacerle el juego a la derecha, alimentar el discurso de la derecha". No pueden erigirse, les dijo, como "los únicos legítimos para repartir carnés de izquierdas". Su discurso, siguió la número dos del Ejecutivo, "no pega" porque en la pasada legislatura gobernaron con los socialistas y ahora "tratan de acaparar un foco o atención que no se sostiene". La vicepresidenta recordó a Belarra que quien es "adversario" de Podemos no es el PSOE, sino la derecha. Después, la exministra reclamó directamente la comparecencia de Sánchez tras quedarse José Luis Ábalos un paso más cerca de su imputación.

Pero este miércoles se visibilizó también la fricción dentro del Gobierno. Entre PSOE y Sumar. La víspera, los de Díaz se abstuvieron en una propuesta de los populares sobre el envío de armas al extranjero, mientras que el PP apoyó una iniciativa de Sumar sobre cláusulas abusivas en las hipotecas. Montero tachó de "incomprensible" que su socio de coalición propiciara una derrota parlamentaria del PSOE el martes, aunque interpretó que esa decisión tiene que ver "más con el espacio de la izquierda que con las relaciones con los socialistas". Venía a decir que no hay grietas en el Ejecutivo, sino que Sumar está empujada a desmarcarse para competir con Podemos.

Montero encuentra "incomprensible" que Sumar acabara absteniéndose en una proposición de ley del PP, y lo atribuye a su pugna a muerte con Podemos

La vicepresidenta desveló también que cuando primero se filtró el apoyo de Sumar a la proposición de ley del PP, el socio le trasladó que no era cierto, aunque luego se comprobó que sí. No se puede estar al tiempo en el Gobierno y en la oposición, "a setas o a Rolex", reprochó por su parte el portavoz parlamentario socialista, Patxi López.

En Sumar, mientras, aseguraron no comprender el malestar de los socialistas. "Nosotros ideológicamente no nos hemos movido ni un pelo —sostuvo ante los periodistas el portavoz del grupo, Íñigo Errejón—. Llevamos muchos meses insistiendo con la agenda social. Nosotros no nos hemos movido. Es la agenda social la que avanza". El diputado defendió que la iniciativa de los populares es buena, aunque necesite enmiendas, y mostró su satisfacción por que el PP votara sí a la suya, informa EFE.

Nosotros ideológicamente no nos hemos movido ni un pelo. Llevamos muchos meses insistiendo con la agenda social", se justifica Íñigo Errejón

Los socios de izquierdas dentro y fuera del Gobierno pugnan entre sí y complican la gobernabilidad, de suyo ya difícil, a Sánchez. El gran hueso sigue siendo Junts, pero Podemos no está dispuesto a acallar su voz, y Sumar siente que ha de sacar la cabeza cada cierto tiempo para no verse sepultada.